La Fiscalía de Menores de Barcelona está investigando dos casos de manipulación de imágenes reales de menores a través de la inteligencia artificial para convertirlas en contenidos sexuales, según fuentes de esta institución. Son los dos únicos casos (en uno hay un sospechoso y en el otro todavía no se sabe el autor) que se están tramitando en la provincia de Barcelona. La Policía Nacional detuvo en la localidad de Súria (Bages) el pasado mes de octubre a un joven de 17 años, estudiante de informática, por producción, posesión y distribución de pornografía infantil por captar fotografías de menores desde su ventana y después retocarlas a través de esta tecnología.
Por ahora, la Fiscalía de Barcelona no ha recibido ninguna denuncia sobre el uso de la IA en adultos, según ha confirmado fiscal delegada del servicio de violencia de género, María Jesús Méndez. Sin embargo, la fiscalía de menores sí que está tramitando dos de ellas, aunque las fuentes consultadas evitan dar detalles de estos procedimientos al afectar a menores. Los investigadores sostienen la dificultad que existe para hallar pruebas de esta acción. El hecho es que la mayoría de las compañías que gestionan está tecnología están en el extranjero, por lo que para pedirles información se debe hacer una comisión rogatoria o ayuda internacional. Para las pesquisas es esencial que se intervenga a tiempo el ordenador del autor de esta acción.
Un ejemplo es la operación policial para detener al joven de Súria. Durante el registro en el domicilio de arrestado, los agentes hallaron una gran cantidad de archivos de pornografía infantil con imágenes sexuales, algunas de ellas de gran dureza, así como fotos de niños realizadas desde su ventana. Estos archivos fueron encontrados cuando los policías analizaron los dispositivos electrónicos requisados en su habitación.
Las fotografías encontradas las habría realizado el propio detenido desde su casa y en ellas aparecen niños de corta edad que jugaban frente a su domicilio, ya fuera en pantalón corto o biquini. Después mediante la inteligencia artificial eliminaba la vestimenta y, una vez modificada las imágenes, las distribuía en las redes de internet. El arrestado, según fuentes policiales, llevaría cometiendo desde los 14 años y pasó a disposición de la fiscalía de menores, por lo que es de suponer que es uno de los dos casos que se está investigando.
La investigación se inició después de que la policía detectara más de 300 archivos pedófilos que estaban siendo anunciados en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea, en la que la persona que los distribuía masivamente ofrecía, además, la transformación de cualquier foto. Una vez localizado al autor, los agentes constaron que era un joven de 17 años y, por lo tanto, menor de edad. El caso más importante en España se produjo también en octubre pasado en la población de Almendralejo, en Extremadura, por las decenas de denuncias de las familias de varias menores.
La ‘pornovenganza’
Por otra parte, según la Fiscalía de Barcelona, se ha producido varios casos de ‘pornovenganza’. Es decir, la difusión de imágenes íntimas de exparejas. Solo en el 2023, el servicio contra la violencia de género, encabezada por María Jesús Méndez, ha presentado tres escritos de acusación, pero la mayoría de los asuntos se tramitan como amenazas, coacciones o acoso. Es decir, se amenaza a la víctima con hacer públicas fotos íntimas y no se ejecuta la acción. El anuncio de hacer público imágenes de contenido sexual de la expareja sería un 10% del total del delito de amenazas de violencia de género.
La fiscal Méndez asegura que los casos de violencia de género van en aumento. Durante la pandemia del covid disminuyeron ante la imposibilidad de salir de casa, pero en los meses posteriores hubo un repunte por las agresiones que se habían producido durante los meses de confinamiento. La cifra oculta de estos delitos aflora cada vez más, a su entender, por la preocupación no solo de los poderes públicos y los agentes jurídicos, sino por la «sensibilidad» de los ciudadanos, la política de prevención y la «valentía» de las mujeres al denunciar. Pero, en ocasiones, se encuentran que no pueden conseguir la condena del maltratador porque la víctima retira la denuncia o porque se acoge a su derecho a no declarar en contra de su pareja o expareja o expensa (se calcula que un 15%). En el 2022, el servicio de la fiscalía de violencia contra la mujer tramitó más de 10.000 asuntos (47 de ellos sumarios por delitos graves). De este total, 1.398 fueron por quebrantamiento de la orden de protección o resolución judicial de prohibición de acercarse a la denunciante.
