Más de 200 entidades sociales defensoras de los derechos humanos han presentado este martes un manifiesto en contra la propuesta del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que se está pendiente de aprovarse en los próximos días en la Unión Europea. «Este plan va a limitar y restringir los derechos humanos«, ha lamentado la abogada Loueila Mint el Mamy, recientemente premiada por el Ministerio de Igualdad. «Han ganado los malos, las posiciones más conservadoras, el enfoque securitario que ve a las personas como una amenaza, no sujetos de derechos», ha añadido la activista y comunicadora Sonia Ros.
Las entidades defensoras de derechos humanos en España sintetizan los agravios del pacto en 10 puntos. El primero es la creación de fronteras de ficción. Es decir, que cuando una persona pise suelo europeo tendrá que pasar por un procedimiento previo en zonas remotas parecidas a las detenciones, sin acceso a asistencia jurídica, médica o psicosocial. Esto implicará también que los refugiados que quieran pedir asilo lo harán de forma más «acelerada» y «con menos garantías legales«, también con niños y familias vulnerables. Una medida que, según los abogados y activistas, vulnera el principio de no discriminación y los derechos humanos.
De hecho, el texto, según dicen los firmantes, obligará a los migrantes a permanecer en condiciones de privación de libertad durante un tiempo que podría llegar hasta los seis meses. «La propuesta prevé detenciones de hasta familias y niños a partir de seis años», dice el documento de las oenegés, que ven, no tan solo una vulneración de los derechos humanos, también «un impacto devastador en la vida y la salud». Además, rechazan el «reglamento de crisis», que prevé el pacto. «Permitirá a los estados incumplir sus obligaciones de acogida y ampliar las derogaciones de asilo en situaciones concretas».
Países seguros y reparto voluntario
Otro tema espinoso son las devoluciones de migrantes a terceros países seguros. Cada país decidirá cuáles son los países seguros, y según qué criterio. «Que nos digan que Túnez y Libia son países seguros para los migrantes es una falacia», ha dicho Ros, que ha pedido, al menos, criterios básicos para definir qué es y qué no es un país seguro donde se les puede deportar. Los activistas también critican que las reubicaciones de los refugiados por todos los países de Europa (y no solo al país que llegan) sea una decisión voluntaria y no obligatoria.
El pacto, según este colectivo de defensores de derechos humanos, refuerza el papel de la agencia Frontex para controlar el flujo de las fronteras y «criminalizar» a las personas acusadas de trata de seres humanos. «Lo hemos visto en Canarias, que al final son pescadores que también optan por migrar», ha dicho la letrada Mint el Mamy.
Ni rastro de vías seguras
«Si queremos acabar con las mafias necesitamos vías legales y seguras, que las personas puedan acudir a las embajadas de los países europeos, pedir asilo y sean transportados a Europa con permisos y de forma segura», ha explicado Mint el Mamy, acostumbrada a defender migrantes en las Islas Canarias. «Son estas políticas restrictivas y criminalizadoras las que hacen que existan las mafias», ha insistido, exponiendo casos que se ha encontrado recientemente en las islas. «Es lo único que no prevé el pacto, de lo que no se habla… ¿Qué hacemos para que la gente no se muera, no se juegue la vida para vivir en paz?», ha lamentado Ros.
Sin embargo, según estas oenegés, hay espacio para la esperanza. Primero, porque algunos de estos preceptos van en contra de la legislación española, que es más garantista, y para hacerse efectivo deberán modificarse las leyes. Pero sobre todo, según ha expuesto Mint el Mamy, es que muchas de las políticas migratorias terminan por no aplicarse. «Quedan sobrepasadas: ocurrió en Canarias. Han llegado 35.000 migrantes y solo tres han sido devueltos», ha sentenciado la jurista.
