Nuevo embrollo en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a cuenta de la situación de buena parte de las estaciones en la Comunidad Valenciana. En concreto, según ha podido saber este diario, la mayoría de las instalaciones no pertenecen aún a la Administración autonómica a pesar de que han pasado casi diez meses desde que el Botànic completara la reversión de un servicio que había estado dos décadas y media en manos privadas. Este cambio obligaba a que las estaciones pasaran a estar adscritas a la sociedad pública encargada del servicio (Sitval) desde el mismo momento en el que se completaba este retorno a lo público. Sin embargo, este procedimiento nunca se ha completado, dejando la situación jurídica de estos enclaves «en precario». O lo que es lo mismo, que actualmente se está desarrollando la actividad sin problemas en ellas a pesar de que, legalmente, estos emplazamientos no son propiedad de Sitval.
Es un problema que, según ha podido saber este diario, afecta en la actualidad a un total de 21 estaciones donde se ofrece este servicio, todas las operativas a excepción de las de Gandia, Alicante, Castellón de la Plana y Massalfassar, que sí que están correctamente añadidas a la sociedad, y las de Redován y Orihuela, estos dos últimos casos instalaciones que a día de hoy se encuentran en régimen de alquiler y, por tanto, no pueden ser adscritas como propiedad de la Administración.
«Deberían ser nuestras y no lo son», explican a este diario fuentes de la Conselleria de Industria preguntadas sobre esta cuestión, que tildan de «kafkiana» esta situación porque era un procedimiento «que se daba por hecho» desde hace meses. No en vano, este problema ha salido a la luz cuando el actual director general de la sociedad, Javier López Mora, se disponía a comenzar el procedimiento para realizar mejoras de adaptación y modernización en las distintas instalaciones, un procedimiento que choca con el hecho de que las estaciones no pertenecen a la entidad pública. Esta iniciativa, prevista para llevarse a cabo a lo largo de 2024, tiene un presupuesto asignado de 3,1 millones de euros.
Por este motivo y la necesidad de que todo esté correcto legalmente cuanto antes, López Mora envió ya el pasado 13 de diciembre una carta a la Subsecretaría de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat pidiendo «realizar las actuaciones pertinentes en orden a iniciar la tramitación del procedimiento de la adscripción directa de los bienes afectos» con el fin de evitar «problemas y reclamaciones que pudieran producirse». Preguntadas las citadas fuentes sobre cuándo puede estar completo este procedimiento, estas rechazan poner una fecha concreta aunque aseguran que será una «cuestión de meses».
La equiparación salarial
Lo que si tienen claro es que la falta de adscripción de las estaciones de ITV a la sociedad es «una muestra más del caos en el servicio» que el Consell de Carlos Mazón se ha encontrado al reorganizar la sociedad pública. No hay que olvidar que los últimos meses han estado marcados por otro problema como es el de la homogenización salarial de todos sus trabajadores, un inconveniente para el que inicialmente la anterior Administración logró un acuerdo.
Este, sin embargo, fue «nulo de pleno derecho» por no contar con los informes necesarios para poder aplicarse legalmente. Eso obligó a la nueva dirección general a lograr un nuevo pacto con los sindicatos que finalmente se validó la pasada semana tras obtenerse la necesaria documentación por parte de la Abogacía General de la Generalitat, la Secretaría Autonómica de Hacienda y la Dirección General de Función Pública.
