«Europa me ha pedido: profundicen ustedes en la independencia del poder judicial; es decir, hagan ustedes una nueva ley para que de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce jueces y magistrados los seleccionen jueces y magistrados, y los otros ocho, juristas de reconocido prestigio, lo hagan las Cortes Generales. Pues yo estoy dispuesto a eso que es lo que manda Europa y a renovar los miembros actuales del CGPJ. Creo que es bastante razonable» explicó Alberto Núñez Feijóo el pasado 19 de diciembre en su entrevista con el periodista Pedro Piqueras en Telecinco. Es pertinente, pues, conocer qué es lo que, usando las mismas palabras del presidente del Partido Popular, le «pide Europa» en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el informe sobre el Estado de Derecho 2023 elaborado por la Comisión Europea, en el capítulo dedicado a España, se señala: «No ha realizado ningún avance en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y a, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas».
A continuación, el informe apunta lo que se le «pide» a España -usando las palabras de- desde la Comisión Europea a España: «Proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial».
Recomendación antigua
Esta descripción del informe del año 2023 recuerda también que ya en 2022 la Comisión Europea recomendaba a España que «proceda a la renovación del CGPJ con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia».
Según el informe 2023, «el CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018, aumentando las preocupaciones mencionadas en anteriores informes sobre el Estado de Derecho». Subraya que «la falta de renovación del CGPJ está afectando negativamente la labor del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto» y recuerda que «el CGPJ nombró a dos miembros del Tribunal Constitucional con cierto retraso -María Luisa Segoviano y César Tolosa- «al sustituir a dos miembros que le correspondía -Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez-.
Primer resumen: Europa pide que se renueve de manera urgente el CGPJ cuyo mandato está vencido desde diciembre de 2018. Sus vocales fueron elegidos por ley para un mandato de cinco años en 2013 y ya han superado los diez años. Al hacer una separación entre la renovación «prioritaria» y la elaboración de un nuevo sistema de nombramiento de vocales, Europa está diciendo desde hace años: renueven ya con la ley vigente y, en todo caso, elaboren después un nuevo sistema que se adapte a las normas europeas.
Renovación con el sistema vigente
Fue este pacto el que alcanzaron en sus negociaciones el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el encargado de negociar por el PP, Esteban González Pons, antes de finales de octubre de 2022. Dicho acuerdo, que ya se había hablado en las conversaciones entre Bolaños y el número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, señalaba que la prioridad era la renovación con el sistema vigente y al tiempo la constitución de una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados del nuevo sistema de nombramientos para pronunciarse en el plazo de seis meses. El nuevo sistema se aplicaría en la siguiente elección, es decir, dentro de cinco años, que es el plazo por el que se nombrarían los vocales al renovarse inmediatamente el CGPJ.
Feijóo, pues, entremezcla la recomendación «prioritaria» de renovación con el sistema vigente que realiza la Comisión Europea con la reforma futura del sistema. Y coloca el carro delante de los caballos. Pero, es que, además, malinterpreta gramaticalmente lo que afirman los informes europeos. Dice Feijóo que Europa le «pide»: Hagan ustedes una nueva ley para que de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los doce jueces y magistrados los seleccionen jueces y magistrados». Pues no. Lo que «pide» no es que a «los doce jueces y magistrados los seleccionen jueces y magistrados», sino que la «reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados tenga en cuenta las normas europeas sobre la materia».
Hay una diferencia -que en España siempre ha sido objeto de debate- entre lo que interpreta Feijóo y lo que dice la Comisión Europea. Feijóo dice que Europa pide que los doce vocales jueces sean elegidos por jueces y magistrados. Sin embargo, lo que pide es que sean elegidos «entre» jueces y magistrados. Una cosa es que los jueces y magistrados que vayan a ser vocales sean seleccionados «por» jueces y magistrados y otra que sea elegidos «entre» jueces.
¿Qué dice el artículo 122.3 de la Constitución?
«El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Es decir: «Doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales». No «por» jueces y magistrados.
En el sistema vigente en España, reformado por José María Aznar, y asumido con correcciones del ministro Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, los jueces y magistrados seleccionan a través de las asociaciones judiciales, la terna que luegoes sometida al Congreso de los Diputados y al Senado. Rajoy, que introdujo la posibilidad de que jueces y magistrados pudieran presentarse al margen de lo que recomiendan las asociaciones judiciales, no modificó la estructura de este sistema, calificado de «mixto» cuando tenía mayoría absoluta.
Y aparte de lo que plantean los informes sobre el Estado de Derecho, ¿cuáles han sido las observaciones del comisario europeo de Justicia Didier Reynders?
Ya en septiembre de 2022 en una visita a Madrid, conminó al Gobierno, a los diputados y a dos asociaciones de jueces a acometer con urgencia la renovación del CGPJ. Primero, dijo el comisario, ha de renovarse con rapidez el CGPJ en funciones y posteriormente reformar el sistema de elección. Esteban González Pons, tras mantener una reunión con Reynders, señaló: «Él me ha pedido renovar inmediatamente y reformar el modelo. Negociémoslo todo a la vez».
El pasado 10 de octubre, Reynders insistió en que era prioritaria para el nuevo Gobierno, cuya formación se estaba negociando, la renovación inmediata del CGPJ.
Esa orientación la volvió a expresar el comisario el pasado 4 de diciembre.
Inviable
«Mi experiencia es que los procesos de reforma son más largos que una sencilla, si se puede decir sencilla, renovación del CGPJ», señaló en una rueda de prensa en Bruselas con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños. Reynders, en efecto, conoce que los nuevos vocales del CGPJ ya pasaron el proceso y solo quedaba proceder a su elección en las cámaras.
Ahora, el lobi de González Pons, un hombre con buenas y muy próximas relaciones personales con Reynders, tras largos años en en el Parlamento Europeo -al que aspira a volver en las próximas elecciones de junio de 2023- consiguió introducir un matiz en la posición del comisario. «Si el dialogo entre los partidos conduce a una propuesta [de reforma] compatible con los estándares europeos y permite la renovación rápida del CGPJ, la Comisión lo examinará», señaló.
Feijóo se proponía «aguantar» el bloqueo a la renovación hasta llegar al Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales. Ahora mantener ese bloqueo cuatro años más parece inviable. Aun así, sigue arrastrando los pies ante la renovación, habida cuenta del calendario electoral de 2024 (gallegas, europeas y vascas) y la tramitación de la ley de amnistía en paralelo a su rivalidad con Vox.