La Diputación de Lleida, junto a representantes de ayuntamientos, entidades como los sindicatos UGT y CCOO y empresarios del sector hotelero, han presentado este jueves un manifiesto que exige la «regulación efectiva de las viviendas de uso turístico» en los municipios del Pirineo. «Tenemos a trabajadores viviendo en autocaravanas, a familias arraigadas en el territorio que ven cómo no les renuevan el contrato de alquiler porque quieren transformar la vivienda en la que habitan en piso turístico», ha explicado el alcalde de Viella (Vall d’Aran), Juan Antonio Serrano. «Con la dificultad añadida del problema que supone la falta de vivienda asequible para encontrar a profesionales educativos y sanitarios que quieran ir a trabajar al Pirineo», ha agregado.
En un territorio que lucha contra la despoblación y trata de evitar la marcha de sus jóvenes, el número de viviendas de uso turístico ha experimentado un aumento exponencial desde 2015, cuando se implantó esta modalidad de alojamiento turístico, desplazando el uso residencial de las viviendas, denuncian los firmantes del manifiesto.
Por ello reclaman al Parlament que apoye el decreto de la Generalitat de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, que ha sido muy criticado, en cambio, por voces del sector turístico y por algunos alcaldes del litoral. «Su situación es muy distinta a la nuestra, para nosotros el acceso a la vivienda es casi una cuestión de supervivencia en muchos pueblos», ha subrayado Serrano en conversación con este diario.
Según los datos recogidos por el ente provincial, el número de viviendas de uso turístico desde 2015 en el Alt Pirineu se han multiplicado por cuatro, pasando de 1.298 a 4.719 a mediados del año 2023. Las mismas fuentes aseguran que en 2020, las plazas turísticas en pisos ofertadas en el Alt Pirineu y Aran superaron el número de plazas ofertadas en cualquier otro tipo de establecimiento turístico.
«Solo en el Vall d’Aran, los pisos turísticos que hay ahora abiertos podrían alojar al 80% de su población actual», ha ilustrado el también vicepresidente de la Diputación de Lleida. «En la Alta Ribagorça se alojaría al 63% y en el Pallars Sobirà en el 55% de su población actual», ha agregado. «Tenemos casos de empresarios que han tenido que adquirir o alquilar hoteles enteros para alojar a sus trabajadores de temporada y estamos detectando también el cierre de plazas turísticas regladas y de negocios que estaban en funcionamiento para darles un nuevo uso habitacional», ha destacado Serrano.
Medidas urgentes
Los firmantes del manifiesto confían en que el decreto presentado el pasado noviembre por el Govern incida, «de forma eficaz, en el reequilibrio del número de viviendas disponibles de uso permanente frente a otros usos» y, según los firmantes, «ayudará a regular los precios de compra y alquiler y el acceso a una vivienda digna y adecuada por parte de la población que quiere vivir de forma permanente».
El manifiesto pone énfasis en la capacidad que generará la aplicación del decreto por el hecho de que otorga a los entes locales la capacidad decisoria necesaria para que puedan adaptar la ordenación urbanística a la realidad de cada municipio, ajustando el número, características y ubicación de los pisos turísticos y asegurar que se responde adecuadamente a las necesidades de vivienda de la población.
