Que la sanidad pública en Andalucía atraviesa tiempos difíciles no es una cuestión baladí ni ajena a la mayoría de los ciudadanos que ven cómo, ante situaciones incluso que atraviesan cierto grado de urgencia, se ven obligados a esperar durante meses, en ocasiones años, a recibir la atención hospitalaria o quirúrgica que necesitan. Nada lejana a esta situación se encuentra la Atención Primaria en Córdoba, con listas de espera que, en muchas ocasiones, provoca que las personas enfermas no puedan conseguir una cita para ser atendidas. Muchas de estas, al tener una necesidad urgente de atención médica, que debería de producirse en un plazo inferior a las 48 horas desde la solicitud, se ven obligadas a acudir a los servicios de urgencias, que terminan también colapsados.
El sindicato ya advirtió de que esta situación tendría consecuencias y así se ha producido.
Sin embargo, debido generalmente a esta situación, hoy en día se están produciendo tensiones entre usuarios del servicio sanitario público y las personas profesionales que trabajan en él que están generando situaciones de indeseada y evitable violencia injustificable en todo caso y menos aún teniendo en cuenta el nivel de profesionalidad de estas personas que dedican un esfuerzo mucho mayor que el que se le exige a su profesión cubriendo turnos, con un estrés producido por el exceso de trabajo que conlleva la falta de personal y con la responsabilidad objetiva de cumplir con su cometido salvando cualquier situación de salud que llega a sus manos. Desde UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba sí entienden la terrible situación por la que atraviesa nuestra Sanidad y la presión que sufren estas personas en el esfuerzo diario por cumplir con su cometido sanitario en los centros sanitarios de la provincia, y también entienden que exista un alto nivel de frustración ante una situación de lo público que afecta seriamente a sus derechos y a su salud, aunque no comparten, en absoluto, esa descarga de responsabilidad en quiénes están para ayudar a la ciudadanía con sus problemas de salud, afrontando como pueden los propios derivados de esta misma situación.
No en vano, UGT SP denunció inmediatamente la situación generada por la decisión de la gerencia del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir de obligar al personal médico de Atención Primaria de estos centros a realizar guardias en urgencias e, igualmente, a que los de este servicio lo hicieran en Atención Primaria en el caso de que se necesitara, generando una enorme frustración entre el propio personal médico, no habituado a los otros servicios, así como por parte de los usuarios, que se encuentran con la atención de una persona en su servicio médico que no es la habitual ni la de confianza.
Consecuencias
El sindicato ya advirtió de que esta situación tendría consecuencias y así se ha producido. Si la sanidad pública en Andalucía, y por ende en Córdoba, carece de profesionales médicos a quiénes contratar, desde que se produjo la citada orden la fuga de profesionales se ha intensificado. Esto ha tenido como consecuencia que un profesional del Centro de Salud del Sector Sur se haya marchado a la sanidad privada y que tres del Centro de Salud Fuensanta lo hayan hecho a otras comunidades autónomas en las que les ofrecieron mejores condiciones, algo que también ha repercutido en el trabajo y calidad asistencial de estos centros. En el caso del Centro de Salud de la Fuensanta, con un cupo de atención médica por profesional de unos 1400 pacientes, la marcha de tres de ellos ha concluido en el reparto de los 5600 pacientes que atendían entre el resto de profesionales, aumentando mucho más la carga de trabajo y, con ello, las listas de espera y el deterioro de la calidad asistencial, por no hablar de la pérdida, para muchos usuarios, de su profesional de referencia en Atención Primaria.
Pero la gestión sanitaria en la provincia no se limita a estos casos, que son, según indica UGT SP, ejemplos de lo que es “un caos organizativo y una deriva absoluta, a pesar de que desde Salud se afanan en sacar pecho de inversiones en inauguraciones de quirófanos, como es el caso de Puente Genil, que luego son cerrados por falta de profesionales que atiendan y las personas usuarias derivadas a otros hospitales”. Desde el sindicato destacan otro caso, el de las 20 enfermeras que el pasado verano dejaron sus puestos tras recibir una oferta de contrato de larga duración con mejores condiciones y mayor estabilidad en Burgos.
Reivindicaciones
El problema, subrayan desde UGT SP, no radica ya solo en estas situaciones concretas o en el estrés generado por el sobre esfuerzo, sino que afecta a niveles de “reconocimiento del trabajo realizado y de las funciones asumidas por los profesionales de la Sanidad andaluza”. Así, destacan diversas reivindicaciones que desde este sindicato se llevan a cabo para el ascenso de categoría en diversas especialidades, reconocidas ya, de antemano, en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Uno de los más llamativos es el de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), para los que UGT lleva años reclamando el paso al grupo C1 de cualificación profesional, ya que han asumido muchas otras funciones que no quedan recogidas en las labores que inicialmente tenían y por las que se les contrató y se les remunera. Actualmente, UGT SP está reclamando el compromiso del Gobierno para que antes de que acabe este año se desarrolle ese artículo 76 de reconocimiento de las categorías profesionales.
Hoy en día se están produciendo tensiones entre usuarios del servicio sanitario público y los profesionales.
Quedan más que evidentes los esfuerzos que, desde UGT SP en Córdoba, se están llevando a cabo para conseguir la división en dos del macro Área Sanitaria Sur de la provincia, tan necesaria tanto para profesionales como para usuarios, y sobre la que la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ahora se desdice después de asegurar que se produciría; o la lucha del sindicato por el reconocimiento del personal de mantenimiento, o las múltiples denuncias sobre los procesos de privatización de la Sanidad en Andalucía, como es el caso del servicio de lavandería del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y, por supuesto, la falta de profesionales en todos los centros y a todos los niveles de atención.
Defensa de lo público
Desde este sindicato indican que “si no defendemos lo público entre toda la ciudadanía, uniéndonos a todas las personas profesionales que trabajan en la Sanidad, y que son las primeras perjudicadas de la gestión de la Sanidad por la Junta, no conseguiremos acabar con esta situación, por lo que instamos a reclamar y unir nuestras quejas a la Consejería de Salud y a la Junta de Andalucía para que de un cambio de 180 grados en la gestión de nuestra Sanidad y en la protección de un derecho fundamental de toda la ciudadanía andaluza que nos permita recuperar el referente internacional que fue en su momento y que todos y todas los cordobeses y cordobesas y todo profesional de este servicio se merecen”.
