Alrededor de 38.500 becarios de la Comunidad Valenciana cotizarán a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2024 aunque no les paguen. Las universidades valencianas abonarán 100 % de las cotizaciones y también se encargarán de dar de alta a todo su alumnado, según explica la secretaría autonómica de Universidades Esther Gómez, tras una reunión con responsables del Gobierno en Madrid.
Los centros pagarán al estudiante por cada día dado de alta, que se estima que costará unos 32 céntimos (menos de 10 euros al mes, aunque en 2024 cambiará la base de cotización). Pero lo que más preocupa a las universidades es asumir la gestión de todas las altas de su alumnado, por lo que piden fondos al Ministerio para aliviar la carga.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) presentó recientemente un documento de diez páginas con todas las dudas que les suscitaba la decisión del Gobierno, y las universidades valencianas también se han quejado de la falta de certezas durante el proceso.
El Ministerio ya ha dado respuesta a varias dudas; el alumnado que se vaya de Erasmus a otro país y haga allí las prácticas cotizará en España. Queda por ver qué ocurrirá en el caso del alumnado que estudie y trabaje, ya que no se le puede dar de alta de nuevo en la Seguridad Social.
El decreto del Gobierno establece que el 95 % de la cuota la pagarán las universidades y sólo el 5 % las empresas. Sin embargo, en el caso valenciano los responsables de Conselleria de Educación han adelantado que lo pagará todo la Generalitat, ya que no creen que sea lícito que las empresas paguen por una persona que está en formación. En el caso de la FP, el Gobierno pagará el 100 % de las cotizaciones.
En total, el año pasado 48.200 estudiantes valencianos realizaron prácticas en empresas, la gran mayoría de ellas obligatorias. Por universidades, fueron 4.200 en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), 10.500 en la Universidad de Alicante (UA), 8.000 en la Universidad Miguel Hernández, 15.800 en la Universitat de València (UV) y 9.700 en la Universitat Politècnica de València (UPV).
Cotizar aunque no les paguen
La clave es que esta decisión afectará únicamente a las prácticas no remuneradas, ya que en las remuneradas la empresa está obligada a dar de alta al estudiante y pagar la seguridad social. Es el caso de la UPV, que no se verá afectada por la decisión porque desde hace años las empresas que quieran estudiantes de prácticas están obligadas a pagar una pequeña cantidad de dinero, por tanto, sus becarios sí que han cotizado y lo seguirán haciendo.
Esta decisión supondrá un agujero en las cuentas de las universidades, que ya están muy apretadas al no contar con la financiación suficiente. Según critican desde Conselleria, el principal problema no será pagar las cuotas, sino dar de alta a estas decenas de miles de estudiantes a la Seguridad Social, un trabajo que también deberán realizar los equipos de las universidades valencianas. Se prevé que el pico de trabajo llegue en el mes de febrero, cuando suelen comenzar las prácticas en empresas.
La Tesorería de la Seguridad Social explicaba que existían dudas sobre la fórmula por la que se va a pagar, a pesar de que la medida se debía haber aprovado el pasado 1 de octubre, pero finalmente se prorrogó para el próximo año 2024.
Sin financiación y sin dinero para la Losu
La decisión del Ministerio cae en un momento complicado para las cuentas de las universidades valencianas, con un plan de financiación caducado desde el año 2009 y la obligación por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de reducir la temporalidad de su personal de un 40 a un 8%.
La Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), presidida por la rectora de la UJI Eva Alcón, estima que esta reforma de las universidades contemplada en la LOSU costará 68 millones de euros a las universidades valencianas y más de 800 millones en todas las universidades españolas. Varios rectores de las universidades valencianas han criticado duramente que esta ley no venga acompañada de una dotación de fondos para las universidades, ya que condicionará mucho los presupuestos de los centros.
A nivel estatal, el informe elaborado por la CRUE eleva a 3.135 millones de euros adicionales la aplicación del artículo 55 de la LOSU, que establece el compromiso de alcanzar una financiación pública, como mínimo, del 1 % del PIB del conjunto del Estado en materia universitaria También sostienen que este objetivo de gasto público no se ha consultado con las haciendas autonómicas.
A esto cabe añadir la ausencia de un Plan Plurianual de Financiación Universitaria, que mantiene a las universidades con las cuentas congeladas durante más de una década. Este plan es de vital importancia para desbloquear proyectos como la construcción de aularios y facultades, paralizados ya varios años, y para que los centros puedan embarcarse en importantes proyectos de investigación.
La realidad es que Conselleria ya había hecho los deberes y exploraba varias fórmulas para poder pagar a los becarios, todo a la espera de la respuesta del Ministerio. Como adelantó la secretaria autonómica de Universidades Esther Gómez, los becarios cotizarán y cobrarán una pequeña catidad que le dé, al menos para cubrir gastos, pero no es partidaria de que esto lo pague la empresa: «el estudiante realiza las prácticas para aprender. No pensamos que sea correcto que la empresa pague por formar a una persona», explicaba Gómez.
Gómez explica que «un estudiante de medicina que esté de becario debería tener al menos dinero para el transporte y otros gastos. Pero eso es un problemón para las universidades si el Ministerio no pone dinero de su parte». A esto se añade que, en el caso de Educación y Sanidad (entre otras) son trabajos ligados a la administración pública donde habrá que hacerse cargo de toda la cotización.
El estatuto del becario sustituye a una ley creada en el 2014 que regula las prácticas en empresa. No solo implementará la obligación de cotizar a la Seguridad Social, sino que además también incorpora la obligación de que haya una compensación económica para el becario, que las autonomías pueden decidir si trasladar a la empresa o, por el contrario, que se haga cargo la administración pública.
Un convenio especial para quienes hayan sido becarios antes de la norma
Estos miles de becarios valencianos podrán suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solo una vez, para computar como cotizados los períodos de formación o las prácticas no laborables hasta un máximo de dos años, ya que la norma también recoge cómo actuar para quienes hayan realizado prácticas antes de la entrada en vigor del real decreto.
El decreto regula las prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en los programas de formación para alumnos universitarios (tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto), y también para los de formación profesional (salvo FP intensiva).
Estos estudiantes cotizarán por contingencias comunes y profesionales, pero no por desempleo, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ni por formación profesional. Además, si las prácticas no son remuneradas se excluirá también la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
