Canarias afronta este jueves su primera oportunidad de forzar medidas urgentes por parte del Estado y del resto de las comunidades autónomas para propiciar un cambio significativo en la actitud y el posicionamiento de todas las partes en materia de política migratoria, y en concreto respecto a la posibilidad de acordar un sistema estable estatal de acogida de menores migrantes no acompañados. Será en el marco de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que hace cinco años que no se celebra y que reúne a representantes del Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, con la titular del departamento a la cabeza, Elma Saiz, y de las consejerías competentes de los gobiernos regionales. Están convocados también los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, va a presentar una serie de reclamaciones que superan el propio orden del día de la convocatoria, y va a poner el foco en la necesidad urgente de un nuevo reparto de los 4.500 niños, niñas y adolescentes llegados a las Islas en pateras y cayucos que en la actualidad tutela Canarias y que colapsan los recursos de acogida de la comunidad autónoma y de los cabildos. Aunque la consejera sabe de antemano que este no es el foro formal donde se acuerdan este tipo de repartos, que corresponde a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia bajo la gestión y responsabilidad del Ministerio de Bienestar Social e Inclusión, pretende, sin embargo, abrir un debate político de fondo y exigir medidas para trasladarlas al foro competente.
“Esperamos que sea un punto de inflexión y que se aborden las demandas de Canarias, que quedaron pendientes de resolver al suspenderse la convocatoria anterior”, señalan fuentes de la consejería como primer objetivo de la reunión, que estaba prevista para mediados del pasado mes de noviembre, pero que el entonces ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, aplazó por supuesta falta de ‘quorum’ por parte de las comunidades autónomas. Lo cierto es que aquella convocatoria había sido reclamada por varias comunidades, pero con un objetivo muy distinto por el que la pedía Canarias. Mientras el gobierno regional pretendía, como también ahora, forzar la intervención del Estado para abordar la crisis migratoria en su momento más álgido, los gobiernos de otras regiones pretendían pedir explicaciones al Gobierno central por el traslado “sin información previa” de migrantes adultos desde Canarias a otros territorios.
En todo caso, la consejera canaria pretende trasladar a este foro el planteamiento que ya explicó hace unas semanas a la propia nueva ministra de Sáiz, así como a Marlaska y Torres, durante la visita a las Islas de la comisaria de Interior de la UE, Ilva Johansson, y que los representantes del Ejecutivo central asumieron como propios para abordarlos precisamente en la sectorial de este jueves. Sin que Delgado vaya a plantear explícitamente dentro de la reunión la demanda canaria por excelencia, la reforma legal para que la tutela de los menores migrantes no acompañados no sea competencia exclusiva de las comunidades a los que llegan, sí lo expondrá como la única solución posible a corto plazo para evitar situaciones como las que se viven en la actualidad. Es uno de los puntos sobre los que el Gobierno central está comprometido en el acuerdo de legislatura entre CC y el PSOE sobre la agenda canaria a cambio del apoyo nacionalista a la investidura de Pedro Sánchez, y en estos momentos varias consejerías del Ejecutivo regional están trabajando sobre un borrador e ese sentido. Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se mostró el pasado miércoles esquiva en el Congreso a efectos de confirmar cómo y cuando se llevará a cabo esa reforma, dejándola en el aire e insistiendo en el concepto de “solidaridad vinculante” entre los territorios.
Para Canarias no es suficiente ninguna fórmula de “solidaridad obligatoria” o “solidaridad vinculante” por parte de las demás comunidades autónomas y reclama modificar la ley del menor
La consejera insistirá que para Canarias no es suficiente ninguna fórmula de “solidaridad obligatoria” o “solidaridad vinculante” por parte de las demás comunidades autónomas, sino que tiene que acordarse un mecanismo estable similar al que se aplica con los migrantes adultos para garantizar esa distribución, algo que consideran que solo se conseguirá con la reforma de la ley del Menor. Y propone además que se usen fondos europeos para crear esa red estable que, además, se mantenga en el tiempo. “La inmigración no va a desaparecer. Llevamos meses pidiendo corresponsabilidad y volveremos a solicitarla”, señalan desde la consejería.
Determinar edad
Otro de los puntos sobre los que incidirá Delgado es sobre la necesidad de mejorar los protocolos de determinación de edad de los supuestos menores que llegan a las Islas. “Desde Canarias hemos impulsado mejoras en este sentido trabajando conjuntamente con la fiscalía. Es importante que reduzcamos los errores en las determinaciones de edad para evitar convivencia de mayores y menores en centros, tanto en Canarias como en la península, pues se han dado casos de menores que se han trasladado como mayores a otras comunidades autónomas”, insisten en la consejería de Bienestar Social.
Todas estas medidas sobre cómo paliar la crisis migratoria en Canarias y el debate de fondo sobre la política de acogida a migrantes en el conjunto del Estado sólo se están incluidas en el orden del día de la conferencia sectorial de manera tangencial, aunque desde el Gobierno regional se confía plenamente que se escucharán las reclamaciones isleñas como territorio especialmente afectado por la situación. En concreto, la convocatoria de la cumbre consta de cuatro puntos referidos a la presentación de otros tantos informes del Ministerio sobre distintos aspectos de la gestión del fenómeno migratorio.
El primero se refiere a los avances en la normativa e instrumentos europeos y normativa española en materia de migraciones; el segundo sobre la “caracterización y situación actual del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal del Programa de Atención Humanitaria; el tercero, más pegado a la realidad de la crisis migratoria en Canarias y en respuesta a las protestas de otras comunidades sobre el traslado de migrantes adultos a la Península, sobre la “planificación en la gestión y respuesta a la llegada de migrantes a las costas española, reconociendo en la identificación del asunto que es una “problemática asociada a la distribución de menores no acompañados”; finalmente, el cuarto informe se refiere a las “fuentes de información disponibles en materia de acogida y acuerdo sobre la creación de un grupo de trabajo técnico sobre información en materia de acogida”.
