La Fiscalía reclama cinco años de cárcel para cada uno de ellos por un presunto delito contra el medio ambiente
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijados para los días 14 y 18 de este mes, el juicio promovido contra dos varones para quienes la Fiscalía reclama cinco años de cárcel, por un presunto delito contra el medio ambiente cometido al haber «abandonado totalmente» una instalación industrial de Alcalá de Guadaíra perteneciente a las empresas que administraban, enclave en el que fue detectado un vertido de fuel oil, así como diversos incendios al almacenar el recinto sustancias inflamables y por ende peligrosas.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los acusados son Fernando C.A. y Juan P.G., ambos con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencias y supuestos coautores de los hechos, toda vez que este juicio ya fue señalado para marzo de 2022, si bien entonces no se habría celebrado, siendo así pospuesto.
El primero de ellos sería el dueño de la empresa Valdeazores y el segundo de la sociedad Tableros del Sur, toda vez que la primera de las entidades contaba con terrenos en la zona de Alcalá de Guadaíra conocida como El Estaconal, donde fue instalada una planta de la segunda sociedad, para la fabricación de tableros de aglomerados de partículas; acogiendo los citados suelos la actividad de otras dos empresas también administradas por el segundo de los encartados y «pertenecientes todas ellas al grupo Valdeazores».
SIN DESMANTELAR LAS INSTALACIONES
Pero tras ser cerradas las instalaciones de tales empresas poco antes de 2010, «y en particular las de Tableros del Sur», según la Fiscalía, ni el administrador de tal entidad ni el responsable de la empresa propietaria de los suelos «realizaron actividad alguna para proteger o desmantelar en condiciones adecuadas las instalaciones y evitar así riesgos para el medio ambiente o la salud e integridad de las personas, derivados de las materias peligrosas allí depositadas».
«En febrero de 2010, las instalaciones se encontraban en un estado de total abandono, sin que por las empresas ni sus representantes o administradores se asumiera la obligación de vigilancia y cuidado de los terrenos e instalaciones industriales ni establecieran medida de seguridad alguna para evitar el acceso desde el exterior por personas ajenas a la empresa, lo que ocasionó episodios de desmantelamiento clandestino de las instalaciones por terceros, siendo conscientes los acusados de los riesgos derivados de ello, dada la existencia de materiales peligrosos en las instalaciones», resume la Fiscalía respecto a los hechos.
INCENDIO EN LAS INSTALACIONES
A tal efecto, precisa que en febrero de 2010 «se generó un incendio por causas desconocidas en una maquinaria situada dentro de una de las naves», tras lo cual una inspección por parte de técnicos del Ayuntamiento de Alcalá puso de relieve la existencia de un depósito aéreo de fuel oil» del cual procedía un vertido de unos 5.000 litros de dicha sustancia, que había alcanzado a unos 200 metros (cuadrados) de terreno.
Ello motivó una «intervención urgente» del Ayuntamiento alcalareño, que movilizó sus recursos durante varios días para remover los terrenos y contener el vertido para evitar que el mismo «siguiera discurriendo hasta el muy próximo arroyo Marchenilla, afluente del Guadaíra», siempre según la Fiscalía.
Los técnicos municipales, según el escrito de acusación, comprobaron en cualquier caso «el total abandono» de las instalaciones y la existencia en las mismas de un depósito más de fuel oil, este «enterrado en el suelo» sin «las tapaderas correspondientes y con un contenido indeterminado de fuel oil», otros «dos depósitos de un líquido negruzco sin identificar, dos bombonas de contenido indeterminado y tres bombonas de propano tiradas donde se había producido el vertido».
PRODUCTOS PELIGROSOS
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Incluso en una de las naves fueron halladas «diez bombonas de acetileno disuelto, producto extremadamente inflamable, sin control ni vigilancia, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente, las personas que accedieran a las instalaciones y los residentes de los núcleos de población de Cerro Clavijo y Cruz de Marchenilla, toda vez que en tres días de marzo de 2010 «se produjeron incendios en distintas zonas de las instalaciones».
La Fiscalía señala el incumplimiento de diferentes normativas en materia de instalaciones industriales o petrolíferas, indicando que en 2010 el Ayuntamiento de Alcalá incoó un expediente administrativo ordenando la limpieza de los terrenos, el desescombro de las instalaciones y la retirada de los residuos peligrosos, calculando un coste de 225.500 euros para todo ello.
Los hechos en cuestión, según la Fiscalía, implican un presunto delito contra el medio ambiente, por el cual reclama cinco años de cárcel para dada uno de los dos acusados, así como sendas multas de 9.000 euros.
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