Preocupación en Canarias por el pacto alcanzado por la Unión Europea (UE) en materia de migración y asilo. El Gobierno regional y buena parte de los partidos políticos canarios ven con recelo algunos de los términos del acuerdo, largamente negociado en Bruselas y que vio ayer la luz verde a expensas ahora de la aprobación de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello advirtió que «el término de solidaridad a la carta o solidaridad obligatoria no son términos que nos parezcan los más adecuados para la inmigración que estamos viviendo.

Nos gustaría más hablar de corresponsabilidad y de poder dar una solución de continuidad a una situación que no es puntual, que ya es coyuntural». En su opinión el pacto «se queda corto» en algunos aspectos, mientras que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, valora el «consenso» alcanzado por las instituciones comunitarias y ahora se analizará de forma «pormenorizada» aquellos puntos que más «preocupan» a Canarias en relación con la solidaridad, los cupos, la vigilancia de las fronteras y otras cuestiones que afectan directamente a las Islas en materia migratoria.

Por la parte negociadora ha tenido un papel protagonista en el pacto el eurodiputado canario del PSOE Juan Fernando López Aguilar, que compareció ayer para explicar el acuerdo junto a la comisaria de Interior Ylva Johansson o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otros negociadores. López Aguilar defiende el pacto como un «avance» frente a la ausencia de una política común europea para afrontar la crisis migratoria y las reclamaciones de los Estados que exigían una respuesta de la UE, como es el caso de España y Canarias.

El eurodiputado canario resalta la «complejidad» y las cesiones inevitables para llegar al pacto




«Alcanzar acuerdos en Europa es algo extremadamente complejo porque hay que realizar cesiones inevitables si quieres contar con una mayoría cualificada en el Parlamento y entre los Estados», explica el dirigente canario. En este avance el exministro destaca el mecanismo que se abre en una situación de crisis solicitada por un Estado y que obliga al resto de países a responder con una operación de realojamiento coordinada por una nueva figura que se crea en la Comisión Europea.

Los Veintisiete se comprometen a reubicar en otros países a un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo, refugio o protección internacional por sus circunstancias personales de especial vulnerabilidad. La UE distingue siempre este colectivo de los que huyen de la pobreza o solo buscan prosperar (migrantes económicos), para los que su respuesta sigue siendo la devolución en frontera o la posterior expulsión a su país de origen. El reglamento fija además un presupuesto para atender esa solidaridad: 600 millones de euros.

Negociadores del pacto de migración, entre ellos López Aguilar. La Provincia


Aunque la solidaridad es aparentemente obligatoria hay una alternativa que puede invocar un país para no alojar migrantes: cada país puede elegir entre acoger o pagar una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente que van a la Comisión Europea para financiar la gestión de la migración. También se puede optar por una combinación de las dos fórmulas. Ante las críticas que ha recibido esta solidaridad a la carta, Juan Fernando López Aguilar responde que «para sacar el pacto que persigo desde hace años de una solidaridad europea en el realojo de los migrantes inevitablemente hay Estados que han exigido otras alternativas mediante contribuciones financieras al presupuesto de la UE para ayudar a los países en crisis, además de ayuda y asistencia material. Era una condición inexorable si queríamos que hubiera pacto», subraya.

Como dirigente del PSOE, López Aguilar recordó que hay grupos políticos en el Parlamento y gobiernos en diferentes países que han llegado a las instituciones exigiendo «mano dura» contra los migrantes y en este escenario había que ceder con tal de que Europa tuviese un marco sobre el que regular el control de las fronteras y los movimientos migratorios que hasta ahora no existía.

El nuevo mecanismo abre la vía para que Bruselas obligue a los países a realojar a los migrantes


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Los reglamentos pactados también prevén que aquellos países que más responsabilidades internacionales asumen en búsqueda y rescate (SAR) en el mar, como es el caso de Canarias, verán reconocido su esfuerzo en forma de un porcentaje adicional de la solidaridad a la que tienen derecho. España es responsable de la seguridad de 1,5 millones de kilómetros de mar, un millón de ellos en el espacio entre Canarias y Mauritania.

El vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP, Manuel Domínguez, valoró el pacto porque «entendemos que, de una vez por todas, y aunque haya nacido por el grito de otro país, Canarias vive una situación sumamente compleja y no puede seguir esperando a que la solidaridad sea la respuesta a un gravísimo problema». Por su parte, el portavoz de NC, Luis Campos, tildó de «decepcionante» el acuerdo europeo ya que las personas migrantes son tratadas como «mercancía», así como por la externalización de las fronteras «a países que vulneran los derechos humanos previo pago de cantidades multimillonarias».