El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo miércoles un decreto para prorrogar algunas de las medidas del denominado escudo social frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, informa El Periódico de España. Desde Hacienda ya se ha ido preparando el camino para suprimir algunas de ellas por la moderación de la inflación y las exigencias de Bruselas. Entre las que no se prorrogarán cuando expiren este 31 de diciembre destaca la subvención al combustible para los transportistas, la ganadería y la agricultura, según confirman fuentes de Moncloa. Una ayuda que ya se fue recortando progresivamente y que ahora estaba establecida en cinco céntimos por litro de carburante.
El texto final del decreto todavía se está negociando entre Hacienda y la vicepresidenta segunda que dirige Yolanda Díaz. El socio minoritario de la coalición presiona por prorrogar el grueso de las ayudas. Además de la subvención a los carburantes, desde la parte socialista se plantea eliminar la rebaja del IVA en la factura de la luz. Más allá de que Europa pide retirar estímulos extraordinarios, se consideran positivos los últimos datos sobre inflación, especialmente en la electricidad y los carburantes.
De producirse un repunte del precio de los combustibles, se alega, por otro lado, que los transportistas pueden repercutirlo a los clientes. De hecho, el conflicto en el mar Rojo está produciendo una escalada del precio del petróleo y el gas natural.
El Gobierno tampoco aprobará nuevas medidas para combatir el alza de precios. Los socialistas se acogen al objetivo de reducir el déficit al 3%, por el retorno de las reglas fiscales, para no extender nuevas ayudas en el paquete anticrisis. La última prórroga del decreto movilizó un total de 3.800 millones de euros en este segundo semestre del año.
Entre las medidas que el Gobierno sí prorrogará durante otros seis más se encuentra la subvención al transporte público, incluyendo la gratuidad para jóvenes y desempleados, y la rebaja del IVA en los alimentos. Las subvenciones al transporte están ya recogidas en el plan presupuestario, mientras que la rebaja del IVA, que anunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura, se prorrogará en sus actuales términos. Esto es, excluyendo a la carne y el pescado. Como hasta ahora, se prevé mantener la supresión del 4% del IVA aplicado a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y la rebaja del 10% al 5% en el aceite y la pasta.
La suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es otra de las medidas que se prorrogarán durante el primer semestre del próximo año. La intención del Ejecutivo de coalición pasa por vincular a las comunidades autónomas en la gestión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, pero sin que este objetivo implique levantar la medida. Esta suspensión temporal está acompañada de la posibilidad de solicitar una compensación por parte del arrendador o propietario.
Alquileres
En materia de vivienda para actuar contra la subida de los alquileres, el Ejecutivo aprobará los índices de precios de referencia “entre finales de diciembre y principios de enero”. Unos índices imprescindibles para acompañar la declaración de zonas tensionadas (con rentas o hipotecas medias por encima del 30% de los ingresos), donde se podrán regular los precios del alquiler. Las competentes para declarar estas zonas calientes son las comunidades autónomas. Ahí reside el punto débil de la ley de vivienda porque las comunidades gobernadas por el PP ya han adelantado que no lo harán. Frente a esta oposición, desde el Ejecutivo advierten como mecanismo de presión que los caseros de las comunidades sin declaración de zona tensionada no podrán acceder a las deducciones fiscales recogidas en la ley.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, inició este jueves una ronda de reuniones con las comunidades autonómicas con la pretensión de abordar de forma bilateral la aplicación de la ley de vivienda. A finales del próximo mes de enero está previsto convocar a todas las CCAA a una Conferencia Sectorial de Vivienda. Otro de sus objetivos pasa por implicar a las diferentes administraciones en el plan del Ejecutivo para aumentar el parque público hasta las 184.000 viviendas esta legislatura.
Como ya contiene la ley de vivienda, la subida de los alquileres con contratos vinculados al IPC estarán topados en el 3%. En el decreto ómnibus del que será el último Consejo de Ministros del año se prevé incluir, además de las medidas antiinflación, la revalorización de las pensiones conforme al IPC y del sueldo a los funcionarios.
