La actual legislatura estará marcada por la amnistía del ‘procés’, pero antes de que la ley sea una realidad y suponga el perdón de los condenados, pendientes de juicio o huidos de la justicia por promover la secesión unilateral de Catalunya, se está caracterizando por la máxima tensión que se está registrando en las relaciones entre el poder judicial y los otros dos poderes del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Y no tanto por la amnistía en sí, sino por las referencias al ‘lawfare’ (persecución judicial injustificada del adversario político) que incluía el acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez firmado entre el PSOE y Junts per Catalunya.
En ese acuerdo se anunciaba que las conclusiones de las comisiones de investigación que se acaban de constituir (Pegasus, cloacas del Estado y atentados del 17-A) serían tenidas en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía «en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». La referencia provocó la rápida reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de todas las asociaciones de jueces y de fiscales, incluidas las más afines al PSOE, Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aunque ambas han ido ya distanciándose de la crítica conjunta.
En el mundo judicial a nadie se le escapaba quienes eran los protagonistas involuntarios de la referencia del acuerdo, pero por si hubiera alguna duda la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, les puso nombres y apellidos: el expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Segunda y del juicio del ‘procés, Manuel Marchena, el instructor del ‘procés’ en el alto tribunal, Pablo Llarena, y la magistrada Carmen Lamela, que instruyó la causa que se siguió en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, de la que fue absuelto. También citó a la magistrada ahora del Constitucional Concepción Espejel, que en un voto particular se mostró partidaria de la condena del jefe de la policía de la Generalitat.
Sin embargo, por mucho que las comisiones constituidas pretendan poner en duda los pronunciamientos de la justicia, porque en la «Operación Cataluña» no vea materia para abrir un procedimiento o no cuestione la muerte del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty ni la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los atropellos de la Rambla o Cambrils, los jueces no tienen por qué acudir a las comisiones parlamentarias creadas.
Citación vetada
El presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, no lo pudo decir más claro en la entrega de los XVIII Premios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que organiza el órgano de gobierno de los jueces: “Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz«, porque los ataques al trabajo de los jueces minan la confianza de las víctimas en la justicia y eso aumenta su desprotección.
También afirmó que «ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional» y advirtió de que “iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación y que sin duda perturbaría la atención que el poder judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean”.
Guilarte se bastaba en el artículo 399 de la ley orgánica del poder judicial, que dice expresamente que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar (en el sentido de requerir, exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo) a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia«.
Ese artículo añade que «cuando una autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso». Además, «cuando se trate de auxilio o cooperación por razón de la función jurisdiccional se prestará sin tardanza, salvo que el acto a ejecutar no esté legalmente permitido o se perjudique la competencia propia del juez o tribunal. La denegación se comunicará a la autoridad peticionaria con expresión suficiente de la razón que la justifique».
Los jueces aludidos ya han tenido un ejemplo de cómo serán citados a declarar. El Parlament lo hizo en la comisión relativa al presunto espionaje con Pegasus con el juez del Tribunal Supremo responsables de supervisar al CNI, Pablo Lucas. La Cámara catalana le citó dos veces y cuando él excusó su presencia alegando la ley orgánica del poder judicial y que se le quería preguntar sobre información clasificada, se le apercibió y se le remitió una fotocopia del delito del Código Penal en el que podía incurrir con su incomparecencia. Para algunos de sus compañeros ello fue hasta ofensivo.
