Si tuviera que caracterizar al año 2023 en materia de política presupuestaria, diría que es un año de transición y antesala de cambios del contexto institucional en el que se tendrán que desenvolver las finanzas públicas a partir del año que viene. Como supervisores fiscales nuestra labor no ha podido ser otra que ir anticipando estos cambios y formular recomendaciones para facilitar la transición a este nuevo entorno.
En ausencia de nuevas perturbaciones, 2023 es el último año de reglas fiscales suspendidas tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Durante cuatro años consecutivos, se ha contado con espacio fiscal para adoptar medidas que amortiguaran los efectos de las crisis, siempre que fueran temporales, selectivas y oportunas, y no menoscabaran la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para 2023, a diferencia de los años de suspensión anteriores, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) dictó ya unas orientaciones cuantitativas a los países con deuda pública elevada, como España, con una limitación del crecimiento del gasto primario corriente.
2023 es también el año en que, tras un largo período de reflexión y consultas, la Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Una propuesta que calificaría de ambiciosa por apostar por el refuerzo del ownerhsip de la disciplina fiscal y por modificar la manera de instrumentar la supervisión fiscal. La reforma traslada a los países la iniciativa para definir las sendas de ajuste fiscal que les permitan converger, cuando sea el caso, hacia el umbral de deuda pública del Pacto.
En contrapartida, se eleva la exigibilidad de su cumplimiento. Se refuerzan, también, los marcos fiscales nacionales, en particular, se amplían las funciones de las instituciones fiscales independientes. En cuanto a la instrumentación de la supervisión fiscal europea, pasaría a pivotar sobre el gasto público primario, una variable que puede ser directamente controlada por los gestores fiscales y más fácil de supervisar ex ante y ex post que la variable de déficit estructural introducida en la anterior reforma del Pacto.
2023 es así un año en el que en el ámbito europeo el foco se desplaza hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, y se anticipa un cambio de rumbo en la política fiscal que aconseja preparación y planificación. Si se cumplieran los planes de la Comisión y los objetivos de la presidencia española, la reforma debería estar aprobada a finales de este año* y los países tendrían que presentar estrategias fiscales de medio plazo 2025-2028 en un muy corto espacio de tiempo, abril de 2024. Y, aun cuando el nuevo marco no estuviera listo, en 2024 operaría una nueva orientación fiscal del ECOFIN que restringe el crecimiento del gasto, pero, en este caso, en un entorno ya de reglas fiscales activas.
Sin embargo, en el ámbito nacional se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía este año de transición. Pese a la incertidumbre económica e institucional y los diversos procesos electorales, en nuestra opinión, 2023 era un buen momento para iniciar los trabajos que permitirán definir la estrategia de medio plazo que se nos va a exigir para reducir la deuda pública, así como para actualizar nuestro marco fiscal nacional. Y así lo hemos ido recomendando de forma reiterada en nuestros informes porque, tras un año de transición, 2024 se perfila como un año muy exigente para la política fiscal.
*La reforma de las reglas fiscales se aprobó el 20 de diciembre de 2023
Cristina Herrero es la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
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