La australiana Kathleen Folbigg respira por fin con absoluta tranquilidad tras un calvario que ha durado más de dos décadas. Tras ordenar el pasado 5 de junio el fiscal general de Nueva Gales del Sur, Michael Delay, su indulto y puesta en libertad, esta mujer australiana,encarcelada en 2003 por el asesinato de sus cuatro hijos, ha conocido hoy la sentencia del Tribunal de Apelación Penal, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Andrew Bell, que la absuelve de todos los cargos. Ahora, el Gobierno de Nueva Gales del Sur tiene la posibilidad de realizar un pago ex gratia como indemnización.
Tras la absolución, Kathleen Folbigg mostró su esperanza en que “nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí” y, en declaraciones a la televisión australiana ABC, expresó su agradecimiento por que “la ciencia y la genética me hayan dado respuestas sobre cómo murieron mis hijos”.
El suyo es un caso paradigmático y pionero en el papel que la ciencia puede desempeñar en el esclarecimiento de los hechos que examina la justicia. En el ‘caso Folbigg’ las pruebas científicas aportadas por el estudio genético liderado por la genetista española Carola García de Vinuesa permitieron al juez Tom Bathurst afirmar que existía una “posibilidad razonable de que las muertes de las niñas fuesen causadas por una mutación genética”. Fue este estudio el que, a la postre, permitió liberar a Kathleen Folbigg.
Ella, que siempre defendió su inocencia, fue condenada a treinta años de cárcel por el asesinato de sus cuatro hijos, de entre 19 días y 18 meses de vida, entre 1989 y 1999, y fue demonizada durante años por la opinión pública australiana.
La revisión de su caso fue posible después de que una investigación científica descubriese una mutación genética (variante CALM2-G114R) como causante de las graves arritmias que acabaron con la vida de sus dos hijas. El informe, avalado por prestigiosos especialistas de todo el mundo, concluyó que probablemente no hubo crímenes, como hasta entonces se pensaba, sino muertes naturales y que, por tanto, Kathleen Folbigg podía ser inocente.
La primera revisión judicial, que tuvo lugar en 2018, no prosperó, pero sus abogados y sus amigas confiaron en que el desenlace fuese favorable en una segunda revisión, cinco años después, tras las revelaciones científicas y el apoyo de la Academia de Ciencia de Australia.
Caso parecido en Grecia
La historia de Kathleen Folbigg sienta un precedente para otros casos en todo el mundo en los que la justicia, sin apoyarse en evidencias científicas, haya podido dictar sentencias injustas. En Grecia, los familiares y abogados de Roula Pispirigou claman ahora por que los jueces tengan en consideración el criterio científico a la hora de juzgar a esta mujer de 35 años acusada del asesinato de sus tres hijas en un lapso de tres años.
El pasado mes de enero y, bajo prisión preventiva, comenzó el juicio a Pispirigou por los cargos de “homicidio voluntario con premeditación” en la muerte de su hija mayor. Y en los próximos días, la acusada afrontará ante un tribunal en Atenas y en medio de una fuerte conmoción en la sociedad griega, sendas audiencias por la muerte de su segunda y tercera hija.
A día de hoy, la justicia griega considera a Roula Pispirigou la principal sospechosa de la muerte de su hija mayor, Georgina, el 29 de enero de 2022 en un hospital de Atenas por el presunto suministro de ketamina, un anestésico de efecto rápido. Y se la investiga también por el presunto asesinato por asfixia de sus otras dos hijas, Malena, de tres años, en 2019, e Iris, que murió con seis meses en 2021.
Pero un informe científico leído el pasado 8 de noviembre ante el tribunal de Atenas y elaborado, entre otros, por el toxicólogo Robert Flanagan, el pediatra Peter Fleming y los genetistas Todor Arsov y Carola García de Vinuesa, arroja luz para esclarecer los hechos.
El toxicólogo británico Robert Flanagan asegura en ese documento que “resulta inusual que una persona ingresada en un hospital fallezca por envenenamiento si no es un efecto secundario del tratamiento médico. La ketamina es una sustancia utilizada frecuentemente en los procesos quirúrgicos y su utilización en el propio hospital es la hipótesis más probable”. “El hecho de que no se encontrase ketamina en posesión de la madre ni en su domicilio es también relevante”, se concluye en un documento que destaca también que no se haya podido “acceder aún al registro sobre suministros de ketamina en el hospital”.
El informe denuncia también que, en el análisis post-mortem, la toxicología sólo se haya realizado a partir de sangre cardiaca y no venosa, y que desde el hospital se afirme haber suministrado otro fármaco, el rocuronio, cuando este no aparecía en las notas médicas.
La patóloga forense de la defensa, Rania Dimakopoulou, y el abogado defensor Alexis Kougias, lamentan que se le acuse a Roula Pispirigou de haber suministrado ketamina cuando, ya antes, los médicos lo habían hecho en el hospital y cuando se da la circunstancia de que los niños, según la literatura médica, toleran sobredosis de ketamina de hasta cien veces superiores a la dosis tipo.
El informe viene a sugerir que la niña iba a morir. Había sufrido una parada cardiaca meses antes que la dejó cuadripléjica y hubo de colocársele un marcapasos. Sufría además una epilepsia sin respuesta a los tratamientos, era alimentada a través de una sonda (gastrostomía) y había perdido una cuarta parte de su peso. El examen realizado después de su muerte reveló una enfermedad severa en hígado y corazón.
Y, de acuerdo con la aportación del pediatra británico Peter Fleming al estudio, las tres hijas padecían, según las autopsias practicadas, una patología tanto en el hígado como en el corazón. Esto ha llevado a los científicos a considerar muy probable que las tres sufriesen una enfermedad rara de carácter genético.
La más pequeña presentaba, al morir, una malformación congénita cardiaca severa. El patólogo forense declaró que no había encontrado ni el ventrículo derecho ni el nodo sinusal ni el nodo auriculo-ventricular, y que esta era la causa de su muerte.
La segunda de las hijas murió nueve días después de comenzar una quimioterapia triple por leucemia. El patólogo forense identificó en el certificado de muerte que había sufrido una insuficiencia hepática (sospecha de toxicidad por la quimioterapia) debido a la patología de hígado detectada post-mortem.
El abogado defensor de Roula Pispirigou, Alexis Kougias, denuncia que la justicia griega haya rechazado el acceso a la información genética a través de una investigación genómica en profundidad y a un examen post-mortem independiente de anatomía patológica y toxicología, unas pruebas que recomiendan los científicos firmantes del informe leído ante el tribunal de Atenas.
La familia considera que la justicia debe apoyarse en los estudios científicos para esclarecer con rigor los hechos. Como ocurrió en el caso de Kathleen Folbigg, quienes creen en la inocencia de la acusada depositan toda su fe en la ciencia.
