En 2019 y 2020 la Guardia Civil utilizó un software remoto para controlar los teléfonos de unas 40 personas que creía podía estar detrás de la plataforma Tsunami Democràtic o implicadas en el caso Voloh, del que todas las actuaciones relacionadas con las protestas por la sentencia del ‘procés’ se remitieron a la Audiencia Nacional. Entre esas personas figura el exdiputado de la CUP David Fernàndez, que no ha llegado a estar nunca imputado en ninguno de los dos procedimientos.

La instalación del software, realizado con autorización judicial para intervenir los teléfonos de los presuntos implicados, se menciona en varios de los informes de la Guardia Civil presentados en el Juzgado Central de Instrucción número 6. En uno de ellos, al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, se afirma respecto a Fernández que podría estar en los «orígenes de la organización investigada», porque «fue la primera persona que utilizó públicamente el concepto de Tsunami Democràtic». Lo hizo ya «en noviembre de 2014, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación», señalaba el instituto armado.

Asímismo, describió el día 15 de septiembre de 2019, durante la presentación de un libro en Barcelona que «un tsunami es una ola imperceptible que nadie ha sido capaz de detectar, que se va cocinando subterráneamente y que toma en un momento velocidad de propagación e intensidad, que nadie puede detener». Por todos esos extremos, la Guardia Civil concluía que se podía «inferir que David Fernàndez podría ser uno de los ideólogos de Tsunami Democràtic en el marco global del secesionismo catalán».

Fernández también formaba parte del grupo de Signal Harley Davidson, junto con otras personalidades influyentes del mundo independentista catalán como Josep Lluís Alay, Josep Rius, Marta Vilalta, Marta Rovira y Xavier Vendrell. La Guardia Civil destacaba que en «este grupo se debaten y deciden aspectos estratégicos de la táctica secesionista, desplazándose en diversas ocasiones a Ginebra (Suiza) para tratarlos». Pero no todos los miembros del chat han acabado imputados. García-Castellón cita en esa condición a la secretaria general de ERC y el exconseller Vendrell, así como al jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont en Bruselas.