La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado, Javier Padilla, han mantenido este lunes una reunión con diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para empezar a trabajar la agenda legislativa encaminada a recuperar la universalidad de la sanidad. Un primer encuentro, informa el Ministerio, que tiene por objetivo las aportaciones sobre los aspectos de la ley de equidad «que pueden ser mejorables» en materia de cobertura sanitaria universal. «Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo», ha declarado la ministra.
A la reunión, que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad, han asistido Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Fundación Civio, Médicos del Mundo, Movimiento Regularización Ya, Plataforma Tercer Sector, Salud por Derecho, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), CESIDA, SOS Racismo y Yo Sí Sanidad Universal.
Pilar del estado de bienestar
sus demandas y apreciaciones
Si la sanidad públicaEn la reunión, la titular de Sanidad ha querido enfatizar que se trata de «un motor que impulsa la igualdad, la cohesión social y el desarrollo económico de nuestro país. Por eso, es terrible que durante la década pasada se entendiera la universalidad no como un motor, sino como una carga. Y en lugar de preservarla y ensancharla fuimos testigos en el año 2012 de cómo acababan con ella«.
La exclusión sanitaria
«Esta reunión tiene como objetivo poner en común los siguientes pasos a dar, pero sobre todo pretende ser un reconocimiento a la labor, la resistencia y el compromiso de todos estos años. Este ministerio quiere trabajar codo con codo con las organizaciones que llevan años pensando y trabajando como mejorar nuestro sistema sanitario», ha expresado la ministra.
Por último, Mónica García ha remarcado que «la exclusión sanitaria, especialmente de colectivos vulnerables como la población migrante, no solo afecta a los individuos excluidos, sino que representa un fracaso en nuestro compromiso con la universalidad y la equidad«.
De esta manera, ha finiquitado la ministra, el objetivo de su departamento es «terminar de cerrar la herida abierta en 2012 y blindar un sistema sanitario que garantice la cobertura universal, equitativa y de calidad para cada persona en nuestro país«.
Sin asistencia
Un estudio publicado por Cáritas en septiembre de este año, reflejaba cómo muchos inmigrantes en situación irregular no tienen acceso en España a asistencia sanitaria. El informe revela dos grandes problemas: el acceso a los medicamentos -un 57% de migrantes viven en hogares donde la precariedad económica les obliga a renunciar a la compra de ciertos fármacos– y al propio sistema.
Cáritas subrayaba que, a pesar de la modificación operada en la normativa de acceso a la atención sanitaria con el Real Decreto 7/2018 que derogaba el Real Decreto 16/2012, las personas en situación administrativa irregular, según los territorios, tienen «muchas dificultades» para ver reconocido ese derecho que, tras la reforma, «ha quedado al arbitrio de la normativa autonómica«.