Economía no pidió a Hacienda incluir las 21 estaciones de ITV en la sociedad pública

La cuestión de fondo reside en quién debía supervisar que esas instalaciones se incorporaran a la entidad pública. Según explicaron fuentes conocedoras de la situación de las ITV durante la anterior Administración autonómica, esta no era una acción que tuviera que llevar a cabo la dirección general de Sitval, en manos en aquel momento de Josep Albert (Compromís). Ese poder de adscribirlas –apuntan otras fuentes y se especifica en una comunicación enviada el febrero pasado a la que fuera patronal de las empresas privadas de la ITV, Aecova-ITV– era de la Conselleria de Hacienda (en manos del PSPV a través de Arcadi España) como departamento competente en materia de patrimonio. Sin embargo, para que esto se diera, tenía que haber una propuesta previa de alta de los bienes revertidos impulsada desde la Conselleria de Economía Sostenible, en manos de Compromís con Rafa Climent como máximo responsable.

En concreto, según el decreto ley que autorizaba la creación de Sitval, del 22 de abril de 2022, dentro de esta conselleria la competencia de supervisar y «realizar las actuaciones oportunas destinadas a la recepción de las instalaciones» era del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dirigido en aquel momento por Júlia Company (Compromís). Es decir, que, según esta resolución, dentro de la conselleria debía ser este órgano el que hiciera esa petición de incorporación.

Sin embargo, desde la actual Administración aseguran que esta propuesta no se hizo. Lo señalan así fuentes del PSPV que estaban vinculadas en aquel momento a Patrimonio, que aseguran que este tema –a diferencia del que tenía que ver con la homogenización salarial de los trabajadores– «nunca se llegó a tratar» en las conversaciones entre las distintas consellerias.

Sin esa propuesta, por tanto, los bienes no se pudieron adscribir a Sitval desde un principio, una situación con la que se llegaría en mayo a unas elecciones autonómicas en el que el Botànic fue sustituido en el Gobierno por PP y Vox. Fuentes de la actual Conselleria de Industria aseguraron a este diario que no se dieron cuenta de ello al asumir la gestión porque era un procedimiento que «se daba por hecho» y que el director general de la sociedad pública, Javier López Mora, ha dado ya orden de regularizar la situación de las instalaciones para evitar futuros inconvenientes.

El TSJ anula la orden de Climent que alargó servicios en las estaciones

Golpe jurídico a una de las decisiones tomadas por el exconseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, en el proceso de reversión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la autonomía. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido estimar parcialmente el recurso de una de las concesionarias del servicio, Valenciana de Servicios ITV S.A., que criticaba la resolución del representante del Botànic para que fueran estas empresas las que garantizaran –una vez terminado su contrato– que las instalaciones de la ITV contaran con los suministros y el personal suficiente para que el servicio funcionara. Sin embargo, por falta de concreción sobre el coste de esta decisión, también ha eximido a la Administración de tener que abonar cualquier tipo de importe compensatorio a la compañía demandante.

En el documento jurídico, fechado el pasado 22 de noviembre, el tribunal anula la orden del pasado 16 de diciembre de 2022 de Climent al considerar que es «contraria al ordenamiento legal aplicable». En concreto, esta directriz de finales del año pasado señalaba que las empresas debían garantizar que «las estaciones de la ITV afectadas al servicio funcionen perfectamente al día siguiente a la reversión», teniendo así cubiertos elementos como un personal suficiente para ofrecer la inspección, suministros como el agua y la luz contratados o el servicio de citas digitales y telefónicas activo. Todo ello hasta el 30 de junio, es decir, casi cuatro meses después del fin de la concesión.

Sin embargo, el TSJCV afirma que ese tipo de decisiones por parte de la Administración «cuentan con un ámbito temporal de aplicación que coincide con el de la duración del contrato». O, lo que es lo mismo, que una vez se había completado el retorno del servicio a manos públicas no se podía obligar a las concesionarias a tener que garantizar esos componentes necesarios para el funcionamiento correcto de la inspección.

Sin compensaciones

El tribunal, a pesar de reconocer ese incumplimiento, considera en su sentencia que se deba producir una contraprestación económica por estas obligaciones. No en vano, el órgano judicial manifiesta que la firma demandante no ha explicado «nada» sobre «las cantidades que haya abonado, ingresos percibidos, balance entre ambos, perjuicios causados a Valenciana de Servicios S.A….». Es decir que existe «una indefinición excesiva» sobre el coste de esta decisión y que para haber autorizado a una compensación la concesionaria debía haber dotado al tribunal «de muchos más presupuestos fácticos y probatorios».