Contaminar sale caro. Y cada vez más. El conjunto de industrias valencianas grandes emisoras de gases de efecto invernadero afrontan una factura de 250 millones de euros por el exceso de toneladas de CO2 emitidas solo el pasado año, según un informe de la Generalitat.
En la Comunitat Valenciana hay 111 instalaciones que están sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión. Es decir, que pagan por contaminar más allá de lo que tienen permitido. Además, hay otras 71 instalaciones que están excluidas por encontrarse por debajo de determinado nivel de emisiones.
El incremento de la factura implica a empresas estratégicas de la C. Valenciana. El 31,8% de las toneladas emitidas corresponde al sector cerámico (pavimento y revestimiento); el 22%, a los operadores de generación eléctrica, en concreto plantas de cogeneración. Un coste que se añade en muchos casos a un contexto adverso que estas industrias atraviesan por el precio del gas y de la electricidad.
El régimen para el comercio de derechos de emisiones es uno de los instrumentos de la UE para reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% en 2030 respecto a los valores de 1990, como parte del acuerdo de París.
Las instalaciones contaminantes deben pasar cada año un informe con las emisiones del año precedente, verificado por una entidad independiente. En el caso de la Comunitat Valenciana, las emisiones verificadas y estimadas durante 2022 fueron de 7,8 millones de toneladas de CO2. Esta cantidad supone una reducción respecto a los 8 millones de toneladas de 2021, pero aún así superaba en un 57% la cantidad que tienen asignada gratuitamente para el año las instalaciones de la C. Valenciana.
Cabe recordar que el Estado permite emitir de manera gratuita una cantidad determinada a las instalaciones, para competir con los operadores de fuera de la unión Europea, mientras se cumplen los compromisos del protocolo de Kioto. Sin embargo, esa cantidad de contaminación que sale gratis se va reduciendo año a año, y por todas aquellas emisiones que exceden ese umbral se debe pagar. Una cantidad que se abona al Estado español. Y el precio fluctúa. Porque no es una cantidad fija sino que existe un mercado financiero que determina el precio. Por poner en contexto, en marzo de 2018, la tonelada estaba a 12,62 euros. En 2019, a 21,44 euros la tonelada. En 2021, a 72,89 euros. En marzo de 2023, ascendía a 87,48 euros. Es un 600% más.
Nuevo mecanismo
Países como España y más concretamente autonomías industrializadas como esta, han maniobrado para tratar de frenar el encarecimiento extraordinario de esos derechos de emisión. Este proceso especulativo ha llevado incluso a la Comisión Europea a poner coto a determinadas prácticas en la nueva regulación de estos derechos ETS que acelera la reducción de derechos gratuitos. En concreto, se incluye un artículo para evitar la especulación, a iniciativa del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Está por ver si se activa ese mecanismo ante nuevos movimientos de fondos o banca de inversión, apuntan fuentes conocedoras del proceso.
La idea de Bruselas es incentivar la inversión en los cambios tecnológicos que eviten las emisiones. El problema, en el caso de industrias como la de Castelló, es cuando no existe todavía una tecnología viable para evolucionar hacia procesos menos contaminantes. Está por ver en cualquier caso cómo evoluciona la volatilidad de estos derechos de emisión. Esta semana el precio se encuentra en torno a 68 euros, aunque este año ha llegado a la frontera de los 100 euros.
En cualquier caso, se trata de un proceso irreversible. La Comisión ha fijado los objetivos y este mecanismo disuasorio va a continuar. Este pasado mes de octubre, el nuevo comisario climático de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, se comprometió a defender una reducción del 90% en las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040. Poco tardaron los analistas financieros en aventurar que los precios del carbono de la UE se dispararán hasta la marca de los 400 euros.
