El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordaron en su reunión en el Congreso de los Diputados retomar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La condición determinante de este acuerdo es que lo harán bajo la supervisión de la Comisión Europea, aspirando a concluir antes de las elecciones europeas. A su vez, una condición clave para PP es que la reforma de la Ley del Poder Judicial se lleve a cabo simultáneamente con la renovación del órgano judicial. Feijóo acepta, así, este tipo de mediación internacional, a pesar de haber afeado de la que se valieron el Partido Socialista y Junts per Catalunya, encarnada en el salvadoreño Francisco Galindo Vélez.
Cabe destacar que el punto más destacado del acuerdo entre Sánchez y Feijóo para la renovación del CGPJ es la implicación europea, además de la reforma exprés del artículo 49 de la Constitución para modificar el término «disminuido». Aunque el documento del líder del PP incluía 10 temas, solo se logró acuerdo en estos puntos. Además, el PP quiso subrayar que la renovación del CGPJ debe garantizar la independencia judicial. Por ello, proponen involucrar a la Comisión Europea para supervisar y garantizar que la renovación coincida con la reforma del método de elección, cayendo en la contradicción de rechazar un mediador internacional en las negociaciones entre socialistas y neoconvergentes pero pedir la misma intervención para sus propios asuntos.
En este sentido, Feijóo expresó su satisfacción por la aceptación de Sánchez sobre la supervisión que ejercerá la Comisión Europea. Sin embargo, el PP mostró recelo ante la posible participación del ministro Félix Bolaños en las negociaciones, considerando que podría afectar al entendimiento entre los partidos en unas negociaciones que aún no se han celebrado, por lo que es difícil saber cuál será la influencia de Bolaños en las mismas.
«Yo, desde luego, estoy satisfecho que al final el señor Sánchez haya aceptado la supervisión de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo he sido el autor de la propuesta y asumo la responsabilidad de haberla hecho. Y le agradezco al presidente que la haya adoptado», expresó Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso, donde agregó también que el PP ya había hecho un «sondeo» a la Comisión sobre esta propuesta de supervisión.
El Gobierno considera positivos los avances
El Gobierno, por su parte, considera positivo que se emprenda un camino para restablecer la normalidad institucional en el CGPJ con la mediación de la Comisión Europea, tras más de 1.800 días de bloqueo por parte del PP. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha indicado que sería una «buena noticia» que puedan recuperar «esa normalidad institucional en el CGPJ». «Son más de 1.800 días en que el Partido Popular ha imposibilitado esa normalidad institucional y nos parece un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y verificador», ha asegurado, valorando este paso para poder «acabar con la anomalía» en el órgano de gobierno de los jueces.
El proceso de negociación implicará reuniones en territorio español con presencia de autoridades comunitarias, aunque todavía se desconoce quién será el representante que envíe la Comisión Europea a estas conversaciones. Lo que sí se ha aportado es una fecha: el objetivo es concluir y hacer efectiva la renovación del CGPJ antes de las elecciones europeas de junio.
Hipocresía ‘popular’ en las críticas al mediador
El PP ha pasado de sus fuertes críticas a la figura del mediador internacional elegido por PSOE y Junts a pedir «respeto por la Comisión Europea», que desempeñará el mismo rol que el diplomático salvadoreño. «Es una institución española a la que se ha transferido buena parte de la soberanía, por lo que esa supervisión se hará con transparencia. Equiparar la Comisión Europea a un mediador salvadoreño especializado en banda armada, me parece una falta de respeto», argumentó Feijóo, desprestigiando la figura de Francisco Galindo y recalcando nuevamente su nacionalidad.
En cuanto a la estructura del CGPJ, Feijóo aseguró haber recibido el compromiso de Sánchez de no modificar las mayorías ni el número de jueces elegidos en el Congreso y el Senado. A pesar de la más que evidente desconfianza, el PP reconoce ahora, cinco años después, la necesidad de renovar el Consejo y garantizar su independencia.
Así, el PP espera que, al pactarse la renovación del CGPJ, también se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar una renovación automática antes de finalizar el mandato de los jueces. Consideran esencial mantener las elecciones de jueces anteriores y pactar el texto de la reforma entre PP y PSOE, eliminando así el plazo de seis meses al Consejo para elaborarlo, como se planteó anteriormente.
