La abogada María Massó Moreu, que ejerce la defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el juicio por su patrimonio que ha comenzado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid, ha asegurado ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Acevedo, que la denuncia que interpuso la Fiscalía contra su cliente y que dio inicio a la causa fue «mendaz». Al mismo tiempo, ha considerado que los hechos que narra el Ministerio Público son «contradictorios: dice una cosa y la contraria».
Además, esta letrada ha anunciado que solicitará la nulidad del auto de entrada y registro de la oficina de Rato, en la que se obtuvieron las pruebas contra Rato, al considerar que vulneró la inviolabilidad de la intimidad y el secreto profesional. Massó Moreu justifica esta reclamación al considerar que esa resolución se basa en dos documentos, en concreto el informe de riesgos fiscales y la denuncia del ministerio público, que adolecen de «falta de rigor».
Este viernes se ha iniciado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Rato, quien se enfrenta a una pena reclamada por la Fiscalía de 70 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Según los hechos de su escrito de acusación, que se buscan refrendar durante la vista, el también expresidente del FMI vendría manteniendo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
15 millones
La prueba reunida durante la larga instrucción de los hechos, que se inició en 2015, apunta a incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y ese mismo año por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. La Unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción fijó las cuotas defraudadas en un total de 7,4 millones de euros.
El exministro de Justicia se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal propiciada por Montoro, si bien también en este trámite omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagando a la Hacienda española 11.533 euros. De este modo, según Anticorrupción, habría utilizado la oportunidad de la amnistía como «vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior«.
