El Gobierno de Irlanda ha confirmado este miércoles que llevará al Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la polémica ley de amnistía en Irlanda del Norte. El texto, aprobado en el Parlamento británico el pasado septiembre, contempla el perdón para todos los miembros del Ejército y de grupos paramilitares que colaboren en la investigación de los crímenes cometidos durante más de 30 años de violencia sectaria entre unionistas y republicanos. El Ejecutivo de Dublín sostiene que la ley va en contra de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que impide amnistiar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de tortura.
«Lamento que nos encontremos en una situación en la que haya que tomar esta decisión», ha señalado el viceprimer ministro irlandés (Tánaiste), Micheál Martin. «La incorporación del Convenio Europeo de Derechos Humanos a la legislación de Irlanda del Norte es un requisito específico y fundamental del acuerdo del Viernes Santo. Desde que se presentó por primera vez la legislación británica, el Gobierno ha sido coherente al afirmar que no es compatible con este convenio», ha añadido. El Ejecutivo irlandés sostiene que la ley de amnistía ha dinamitado los acuerdos de Stormont, firmados en 2014, que incluían la creación de una comisión transfronteriza independiente.
Rechazo mayoritario
Desde su aprobación, la norma ha contado con el rechazo casi unánime de todos los actores implicados, entre ellos los principales partidos de Irlanda del Norte, las asociaciones de víctimas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el propio Gobierno de Irlanda. «Nos preocupan las disposiciones que permiten la concesión de inmunidad y que cierran las vías existentes hacia la verdad y la justicia en casos históricos, incluidas las pesquisas, las investigaciones policiales, las investigaciones del Defensor del Pueblo y las acciones civiles», ha indicado Martin.
Se calcula que cerca de una tercera parte de los más de 3.500 asesinatos cometidos en los años de los ‘Troubles’, entre 1968 y 1998, todavía no han sido resueltos. El Gobierno británico argumenta que es muy difícil que las personas implicadas rindan cuentas ante la justicia 25 años después del fin del conflicto y sostiene que la creación de la Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de la Información (ICRIR, en sus siglas en inglés) servirá para poner luz sobre lo ocurrido, aunque sin consecuencias penales. La amnistía no afecta a los procesos judiciales que ya están abiertos ni a las personas que ya han sido condenadas.
