Dos de los cuatro canteranos del Real Madrid acusados de difundir vídeos sexuales de dos jóvenes residentes en Gran Canaria, una de ellas menor, se han acogido a su derecho a no declarar este viernes ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, que instruye la causa.
Sí lo han hecho los investigados Raúl A. y Andrés G., aunque solo a preguntas de sus abogados, mientras que Ferrán R. y Juan R. no lo hicieron, aduciendo sus abogados que no lo harían mientras no se entregara el volcado de sus teléfonos móviles en sede judicial, algo para lo que no hay fecha prevista por el momento.
En ese sentido, según el abogado de Raúl A., Juan Gonzalo Ospina, el juez Julio Wood les ha notificado que ha solicitado mayor agilidad a la Guardia Civil para que ese volcado pueda llegar al juzgado a la mayor brevedad.
Ospina ha dicho a los medios a la salida de los Juzgados de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, que su cliente ha declarado por voluntad propia porque «no tiene nada que ocultar», ya que ha vuelto a reiterar su inocencia y no tener nada que ver con los hechos por los que se le acusa.
«Los hechos que supuestamente se investigan contra el mismo no tienen responsabilidad penal, así que confiamos en que muy pronto pueda esclarecerse lo sucedido y pueda salir de esta pesadilla», ha señalado el abogado.
Por eso, ha agregado, han entendido que esta era «la mejor estrategia para sus intereses» que podían seguir en el estado actual del procedimiento.
Por su parte, el abogado de la víctima menor de edad, Rubén Vallejo, ha indicado a los medios que hay que esperar al volcado de los teléfonos móviles de los investigados «a ver si confirman la versión de este investigado», en referencia a Raúl A.
Vallejo ha avanzado que tienen que esperar a que concluyan las diligencias que quedan por practicarse en la investigación para saber si el procedimiento continúa o queda archivado, aunque él ha vaticinado que sí seguirá su trascurso en base a lo que ya dijo la Audiencia de Las Palmas hace unas semanas sobre la existencia de «serios indicios de la comisión de delitos».
Todos los investigados han declarado por videoconferencia desde los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, si bien hubo algún problema técnico que impidió verles en los juzgados del sur de Gran Canaria, según fuentes cercanas a la investigación, quedando registrado únicamente el audio de sus testimonios.
Este procedimiento se inició a raíz de la denuncia presentada en Gran Canaria por una mujer tras descubrir que circulaba por WhatsApp un vídeo de su hija, de 16 años, manteniendo relaciones sexuales.
Los hechos ocurrieron en el municipio grancanario de Mogán a principios de este verano. La primera denuncia señala que las relaciones sexuales fueron consentidas, pero que fueron grabadas sin consentimiento de las jóvenes, que tiempo después supieron que esas imágenes estaban circulando en redes y aplicaciones de móvil.
Poco después, la segunda mujer, mayor de edad, también denunció la difusión de un vídeo de contenido sexual que, presuntamente, habrían grabado alguno de los investigados mientras mantenían relaciones consentidas, si bien no lo fueron la grabación y posterior difusión de las imágenes.
