La política de asignación de asuntos de la Fiscalía a examen. El vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, ha solicitado por escrito que este órgano consultivo aclare por qué al fiscal a quien tocaba por turno la investigación -ya archivada- por la supuesta financiación venezolana de Podemos fue apartado de la causa y, de hecho, ni siquiera supo que le había alguna vez correspondido. El asunto fue asumido directamente por el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal jefe, Jesús Alonso, quienes se opusieron a estas pesquisas y lograron mediante recursos que la Sala de lo Penal terminara archivándola.
La decisión de apartar al fiscal natural ha salido a la luz de forma casual, cuando Viada, que es fiscal en el Tribunal Supremo, se dirigió al fiscal Vicente González Mota (a quien debería haber correspondido el caso) para instruirse antes de informar a favor o en contra de la admisión de una reciente querella presentada por Podemos contra el juez Manuel García-Castellón. Su juzgado, el Central 6 de la Audiencia Nacional, abrió la causa por la supuesta financiación basándose en unos documentos que decía tener en su poder el ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, quien por entonces trataba de evitar su extradición a Estados Unidos.
Esta investigación fue archivada finalmente en marzo de 2022 por la Sala de lo Penal por ser considerada «prospectiva», y la formación morada la considera un claro caso de ‘lawfare’. Por esta razón, y por sus decisiones en otra causa que afectó a Podemos, el denominado ‘caso Dina’, los de Ione Belarra atribuyen a García-Castellón y a su juez de refuerzo Joaquín Gadea prevaricación judicial, revelación de secretos y la omisión del deber de perseguir delitos.
Viada quería consultar al fiscal del caso por este asunto antes de presentar su informe en el Tribunal Supremo, pero González-Mota le dijo que «no sabía nada» de ese tema. Tras constatar este hecho y que el asunto fue llevado directamente por sus jefes, Viada se ha dirigido al Consejo Fiscal señalando que ignora si se le dio cuenta de dicha avocación, tal y como obliga el Estatuto que regula la actuación del Ministerio Público.
«Me sorprende que el fiscal a quien le correspondía el asunto desconociera que el mismo le había sido asignado a otro compañero», añade Viada en su escrito al Consejo Fiscal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Recuerda igualmente que el artículo 23 del mencionado estatuto exige, «como una de las garantías de imparcialidad para los fiscales», que si hay discrepancia con el fiscal afectado en el caso de una avocación, ha de resolver el superior jerárquico, es decir, en ese caso, la fiscal general del Estado del momento, Dolores Delgado.
«Pero no puede haber discrepancia sin no se comunica el hecho al fiscal encargado», apunta. También recuerda que de todas las sustituciones hay que dar cuenta al Consejo Fiscal, por lo que cree que «puede haber un problema con las comunicaciones al Consejo Fiscal de avocaciones de asuntos por parte de los fiscales jefes». En fuentes de la Fiscalía General se han limitado a señalar a este periódico que no se ha «detectado ningún supuesto de avocación en ese concreto asunto«.
Miguel Ángel Blanco y Montoro
Se da la circunstancia de que González-Mota fue objeto recientemente de una doble investigación -ante el Supremo y otra de corte disciplinario, por vía interna– por presunta revelación de secretos en el marco de la polémica generada por la prescripción en el ‘caso Miguel Ángel Blanco’, a la que este fiscal se oponía. Se abrieron tras trascender en prensa las discrepancias con su jefe por este asunto, pero todo resultó finalmente archivado el pasado mes de marzo.
Otra de las decisiones relativas al reparto de asuntos entre fiscales que está pendiente de llegar al Consejo Fiscal es la que afecta a la fiscal Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades de Equipo Económico, el despacho fundado por el que fuer ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Tal y como informó este diario, el órgano consultivo debe tomar conocimiento de la decisión que ha adoptado el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, de apartar la fiscal Carmen García Cerdá de parte de las pesquisas sobre las actividades presuntamente delictivas del despacho que investiga el juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus. La parte de la instrucción afectada tiene que ver con posible delito de revelación de secretos por el uso por parte de este despacho de sus influencias en el Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes.
