Una jueza alerta al alcalde de Callosa de Segura que puede incurrir en un delito de obstrucción a la justicia

«Sorpresa»

La providencia está firmada por la jueza María Elena García Moreno el 16 de noviembre, y en esta ocasión le daba un plazo al municipio de diez días «improrrogables» para aportar la documentación. Un día antes la misma magistrada resolvía en un auto rechazar el recurso que el Ayuntamiento había interpuesto en marzo contra la petición de información. Y lo hacía mostrando su «sorpresa» por el hecho de los servicios jurídicos municipales no conocieran que la interposición de un recurso no suspende -al margen de cómo fuera resuelto- la obligación legal aportar esa documentación en 30 días.

«Treinta días es un plazo suficientemente amplio para realizar la consulta solicitada pese a lo cual aún no ha sido cumplimentada por la Corporación, habiendo transcurrido siete meses», señala textualmente la magistrada en el auto.

Disciplina urbanística

La denuncia señala que los funcionarios responsables de la disciplina urbanística en Callosa de Segura abrieron un expediente de restauración de la legalidad contra el ahora denunciante sobre una vivienda en el centro del casco histórico. Y el afectado denunció a su vez una serie de obras realizadas por particulares muy similares a la suya, aunque en suelo no urbanizable en la huerta, contra las que «sin embargo», dice la denuncia, el Ayuntamiento no habría actuado «de la misma forma, ni les ha tratado de la misma forma» con la apertura de un expediente de infracción en el casco urbano, que por otra parte, se ha archivado este año 2023 al legalizarse la actuación.

Según el equipo de gobierno las nueve parcelas a las que se refiere la denuncia se encuentran en la huerta y sí que cuentan con actuaciones municipales de infracción, mientras la casa sobre la que recae el expediente del denunciante está en el casco histórico, en una zona de especial protección arqueológica con lo que a juicio del gobierno local «son casos muy dispares».

Ministerio Público

La Fiscalía de Elche-Orihuela recibió esa denuncia del particular contra el Ayuntamiento. El Ministerio Público remitió a su vez al Palacio de Justicia el procedimiento instando al juzgado a que se abrieran diligencias de investigación porque de los hechos que se relataban podrían deducirse indicios de la comisión de delito contra la administración pública.

La jueza resolvió en un auto fechado el pasado 13 de septiembre de 2022 incoar diligencias previas y dirigió el procedimiento contra el alcalde Manuel Martínez en calidad de investigado.

En ese momento la jueza ya solicitó al alcalde y al Ayuntamiento de Callosa que remitiera en el plazo de quince días las referencias catastrales y las actuaciones y denuncias administrativas sobre posibles obras ilegales que recayeran sobre ellas «no pudiendo realizar investigaciones prospectivas», esto es, que no se iniciaran expedientes a raíz de abrirse el procedimiento judicial.

Solo los que había después de la denuncia

El Ayuntamiento envió al juzgado unos expedientes en los que solamente se incorporan informes realizados por los servicios municipales desde el 14 de diciembre de 2022, después del requerimiento judicial. El juzgado insistió en marzo e insiste ahora en que debe incorporar los expedientes anteriores, que son los que centran la causa.

Por eso la jueza en un nuevo auto fechado el 3 de febrero pasado consideraba que el municipio no ha dado cumplimiento a ese requerimiento y ha remitido información distinta a la solicitada.

«Revisados los expedientes -dice la juez- remitidos por la Corporación únicamente constan actuaciones realizadas a partir del día 14 de diciembre de 2022 habiendo sido requerido la documentación en noviembre, por lo que resulta necesario concretar si existían actuaciones anteriores y denuncias anteriores, que era lo que se solicitaba y las razones que justificaron la falta de actuación» municipal, indica el auto de la magistrada.

Posible prevaricación

En el nuevo auto además del delito contra la administración se añade una posible prevaricación. Se trata de una atribución del tipo penal orientativa. En la fase actual de instrucción, que es la inicial, el juzgado se limita a analizar hechos no a acusar por delitos.

Fuentes del equipo de gobierno del PP señalaron en marzo públicamente que tienen la certeza de que la administración local ha actuado ajustándose estrictamente a la legalidad, y en un dato que consideran relevante para la causa señalan que la denuncia ha sido interpuesta por un familiar directo de la exsecretaria municipal.

Parcelas rústicas

En ese momento, en marzo de 2023, el alcalde Manuel Martínez Sirvent señaló que la denuncia por la que es investigado «se centra en parcelas rústicas de la huerta muy alejadas del casco urbano que nada tienen que ver con las condiciones que deben cumplir las obras sobre suelo con protección arqueológica. No son en nada similares a la del familiar directo del denunciante» y vinculaba la difusión de la denuncia a la campaña electoral que comenzaba en ese momento. Martínez Sirvent revalidó la alcaldía y gobierna en minoría.

Según señaló el alcalde en aquel momento sobre la situación de los expedientes en dos «dos de las parcelas no hay construcción alguna, en otra hay construcciones legales». De las restantes una presenta obras del año 1998 que «estarían prescritas«. Otras tres tienen expedientes de disciplina urbanística tramitados en mandatos anteriores, y solamente dos de las nueve parcelas denunciadas han sido objeto de informe del inspector de obras en el mandato 2019-2023.

Dos parcelas

En esas dos parcelas el Ayuntamiento procedió a tramitar la disciplina urbanística desde la Concejalía de Obras, «abriendo los expedientes pertinentes tras los informes del inspector de obras y realizando los trámites pertinentes muchos meses antes de que llegara el auto del juzgado». La respuesta municipal niega también que «se haya iniciado ningún expediente a raíz de que llegara el auto del juzgado al Ayuntamiento».

El alcalde solicitó a los funcionarios que realizaran informes específicamente «contestando al juzgado sobre esas parcelas. Esos informes son los que se han realizado con posterioridad a la llegada del auto y no la tramitación de los expedientes de disciplina».

La jueza, insiste el alcalde, únicamente pide “concretar si existían actuaciones anteriores o denuncias anteriores” sobre las que no se haya actuado antes de la emisión del primer auto. «Esas actuaciones o denuncias sobre las que no se haya actuado o se haya actuado tras la llegada del auto no existen, por lo que estamos seguros al 100% de que en el momento en el que el Juzgado reciba todos los expedientes las diligencias previas serán archivadas». «La postura del Ayuntamiento que represento y de mí mismo, siempre va a ser la de colaborar con la justicia, ante quien estoy con total disposición y de total transparencia», según reitera el alcalde.