La presidenta del Congreso, Francina Armengol, no parece tener ninguna intención de llamar al orden a aquellas señorías que, como Miriam Nogueras, suban a la tribuna de la Cámara a atribuir delitos de prevaricación a jueces y fiscales citados por su nombre y apellidos. Así lo transmitió ayer durante la reunión de la Mesa del Congreso ante la protesta de los miembros del PP, que le afearon su inacción el martes de la semana pasada mientras la portavoz de Carles Puigdemont desplegaba un rosario de descalificaciones contra los jueces que han llevado causas relacionadas con el desafío soberanista de los que dijo que debían ser cesados y condenados. Todo ello ocurrió con una Armengol impertérrita ante las graves acusaciones vertidas contra una de las instituciones básicas del Estado de Derecho, la Justicia.
Pero la presidenta de la Cámara Baja justificó en la reunión de ayer de la Mesa que no tiene intención de «pasar el tiempo censurando a los diputados» y que son éstos los que «tienen que bajar el tono y usar un lenguaje más respetuoso», según indican fuentes asistentes a dicha reunión. Asimismo, defendió que forma parte de sus prerrogativas llamar o no la atención de sus señorías, «sin admitir sugerencias al respecto».
La presidenta del Congreso no va a «pasar el tiempo censurando a los diputados»
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, llegó a dirigirse por escrito a Armengol para solicitar se retiraran el Diario de Sesiones lo que calificó de “graves ofensas” contra los jueces, incluyendo también las alusiones de Félix Bolaños, a vocales del Consejo General del Poder Judicial, de quienes dijo que estaban «a sueldo del PP», por emitir un informe en el que no consideraban a Álvaro García Ortiz idóneo para el cargo de fiscal general del Estado. En puridad, la alusiones no se borran del Diario de Sesiones, sino que se hace constar que se ha solicitado dicha retirada.
Armengol sí se avino, en cambio, en otros plenos a retirar algunas alusiones ofensivas, como las que pronunció la diputada de ERC Teresa Jordá el 29 de septiembre contra el Rey y la policía -a la que aludió con el término de piolines-, pero lo hizo tras una protesta de la popular Cuca Gamarra y a cambio de retirar otras de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez al que calificó de «corrupto» y de «villano».
Lo cierto es que la intervención de Nogueras, su afirmación sobre la existencia de lawfare destinada a perseguir al independentismo, provocó un gran tsunami, para empezar, que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, anulara una entrevista con Bolaños -que finalmente se celebrará este jueves tras dos cambios de fecha- o que el Tribunal Constitucional defendiera, por unanimidad de todos sus miembros, sin distinción ideológica, a la magistrada Concepción Espejel de los ataques recibidos. Unas afirmaciones que hicieron cambiar incluso el discurso del presidente del PPE, Manfred Weber, en el pleno de Estrasburgo del pasado día 13 coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez.
Advertencia de Manfred Weber
Los populares europeos iban a afear a Sánchez su ley de amnistía y la figura del verificador internacional de Ginebra, pero pusieron el acento en el ataque a la Justicia y a la división de poderes. De hecho, Weber amenazó con la creación de una comisión de investigación si proseguían esas arremetidas y se sometían las decisiones jurisdiccionales de jueces y fiscales a examen del Parlamento.
Y eso es precisamente lo que pretende el independentismo en las dos comisiones pactadas en la Cámara Baja sobre la denominada «policía patriótica» y el caso Pegasus y una tercera sobre los atentados de Barcelona de agosto de 2017. «Si esto se aprueba hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar muy de cerca lo que pasa en España«, avisó el jefe de los populares europeos el pasado día 13 en Estrasburgo.
Bolaños corrige a su socios y afirma que los jueces no tienen obligación de comparecer en el Congreso
Este martes, el ministro Bolaños ha intentado cerrar las vías de agua que tiene abiertas con el mundo de la Justicia, señalando, contra el criterio de sus socios parlamentarios, que las comisiones de investigación «no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales». Además, jueces y fiscales no tienen obligación de comparecer en las comisiones de investigación del Parlamento, ha subrayado, y su conocimiento de los procedimientos investigados «es justo lo que la ley prohíbe que se pueda revelar». En definitiva, dicha presencia no tendría «ninguna utilidad». Esto obligará al PSOE a votar en contra de la lista de comparecientes que presenten sus aliados parlamentarios de Junts, ERC, Bildu y el PNV.
Quien ha tenido que rectificar sus palabras sobre la lawfare ha sido el ex presidente de la Junta de Extremadura y senador popular, José Antonio Monago, quien hace una semana arremetió en la Cámara Alta contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada a cuenta de la sentencia de la primera etapa de la Gürtel. En la misma, el magistrado dio por probada la financiación ilegal del PP, aunque no fuera ese el objeto ni del juicio ni de la sentencia. Condenada Génova en calidad de partícipe a título lucrativo en las campañas de las localidades madrileñas de Boadilla y de Majadahonda, aquello acabó sustanciándose, políticamente, con la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018.
Monago, obligado a rectificar sus palabras sobre la lawfare contra el PP por la sentencia de la Gürtel
Monago afirmó en el pleno del día 12 -aunque la polémica ha estallado ahora- que «el mayor caso de ‘lawfare’ que se ha conocido en la historia política de España, bueno, lo mecieron ustedes. Porque un juez, el juez de Prada, introdujo en una sentencia un párrafo a propósito de la sentencia sobre la ‘Gürtel’, que provocó la caída del Gobierno del señor Rajoy». Unas palabras que crearon un profundo malestar en Génova por desacreditar su estrategia de defensa de la Justicia y negación de una red corrupta judicial, que es a lo que alude el término heredado de los populismos iberoamericanos, que también usan miembros del Gobierno empezando por el presidente, Pedro Sánchez.
Por ello, este martes, en declaraciones a Europa Press, el dirigente popular rectificó al afirmar que «creo firmemente en la independencia judicial» por lo que «no tenía que haber hecho esa alusión a ningún juez, en este caso al juez De Prada, y que por lo tanto era desafortunada la referencia que hice en torno al ‘lawfare'».
