El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aprovechado su comparecencia este jueves en el Congreso para volver a defender la labor de los jueces, de los que dijo que podrán contar con el Gobierno, y con su ministerio en particular, «para hacer su trabajo sin injerencias y ningún tipo de descalificación».
Durante su intervención en la Comisión de Justicia ha vuelto a apelar al PP para que se llegue a un acuerdo que permita renovar de una vez el Consejo General del Poder Judicial, ya que la actual situación se da una triple anormalidad: constitucional, europea y de funcionamiento del propio servicio público de Justicia.
«Quien cometa algún tipo de injerencia o descalificación me tendrá enfrente», ha subrayado durante su intervención inicial, a lo largo de la cual ha insistido en que el Estado de derecho «necesita separación de poderes» y que ello precedía que se respete el trabajo de los jueces y sus resoluciones.
Según el ministro la separación de poderes y la autonomía de sus instituciones «también se practica» y en este punto ha vuelto a apelar al PP para que se llegue a un acuerdo que permita renovar de una vez el órgano de gobierno de los jueces «mejorando su funcionamiento y garantizando su imparcialidad».
Situación del Supremo
Sobre este asunto, Bolaños se ha detenido en la situación creada por la falta de nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial –consecuencia de la reforma de 2021 que le impide designar plazas en la cúpula judicial–.
Así, ha recordado que solo en el Supremo existen hoy en día 23 vacantes sin cubrir, y que por cada año que no se renueva el órgano se acumula un retraso en el dictado de 1.000 sentencias. La situación, además, tiene un coste por los refuerzos que se precisan en juzgados y tribunales, que es de 10 millones de euros a los que hay que añadir otros 2,5 millones en refuerzos del gabinete técnico del Supremo.
«Renovar es una obligación de todos los grupos que estamos aquí -ha insistido ante los diputados- Devolvamos la normalidad al Consejo porque no es una opción, es una obligación, ninguna de las 30 excusas dadas hasta ahora tienen ningún sentido y creo que es posible y está escrito».
En este punto ha mostrado su confianza en que la situación pueda desbloquearse tras el encuentro de este viernes entre el presidente Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, o en la «comisión de trabajo» apuntada por el propio presidente del Gobierno para la consecución de pactos de Estado.
Uso del catalán
Aunque no está aún habilitado el sistema de traducción de las comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Lucas, autorizó al representante de Junts utilizar el catalán, al considerar un derecho el uso de las lenguas cooficiales. Ello motivó la crítica del PP.
La diputada de ERC, Pilar Vallugera, aseguró que viendo la intervención de los diputados del PP consideró “evidente que no quieren” y, por tanto hará su intervención en catalán, aunque no la lleva escrita. La de Junts traducida al castellano y que aportó por escrito será la que se incorpore al diario de sesiones.
