El Consejo de Ministros aprobará este miércoles la prórroga parcial del decreto anticrisis para mantenerlo en 2024, pero el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar está ultimando las medidas que entrarán en este escuso social en una carrera de negociaciones a contrarreloj. A la espera de conocer con exactitud las medidas, hay iniciativas con más probabilidad que otras para quedarse vigentes a partir del próximo lunes 1 de enero, así como otras ya se han anunciado.
Este escudo social fue diseñado para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, y ahora se mantendrá parcialmente con medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios.
El nuevo paquete de medidas anticrisis que se aprobará este miércoles, en el último Consejo de Ministros del año, será el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de los precios, con una partida que ya asciende a los 47.000 millones de euros.
Según fuentes de Sumar, este nuevo decreto prorrogará, en el ámbito laboral, las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, como las ayudas directas o por ERTE. Así como también se prorrogará la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables, seguirá estando prohibido el corte de suministros esenciales y el aumento de los descuentos del bono social eléctrico.
Para ser más precisos, Sánchez ya anticipó que la bajada del IVA de los alimentos se prolongará hasta, al menos, el 30 de junio. Así, alimentos como el pan, los huevos, la fruta y las verduras tendrán un tipo del 0%, mientras que el aceite y las pastas alimenticias tendrán un tipo reducido hasta el 5%. Quedarán fuera de esta bajada alimentos como la carne o el pescado, a pesar de la presión de algunas organizaciones como la OCU.
Por otra parte, el Ejecutivo central y EH Bildu han acordado este martes prohibición de los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, así como la prohibición de los cortes de suministros básicos de luz, agua y gas, y la extensión de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.
Asimismo, desde Sumar también confirman la prórroga de otras medidas como la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la prohibición de despedir por la crisis energética a las empresas que han recibido ayudas directas.
En lo que respecta a las medidas que afecta a las hipotecas, se elevará el umbral para que unas 100.000 familias con rentas de hasta 37.800 euros anuales puedan acceder a las medidas de alivio hipotecario y se conservará la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo. La novedad es que, ahora también, se añadirán además las conversiones de tipo variable a tipo mixto. Además, recientemente Sánchez anunciaba un aumento del bono de 250 euros para el alquiler de los jóvenes.
Las medidas que están en el aire
Por otra parte, hay otras iniciativas cuya continuidad está en el aire. No se sabe si el Gobierno seguirá subvencionando el transporte urbano y los trenes de cercanías y media distancia, aunque en el Plan Presupuestario que se envió a Bruselas se incluyen 760 millones para 2024 destinados a “ayudas directas a comunidades autónomas y entidades locales para abaratar el billete de transporte a usuarios habituales”. Así que es probable que esta medida se mantenga, al menos, durante medio año más.
En el ámbito energético, se podría conservar tanto la bajada del impuesto eléctrico (que ahora está en el 0,5% pero que podría volver al 5,11%) como la del IVA (que pasaría del 5% al 21%) en la luz y el gas para impedir que las facturas se disparen de nuevo. Sin embargo, se recuperaría el Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica y queda pendiente saber si se congelará el precio de la bombona de butano. En cambio, parece que se eliminarán del ‘escudo social’ las ayudas sectoriales, como el descuento en el combustible de transportistas y agricultores.
Fin del mecanismo ibérico
Por último, también decaerá la llamada ‘excepción ibérica’, que ha permitido a España y Portugal desvincular el precio de la electricidad del precio del gas natural.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, dan por hecho que la medida decaerá cuando expire al finalizar diciembre, tras señalar que España ya contaba con que la prórroga negociada con Bruselas antes de verano fuera la última, teniendo en cuenta que el instrumento lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero.
La denominada ‘excepción ibérica’ fue aprobada en junio de 2022 y se extendió hasta finales de 2023 tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea que prolongaba siete meses la medida.
