Han pasado doce años desde que ETA anunció el “cese definitivo de la actividad armada”, siete años desde que escenificó su “desarme” y seis desde que comunicó la disolución completa de todas sus estructuras y el fin de su “actividad política”.
Pese a ese supuesto “desarme”, que escenificó al comunicar la banda terrorista la localización de ocho zulos en el suroeste de Francia, a lo largo de estos años se han ido encontrando depósitos de armas y explosivos tanto en territorio francés como en España.
Confidencial Digital contó hace unos meses que el Ministerio del Interior se había negado a detallar, en respuesta a una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia, “el número de hallazgos y de actuaciones efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación al armamento y arsenales localizados de la ETA desde el 2018 hasta el momento presente, año a año”.
Para justificar su negativa, el departamento de Fernando Grande-Marlaska argumentó que “la información solicitada forma parte de actuaciones policiales que se han incorporado a una causa judicial, sobre las que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya no tienen capacidad de decisión, por lo que quien desee acceder a estas actuaciones, debe someterse a un régimen especial de acceso”.
Sin embargo, ECD ha podido comprobar que el Gobierno sí ha revelado buena parte de esta información por otra vía distinta a la de la Ley de Transparencia. Lo ha hecho en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria, presentada por dos representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
35 zulos desmantelados desde 2011
Las diputadas Ana Vázquez (portavoz en la Comisión de Interior) e Isabel Borrego registraron varias preguntas relacionadas con las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez para perseguir el terrorismo, desacreditar el relato propagandístico de ETA, promover la memoria de las víctimas del terrorismo y también esclarecer los atentados de la banda por los que la justicia no ha llegado a condenar a ningún culpable.
El Ejecutivo dio respuesta a esta batería de preguntas en una sola contestación de varias páginas, en las que abordó distintas cuestiones de la política antiterrorista.
En la respuesta, fechada el 29 de noviembre, el Gobierno destaca que “otro de los elementos que prueba el esfuerzo que se sigue realizando para el esclarecimiento de atentados”, después de haber citados más elementos, “es que, desde el año 2011, han sido incautados un total de 35 ‘depósitos/zulos’”.
La mayoría de esos zulos fueron encontrados y desmantelados en Francia, 28, y los otros siete se localizaron en España.
900 kilos de explosivos y 392 armas
A diferencia de lo que contestó Interior cuando un particular le pidió esta misma información, el Gobierno sí aporta datos en la respuesta dada a las preguntas parlamentarias de las dos diputadas del Grupo Popular en el Congreso.
“En un desglose general, se habrían intervenido un total de 362 armas, 900 kg. de explosivos, 6.000 cartuchos de munición de diverso calibre, 130 cargadores para armas, diversas cantidades de sustancias químicas para la elaboración de explosivos, 3.100 detonadores, 2 artefactos tipo ‘lapa’, 2 mandos a distancia, 6 dispositivos artesanales de iniciación, 1.000 placas de matrículas falsificadas, 3.100 metros de cordón detonante y demás componentes electrónicos”, detalla el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria.
Eso sí, no desgrana las armas incautadas (pistolas, subfusiles, fusiles de asalto…), ni el tipo de explosivos, por ejemplo.
Tampoco especifica el Gobierno es si esos 35 zulos, y las armas, explosivos, municiones, detonadores… abarcan o no los ocho almacenes en puntos del suroeste de Francia cuya localización reveló la propia ETA en 2017, en una escenificación de “desarme” que sin embargo no fue total.
Así fue porque las sucesivas detenciones de los responsables de los aparatos ‘Militar’ y ‘Logístico’, e incluso las divisiones internas que vivió la banda, provocaron que la dirección de ETA perdiera el control de algunos zulos, que quedaron abandonados por no tener conocimiento de esos escondites los últimos dirigentes de la organización terrorista.
Cabe concluir que la lista aportada por el Gobierno en esta respuesta no incluye el material que la cúpula etarra quiso que se encontrara en Francia en 2017, porque el inventario que difundieron los terroristas incluía 118 armas de fuego, 25.700 balas, 2.875 kilos de material para fabricar explosivos y detonadores, cifras que no encajan con las facilitadas a las diputadas del PP.
“Fundamental recuperar todo el material”
Más de tres años después de que ETA escenificar su “desarme”, el Gobierno de Pedro Sánchez aún contemplaba en 2021, en sus líneas de política de seguridad ciudadana a desarrollar por el Ministerio del Interior, localizar todos los arsenales de la banda terrorista que asesinó a más de 850 españoles a lo largo de cuatro décadas.
Interior reflejó este objetivo en la documentación preparada para la tramitación de proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 en las Cortes Generales.
Explicó en ese documento que pretendía “mantener las capacidades adecuadas que permitan el control y seguimiento de los entornos de apoyo a los diferentes terrorismos de carácter interno”.
Sobre ese punto concretó que “es fundamental recuperar todo el material no localizado, armas y explosivos, así como elementos logísticos que permitan desarrollar su vida en la clandestinidad, utilizado anteriormente por las organizaciones terroristas, evitando de este modo que pueda ser utilizado por quienes quieran continuar su actividad”.
Por esas mismas fechas, el teniente coronel jefe de la Unidad Central Especial 1 (UCE-1), la unidad dentro del Servicio de Información de la Guardia Civil dedicada a la lucha contra el terrorismo (incluidos los restos de ETA), afirmó en un artículo para la revista de la Academia General Militar que “algunas de las líneas que aún quedan pendientes de concluir y sobre las que se continúa trabajando para cumplir con el mandato legal recibido y honrar la memoria de las víctimas” era “el descubrimiento de los zulos de armas y explosivos no entregados y que aún permanecen ocultos”.
Destrucción simbólica de armas
Entre el material que ETA quiso que se entregara para así vender la imagen de que se había desarmado, no incluyó aquellas armas que habían sido utilizadas en atentados pendientes de resolver.
Buscaba así no dar pistas que pudieran conducir a las Fuerzas de Seguridad a averiguar quiénes participaron en los atentados que causaron más de 300 víctimas mortales sobre los que no ha habido condenas judiciales.
Sobre las armas de ETA, cabe recordar que Pedro Sánchez presidió en marzo de 2021 un acto simbólico de destrucción de armas incautadas a esta organización terrorista, y también a la banda de extrema izquierda Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO).
Una apisonadora aplastó, sobre el patio del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil (Valdemoro, Madrid), 697 pistolas, 172 revólveres, 274 subfusiles, así como fusiles de asalto, rifles de precisión y escopetas de ánima lisa.
Analizadas 200 armas
Como ya reveló en 2021, en otra respuesta parlamentaria, de nuevo en esta ocasión el Gobierno ha destacado que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil, bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguen analizando los documentos, armas y otros efectos incautados a comandos y estructuras de ETA que Francia entregó a España en 2018.
Vuelve a presumir el Ejecutivo de que se han logrado “varias investigaciones concluidas y, además, hay numerosas investigaciones en curso, y se han analizado más de 200 armas de fuego”.
También declara que “los crímenes de los que no se conoce autor o autores son una preocupación constante para el Ministerio del Interior y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen instrucciones muy concretas de perseverar en la investigación de todos los atentados de ETA”.
De ello se encargan principalmente el Servicio de Información de la Guardia Civil y la Comisaría General de Información de Policía Nacional, que “realizan un esfuerzo específico en este campo, para poner a disposición de la justicia a los autores de los atentados, por muy antiguos que estos sean, para revisar los casos sin condena judicial, en la idea de poner en conocimiento de los jueces y tribunales la información disponible para su enjuiciamiento e incluso para abrir nuevas líneas de investigación en los casos con más lagunas de información”.
“Fruto de ese trabajo”, continúa el Gobierno, “se han realizado centenares de informes judiciales en los últimos años, para poner elementos probatorios a disposición de jueces y fiscales; y hay que destacar también las operaciones realizadas en diversos países del mundo, donde se han realizado detenciones de miembros de ETA que, una vez en España, han sido juzgados o podrán serlo por sus delitos”.
