Los magistrados titulares de los Juzgados de Instrucción número 6, 19 y 20 de Madrid, con competencias en materia jurisdiccional y de control relativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) madrileños, han acordado de manera unánime requerir al Ministerio del Interior y a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que ponga fin a la situación de «hacinamiento» existente en las Salas de Inadmitidos de las Terminales T1 y T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.
Estos jueces reclaman al ministerio de Fernando Grande-Marlaska que adopte «con carácter urgente» cuantas medidas resulten precisas solucionar este problema, que tiene su origen en el exceso de solicitantes de asilo ingresados en tales salas, unas 250 personas, entre las que se encuentran 19 menores de edad y familias, «cuya intimidad se está viendo vulnerada», especifica un comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante la sesión de control al Gobierno. / EFE
El acuerdo es fruto de la queja formulada por la coordinadora Estatal del Servicio Jurídico (CEAR) en la que se exponía que, en el verano de 2023 se ha producido «un aumento exponencial» del número de solicitantes de protección internacional en Barajas. Y esta situación ocasiona «retrasos en la formalización de las solicitudes, provocando todo ello una situación de sobreocupación de las salas de solicitantes de protección internacional ubicadas en la T1, teniendo que habilitarse para el mismo efecto las salas de inadmitidos de la T1 y T4».
Condiciones higiénicas
Como consecuencia de todo ello, -recogía el escrito de queja- las salas de protección internacional e inadmitidos, destinadas a la acogida de solicitantes de protección internacional están sobreocupadas, con el consiguiente deterioro de las condiciones higiénicas de las instalaciones y escasez de comida.
Dicho hacinamiento ha sido constatado en la visita girada a la Sala de Inadmitidos del aeropuerto por los jueces de control de la misma durante la cual se pudo comprobar, entre otras circunstancias, que muchos de los ingresados en dichas salas están durmiendo «en colchones instalados en el suelo, sin las más mínimas condiciones de salubridad, higiene e intimidad».
Esta situación impide, según la nota de prensa del TSJ madrileño, proteger sus derechos básicos en las circunstancias en las que se encuentran, tratándose en algunos casos de familias con menores. Por este motivo los magistrados han requerido de forma urgente a las autoridades competentes.
