«El móvil no puede ser una actividad recreativa más en los centros». Así lo defendió ayer la consejera de Educación, Lydia Espina, que aboga ahora –hasta entonces no se había mojado– por limitar al uso pedagógico de los teléfonos en Secundaria y etapas sucesivas. Eso significa que los dispositivos también estarían prohibidos en recreos y comedores, como hará Galicia a la vuelta de las vacaciones de Navidad. «No me parece oportuno» que los alumnos los utilicen en estos espacios, puntualizó Espina, que convocó a los medios de comunicación para dejar clara su postura tras la Conferencia Sectorial del miércoles y la propuesta lanzada por el Ministerio de regular, a nivel nacional y fruto de la presión de las familias, los móviles en los colegios e institutos.
La idea que la ministra de Educación, Pilar Alegría, trasladó a las comunidades para debatirla en una nueva reunión en enero es la siguiente: prohibir móviles en Primaria y solo utilizarlos «bajo supervisión y demanda del profesorado» en Secundaria. Asturias, que respalda «abrir un debate y un diálogo constructivo» sobre los teléfonos en las aulas, está de acuerdo con la propuesta. Por un lado, dice que en Infantil y Primaria su uso es «residual, anecdótico», por lo que, en palabras de Lydia Espina, «no nos parece apropiado que ese alumnado tenga el móvil dentro del centro». Y por otro, en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas «defendemos un uso pedagógico, que esté guiado, planificado y programado por el docente». Todo lo demás quedaría prohibido, aunque Espina hizo ayer verdaderos equilibrios para evitar la palabra «prohibir» y de su boca solo salió «restringir».
En este sentido, la titular de Educación quiso aclarar que el Principado «siempre ha mantenido la misma posición» respecto a los móviles en los centros. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando el Gobierno central lo ha propuesto, cuando Asturias se ha mostrado receptiva a regular este asunto. A día de hoy, en la comunidad –y en casi todas– no existe una normativa autonómica sobre la utilización de los teléfonos en el ámbito escolar y se deja libertad de actuación a los centros. Aunque por fin parece que habrá una regulación nacional, Lydia Espina recordó en este punto que habrá que tener en cuenta la autonomía de gestión de los colegios y los institutos.
Mirando hacia fuera, tan solo Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla La Mancha tienen vetados en la actualidad los móviles en las aulas. La primera en hacerlo fue Castilla La Mancha en 2014. Después, en 2015, vino Galicia, que este mismo mes, por decisión del Gobierno popular de Alfonso Rueda, reforzó la medida, ampliando la prohibición después de Navidades a recreos, comedores y actividades extraescolares. En otras comunidades, como Canarias, Murcia y Cataluña, han empezado a dar los primeros pasos para implantar una regulación.
Todo lo anterior es fruto de la presión que están haciendo las familias a la vista de las alarmantes estadísticas. El INE publicó hace unos días que por primera vez en España la proporción de niños de 10 a 15 años que tienen móvil ha superado el 70%, con subidas en los últimos 10 años en la mayor parte de las autonomías. Recientemente nació un movimiento de padres que luchan en todo el país por retrasar a los 16 años la llegada del primer teléfono inteligente a manos de sus hijos. Gema Valdés, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias (FAPA) «Miguel Virgós», que agrupa a la mayoría de AMPAs de la región, aplaude el paso al frente dado por el Ministerio, aunque haya llegado tarde. «Me llama la atención que hace un mes dijese que no iba entrar en ello», expresó. Dejando a un lado este detalle, las familias asturianas creen que «lo ideal» sería que hubiese «una homogeneidad» sobre el uso de los teléfonos en las aulas; «una base común para que todos supiesen qué hay que hacer, aunque luego cada centro la adaptase a su situación particular».
Gema Valdés sostiene que «el móvil hoy ya no es tan necesario en las aulas», pues «cada vez se destina más dinero a la digitalización». Pero esto no quiere decir que esté a favor de una prohibición total en Secundaria, ya que «hay profesores que lo usan como herramientas de búsqueda y eso es positivo». A su juicio, lo que falta es mucha formación. Y no solo a los alumnos, sino también, y sobre manera, a las familias. Valdés es consciente de que el problema no se ataja solo regulando en los colegios. «Los padres somos los primeros que tenemos que estar pendientes del móvil de nuestros hijos», remarca. En la misma línea se pronuncia María Pérez, al frente de la FAPA Xixón: «Creemos que en Primaria es totalmente innecesario usar el móvil y en Secundaria, con supervisión. Además, hay que informar de manera exhaustiva sobre los peligros de internet».
Los profesores están también a favor de que exista «un marco normativo estable y coordinado», en vez de «pasarle la patata caliente de la regulación a los centros, como pasa ahora». Así lo expresa Gumersindo Rodríguez, presidente del sindicato docente ANPE, quien insistió en que «el uso del móvil en el aula solo se justifica por razones académicas». Fuera de ello «es un elemento distractor».
En el instituto Montevil de Gijón nunca admitieron móviles y su director, César Suárez, asegura que «hay satisfacción». «Nunca ha sido motivo de disputa y todo el mundo acepta la situación, incluido los alumnos. Hay menos distracciones, porque los móviles no están encima de las mesas ni se pueden utilizar en los descansos, pero tampoco somos ingenuos: pueden ir al baño y mirarlo», comenta. En todo caso, es un avance.
A Suárez le parece bien la propuesta del Ministerio siempre y cuando no sea restrictiva: «Hablan de Secundaria y nosotros no permitimos su uso ni en el Bachillerato». Con ello, garantiza el director del Montevil, los jóvenes «no pierden capacidad digital». «Disponemos de muchos ordenadores y tabletas para hacer trabajo digital. Puntualmente, algún profesor puede pedir el uso del móvil, pero siempre damos alternativas a las familias que no quieren que sus hijos lleven el móvil al centro», dice.
El colegio Corazón de María de Gijón, el Codema, es otro centro libre de móviles. «Desde el comienzo de los teléfonos tenemos regulada su prohibición. Únicamente, cuando se generalizaron los móviles inteligentes con acceso a internet, se precisó y se mantuvo el carácter general de prohibición con la salvedad del uso pedagógico. Eso fue en 2011», detalla su director, Simón Cortina.
El también presidente de la patronal Escuelas Católicas considera «conveniente y positivo» que exista «una normativa básica de carácter general, preferentemente a nivel nacional, que sea resultado del diálogo y que tenga en cuenta la autonomía de los centros». Pero ahí no acaba todo. «Además de una normativa –defiende–, es fundamental educar al alumnado en el uso responsable de los móviles. Y no solo en el centro. Es clave el papel de las familias y el ejemplo de los adultos».
El IES La Ería fue de los primeros en decidir prohibir el móvil en las aulas. Eso ocurrió en 2016 cuando la situación era insostenible. «Empezaban a sonar los móviles en clase y era un elemento de distracción total. Además, teníamos alumnado protegido que no podía salir en fotos y dejarlo en el recreo era peligroso», cuenta la directora, Emma Álvarez, que ve «super necesario» que haya una directriz a nivel regional o nacional. «Da mala imagen que unos centros sí y otros no», indica. Con todo, Álvarez está de acuerdo con las restricciones que plantea el Ministerio. «La Consejería dio recursos suficientes a los centros con tabletas y portátiles para que el alumnado pueda hacer labores de investigación en internet sin necesidad de usar su móvil personal. Ya bastante elemento de distracción es entrar en internet como para encima dejarles usar el móvil a todas horas. Hay que evitar el abuso de las pantallas», remata.
