Una patrulla de la Guardia Civil acompañó en mayo de este año a un vecino de Pina de Ebro a casa de sus padres para que recogiera sus enseres personales, ya que contra él se había dictado una orden de alejamiento con respecto al citado domicilio. Allí le intervinieron casi 40 gramos de anfetaminas que custodiaba en el congelador a los que en el posterior registro domiciliario se sumaron 161 gramos de cannabis picado y otros tantos de hachís y éxtasis. Ayer, S. Z. G. reconoció los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de un año y medio de cárcel como autor de un delito contra la salud pública con la concurrencia de las atenuantes de drogadicción y cooperación y reconocimiento de los hechos.
Estos fueron los términos del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa ejercida por el letrado Diego Romero, y que también incluye el pago de una multa de 500 euros con responsabilidad personal de 15 días en caso de impago. La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado José Ruiz Ramo, es firme y la sala no se opuso a la suspensión de la pena en el caso de que el ahora condenado carezca de antecedentes y no delinca en un plazo de dos años.
Los hechos referidos se remontan al 4 de mayo de este año, cuando varios agentes del Instituto Armado acompañaron a S. Z. G. a casa de sus padres para que recogiera sus enseres personales. A lo largo de este acompañamiento, le intervinieron 37,63 gramos de anfetaminas que guardaba en el congelador y cuyo valor ascendía a mil euros en el mercado negro. Ante esta situación, los guardias civiles procedieron a su detención y fue entonces cuando el detenido les entregó una bolsa con 161 gramos de cannabis picado, 17 gramos en cogollos de cannabis, 20 gramos de hachís y un gramos de éxtasis. Todo ello lo hizo voluntariamente, tal y como quedó rubricado en el escrito de calificación que la Fiscalía modificó ayer con motivo del acuerdo. También quedó reflejado que presentaba una ligera disminución de su capacidad volitiva por el resultado positivo en anfetaminas y cannabis de la muestra de orina.
Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 3.000 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.
