Junts per Catalunya pone en jaque los primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez que tienen que recibir el visto bueno del Congreso durante el mes de enero y que tienen que ver con el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en materia de justicia, función pública y conciliación y subsidios de empleo para poder tener acceso al cuarto pago de los fondos de recuperación europeos. Los votos del partido de Carles Puigdemont son clave para la convalidación de la norma, pero su portavoz en Madrid, Míriam Nogueras, ya ha advertido vía redes sociales que sus siete diputados apretarán el botón del no. Un anuncio que, si se consuma, puede suponer la primera quiebra de la mayoría que permitió la investidura de Sánchez y el primer episodio en que se vean enturbiadas las relaciones entre socialistas y posconvergentes en pleno proceso para aprobar la ley de amnistía.
De hecho, el principal argumento que esgrimen desde Junts para votar en contra tanto del decreto 6/2023 -relacionado con mecanismos del plan de recuperación y resiliencia- como del 7/2023 -el de los subsidios de empleo y medidas de conciliación- aprobados el pasado 19 de diciembre es que el primero de ellos «pone en riesgo la aplicación» de la amnistía. El artículo de la discordia es el 43 bis, que recoge que un tribunal pueda dejar en suspense la aplicación de una ley en un asunto concreto si plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), recurso del que podría echar mano el Tribunal Supremo tanto a la hora de aplicar la amnistía a los condenados del ‘procés’ como al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otras causas vinculadas si cree que el texto es incompatible con el derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión puede tardar un par de años en resolver la cuestión.
El planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional también suspende el procedimiento sobre el que un tribunal consulta sobre cómo debe aplicar una normativa comunitaria que le genera dudas. La Sala Segunda también puede dirigirse al órgano de garantías si duda de la constitucionalidad de la ley de amnistía.
ERC no ve «ninguna novedad»
Sin embargo, ERC, cuyos votos también son necesarios para Sánchez y que también están a expensas de la exoneración de las causas del ‘procés’, argumentan que no hay «ninguna novedad» porque lo que recoge el decreto «ya existe ahora». Es decir, que ya es habitual que se paralice la aplicación de una ley cuando se está a la espera de respuesta de una duda planteada al TJUE. Los republicanos están estudiando el decreto para decidir el sentido de su voto, pero a priori no ven objeciones y aseguran que está «todo controlado».
Tanto la ley orgánica del poder judicial como la ley de enjuiciamiento criminal ya prevén que la consulta realizada por un juez suspenda el procedimiento sobre el que se hace la consulta al TJUE, por lo que la inclusión de las cuestiones prejudiciales en el real decreto no supone cambio alguno, lo que sí hace, al establecer un plazo de 10 días para dar traslado a las partes y consultar su parecer, es asemejar su tramitación al de las cuestiones de inconstitucionalidad ante el Constitucional.
Las cuestiones prejudiciales se pueden plantear si los jueces y tribunales que deben aplicar la ley de amnistía a casos bajo su jurisdicción tienen dudas sobre si se ajusta al derecho de la Unión. ‘A priori’ se presume que el perdón de las acusaciones de terrorismo y de la malversación de caudales puede resultar más problemático, ya que la Unión Europea ha sido muy estricta con la persecución de ambos tipos de delitos, hecho que puede tener un especial en impacto en las causas de Tsunami Democràtic o las de los CDR.
Otros motivos más allá de la amnistía
Con estos antecedentes en la legislación vigente, la misma Nogueras ya apunta que hay más motivos detrás de su voto en contra a los dos decretos del Gobierno más allá de ese punto sobre las cuestiones prejudiciales. Junts ha dejado caer su aviso justo una semana después de que Sánchez y el president Pere Aragonès exhibieran sintonía en la reunión de la semana pasada para reactivar la mesa de diálogo, impulsar una ley del plurilingüismo y la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital, además de poner en marcha el traspaso de Rodalies y de estar dispuestos a abrir el melón de la reforma de la financiación.
Según la portavoz de los posconvergentes, esta suerte de leyes ómnibus aprobadas por la Moncloa colisionan con competencias de Catalunya en distintas materias y no garantizan financiación suficiente en el ámbito del servicio público de justicia. «La idea de acordar ‘conjuntamente’ lo que le corresponde a la Generalitat de Catalunya, que no tienen el resto de CCAA, da siempre el mismo resultado: infrafinanciación«, sostiene, además de definir los decretos como una «macedonia» de asuntos que dificultan el posicionamiento político. Un movimiento, el de Junts, que augura un inicio de 2024 nada plácido para el PSOE en el Congreso.
