Los argumentos de la derecha del CGPJ contra García Ortiz: «Podemos decir que no tiene prestigio de ninguna manera»

Uno de los más duros fue el abogado designado a propuesta del PP José María Macías, que señaló expresamente que el órgano de Gobierno de los jueces, podía optar por una valoración desde el punto de vista negativo del requisito del reconocido prestigio, para afirmar que García Ortiz «no lo tiene de ninguna manera». Para ello, era necesario incidir en los elementos negativos de la sentencia que apenas unas semanas antes había anulado el ascenso que decretó de su predecesora, Dolores Delgado, al apreciar desviación de poder en su decisión.

Según el contenido de las actas de la reunión aprobadas ya por el Pleno del Consejo, conocido por este diario y que fue adelantado por la Cadena Ser, fue el vocal y también magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea el primero en plantear que el debate debía ir más allá de lo que este órgano venía haciendo siempre, que era limitarse a comprobar los aspectos legales para acceder al puesto.

Posteriormente, fue la sentencia que anuló el ascenso de Delgado a la cúpula fiscal por un uso desviado de poder la que centró las críticas de los vocales de la mayoría. Macías llegó a calificar de «considerada» la expresión utilizada por los magistrados del Supremo teniendo en cuenta, desde su punto de vista, que la actuación del fiscal general respecto a este ascenso en la Carrera no buscaba un fin legítimo. Por ello, agregó que los dos años y medio que García Ortiz llevaba en el cargo no habían hecho más que confirmar las sospechas que su nombramiento ya le habían despertado en la primera ocasión en la que fue elegido por el Gobierno.

Reforma procesal

Otros vocales de este mismo sector, como José Antonio Ballesteros, valoraron la designación de cara al futuro, llegando a plantear el riesgo de que una persona que a su juicio no contaba con todas las garantías e imparcialidad pudiera ampliar sus competencias hasta alcanzar un poder «omnímodo» en el caso de que a lo largo de la legislatura saliera adelante la reforma procesal, que busca otorgar a los fiscales la competencia de instrucción de asuntos penales.

Únicamente el presidente suplente, Vicente Guilarte, y otro de los vocales de la mayoría conservadora, Juan Martínez Moya, rechazaron ir más allá del control de legalidad, una posición que defendieron igualmente los vocales del sector progresista.

 En el Pleno, sin embargo, únicamente hablaron tres de los seis vocales de este grupo — Mar Cabrejas, Roser Bach y Clara Martínez de Careaga– que recordaron que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado nombramientos y decisiones del Consejo sin que ello haya supuesto deslegitimar a los vocales o a su presidente.

Decisión histórica

La decisión de la mayoría fue histórica, nunca antes en democracia el fiscal general del Estado no ha contado con el aval de idoneidad de uno de los órganos constitucionales que participan en su nombramiento. Se da además la circunstancia de que en la primera ocasión que se valoró la designación de García, en julio de 2022, fueron siete los vocales del sector conservador votaron en contra frente a una mayoría de doce que cumplieron con el trámite de darle el beneplácito por cumplir con los requisitos legales.

Lo que sí existían eran antecedentes de fiscales generales que no obtuvieron el aval unánime del Consejo del Poder Judicial. Le pasó a Javier Moscoso en 1986 -obtuvo 13 a favor y 6 en contra-, y a Eligio Hernández en 1992 -seis vocales firmaron un voto particular contra su nombramiento-. En el caso de Dolores Delgado la situación se repitió con la ausencia de los vocales Wenceslao Olea y el actual presidente suplente, Vicente Guilarte. Se dio el resultado 12 a favor y siete en contra que se repitió dos años después con García.