El objetivo del Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) es el siguiente: comprar 575 millones de acciones de Telefónica, un 10% de su capital. ¿Su valoración? 2.114 millones de euros según la valoración bursátil, a razón de valorar cada acción en 3,677 euros. ¿Cómo lo hará? Tiene tres escenarios.
El primero y más improbable: lanzar una oferta de una sola vez por la compra de acciones por ese capital. El segundo, con más opciones: ordenar a un banco de inversión ir comprando paquetes de Telefónica hasta llegar al 10%, en un proceso que duraría unos pocos meses. El tercero: ir comprando lentamente acorde con la capacidad financiera de la Sepi, en una operación de larga duración. El volumen medio de negociación de Telefónica es de 15 millones de acciones diarios. Cualquier intervención de la Sepi debe generar un volumen muy superior de negociación para poder equilibrar la oferta con la demanda. Fuentes del sector asumen que la segunda opción podría realizarse en seis meses como máximo y la tercera podría tardar hasta un año u medio.
Este cómo y cuándo es la gran incógnita de la operación que volverá a convertir al Estado en accionista de la compañía de telecomunicaciones 27 años después de su privatización. En el mercado se recuerda que nunca se hubiera anunciado la intención de comprar la participación de una compañía cotizada en esos términos.
Los números de la Sepi no engañan. En 2022, indicó tener una capacidad inversora de 213 millones, una cifra de negocio de 5.252 millones y unos beneficios netos de 43 millones. El 37% del negocio lo aporta Correos y un 26% el grupo Navantia. Los grandes activos de la Sepi dependen del valor de sus participaciones en las empresas que controla mayoritaria o minoritariamente. Cualquier operación de venta o reestructuración de cartera le permitiría obtener los recursos suficientes para la operación Telefónica. Solo en el caso de las que cotizan: el 4,12% de Airbus vale 4.449 millones; el 20% de Redeia está valorado en 1.612 millones; el 27,99% de Indra son 690 millones; el 2,52% de IAG vale 231 millones y el 5% de Enagás vale 205 millones. En total: 7.187 millones. A través de otros instrumentos, el Estado controla el 51% de Aena (12.477 millones) y un 17,3% de CaixaBank (5.195 millones).
Que el Estado se quede con un 5% -esta era la estimación inicial- o acabe llegando al 10% dependerá de si el grupo de telecomunicaciones saudí puede ejecutar la opción de compra del 5% que elevaría su participación del 4,9% al 9,9%. Por ahora, su intención se mantiene. Ninguno de los otros dos grandes accionistas españoles tiene la intención de vender. BBVA controla un 4,83% y el grupo Caixa a través de CaixaBank (3,5%) y de Criteria (2,5%), participada por la Fundación Caixa, tiene el 6%. Su intención es ir reduciendo su participación en CaixaBank y aumentar la de la Fundación. El objetivo sigue siendo generar ingresos vía dividendo de Telefónica, que ha repartido 0,3 euros brutos por acción este año. En total: 1.725 millones.
Caso de que todos los pronósticos acaben cumpliéndose, habría tres grandes grupos de accionistas: STC, 9,9%; BBVA y Caixa con un 10,85%, y el Estado con un 10%. Todos ellos, con miembros en el Consejo. ¿Es prematuro pensar que los dos grupos españoles y el Estado puedan actuar bajo una sola voz? Sí, los intereses pueden ser distintos. Detrás de la estrategia de la entrada del Estado se encuentra apuntalar a Telefónica como un agente destacado en la consolidación del sector de la información y la defensa en España. Una operación con o de la mano de Indra, está en su horizonte.
¿Y el futuro del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete? A estas horas, no se discute. Como patrono de la Fundación la Caixa tiene el visto bueno de su presidente, Isidro Fainé. Su papel, en plena transformación tecnológica y corporativa de la compañía, con un ERE anunciado sobre 5.000 empleados, es ahora mismo indiscutible.
En medio de la batalla por el control accionarial de la empresa un pero. Al principio de este siglo, Telefónica era la empresa española más valorada en los mercados: 90.000 millones. Hoy es la duodécima; vale 21.114 millones, un 76,54% menos. Y el valor de la acción, por el que STC anunció que había pagado 3,75 euros en septiembre, vuelve a estar por debajo de este precio. ¿Pretenderá algo más el Gobierno?
