El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga el caso Soule en el que está imputado el expresidente de la Federación Española de Fütbol Ángel María Villar, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe si durante los registros se requisó documentación sobre el supuesto desvío de más de cuatro millones de euros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que se destinaron a la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (Mupresfe) y a la Federación Catalana de Fútbol (FCF).
En un auto de 27 de octubre, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, el magistrado reclama numerosa documentación a la UCO a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que un día antes le había pedido que requiriera a la Policía Judicial todas estas pruebas.
En concreto, tanto la Fiscalía como el magistrado pretenden tener acceso de «toda la documentación disponible» en relación a una subvención de 385.248 euros otorgada por la RFEF a la catalana «para la compra de un local en Cornellá». Datos como, por ejemplo, «el talón» que tendrían que haber enviado. También sigue la pista el juez a otros 153.181 euros remitidos en 2012 por la Federación.
Varias subvenciones
El magistrado también especifica a la UCO que debe buscar otros documentos sobre varias subvenciones. Una de 100.000 euros otorgada en agosto de 2013 por la RFEF a la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles (Mupresfe) para hacer obras en un inmueble de la Calle Ronda Sant Pere, en Barcelona; y otras dos, por alrededor de 432.000 euros, que se tranfirieron con destino a un edificio situado a la Calle Sicilia. Otro abono pago bajo sospecha, este de 269.725 euros, se asignó a una sede en Tarragona.
Finalmente, el juez reclama a la UCO documentación de tres préstamos aprobados a la Federación Catalana, tras avalarlos la RFEF, por importes de 1.296.000 euros, 1.200.000 euros y 1.000.000 euros, respectivamente. El primero de ellos, para la compra de la sede de la Calle Sicilia, en Barcelona.
Lo niegan
Sin embargo, la RFEF siempre ha defendido que «pagó lo acordado como ayuda para la construcción de la sede, y fue justificado mediante las facturas correspondientes”.
Por su parte, la Federación Catalana también ha negado cualquier irregularidad, al mismo tiempo que ha justificado el traspaso de partidas de la Mutualidad de los Futbolistas (Mupresfe) a sus arcas, tal y como adelantó Vozpópuli.
El fallecido exdirectivo del FC Barcelona Josep Contreras Arjona, vinculado al Caso Negreira como presunto comisionista, era el dueño de las empresas Tastavins SL, Radamanto SL y Trejan 2015 SL, que resultaron adjudicatarias de algunas de las obras abonadas con las subvenciones bajo sospecha.
Precio superior
En concreto, se investigó «el precio de la contratación» de esas sociedades para determinar «si podría ser muy superior al mercado, algo que hubiera incrementado el beneficio del señor Contreras en detrimento del patrimonio federativo», indica un auto de 2 de febrero de 2022, adelantado por esta redacción.
Esta resolución apunta después a la existencia de indicios de un supuesto acuerdo entre Contreras Arjona y el entonces presidente de la federación catalana, Andreu Subies i Forcada, para la entrega de «una contraprestación a este último» por las obras recibidas de la Federación y de la Mutua.
