- Fincas en Ciudad Real
- “Perjuicio para la seguridad nacional”
- Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica
- “Transgénero”
- Solicitud inadmitida
- Reclamó ante el Consejo de Transparencia
- Críticas y preguntas retóricas
- Carteles en Madrid
- Vídeos en YouTube
- En la capilla ardiente de Rubalcaba
Centro Nacional de Inteligencia, escuchas telefónicas, espías alemanes, seguridad nacional, conspiraciones… todos estos términos tienen relación con unos terrenos rodeados de fuertes medidas de seguridad que se pueden ver desde la carretera CM-4117, entre los términos municipales de Manzanares, Daimiel y Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real.
Una de esas fincas se conoce como ‘El Doctor’. Los terrenos custodiados en esa zona también han sido identificados como Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica.
Confidencial Digital ha podido comprobar que al Ministerio de Defensa, y más tarde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, llegó una solicitud de un particular que reclamaba información sobre estas instalaciones vinculadas al servicio de inteligencia.
Es lo que se desprende de una resolución del Consejo de Transparencia, que terminó desestimando la reclamación de ese solicitante.
Fincas en Ciudad Real
El Ministerio de Defensa, del que depende el CNI desde hace años, recibió el 23 de febrero de este 2023 una solicitud al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que requería respuestas a varias preguntas.
El autor de la petición comenzaba haciendo referencia a “una petición de información sobre el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica sita en la carretera CM-4117 (Nº Expediente 001-065724) requerida al Ministerio de Defensa a través del portal de transparencia de la administración General del Estado y colgada en internet por dicho Ministerio”.
ECD ya informó hace más de un año de esa petición de información anterior. En ella, se planteaban preguntas “sobre la finca conocida comúnmente como El Doctor, ubicada en la CM-4117, en el término municipal de Manzanares, así como otras dos edificaciones que se ubican en esta misma carretera, pero ya en el término municipal de Daimiel, una de ellas, bajo el nombre de centro de estudios de propagación radioeléctrica”.
“Perjuicio para la seguridad nacional”
En esa ocasión, el solicitante preguntó si estas fincas “pertenecen al Ministerio de Defensa o a Interior (CNI) [sic]”, dando a entender (erróneamente) que el CNI depende del Ministerio del Interior. También pidió saber “cuál es su utilidad”, “cuántas personas trabajan en ellas”, si “trabaja también personal de otros países”, y por último, si ese terreno “es un centro de escuchas”.
Defensa respondió entonces que “la divulgación de parte de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la seguridad nacional, toda vez que su difusión desvelaría extremos que afectarían negativamente a la adecuada garantía de las instalaciones objeto de protección; sin que, por parte del interesado, se haya alegado o acreditado un interés público o privado de carácter superior que fundamente el acceso solicitado”.
“Afectarían negativamente a la adecuada garantía de las instalaciones objeto de protección”
Sólo admitió “conceder el acceso a la información relativa a la titularidad de la propiedad”: informó de que “según la información registral y catastral, la titularidad de la finca El Doctor, en la carretera CM-4117, en la Provincia de Ciudad Real, y de otras dos fincas adyacentes ubicadas en el término municipal de Daimiel, la detenta el Ministerio de Defensa”.
Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica
El autor de la solicitud de febrero de este año quiso hacer referencia a esa petición de información, y a continuación planteó una serie de ocho puntos, con comentarios y preguntas
En el primero señaló que “la tecnología que se describe en mis quejas y denuncias y de que cada vez hay más constancia, está instalada en el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica de Daimiel”.
A continuación apuntó que una persona, cuyo nombre aparece borrado (Transparencia anonimiza las resoluciones que publica), abandonó algún organismo, cuerpo, institución… “supuestamente para trabajar en el sector aeronáutico”.
Sobre esa persona, el solicitante preguntó si “ha trabajado en el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica de Daimiel”, y también si ese hombre (se refiere a él en masculino) “se encuentra arrestado o retenido”.
Las siguientes preguntas abundan en pedir información sobre ese hombre:
— “¿Firmó (…) algún contrato o documento que exime a superiores o políticos de toda responsabilidad penal, en caso de denuncia, queja o accidente?”.
— “¿Se le ha hecho por parte de este Ministerio alguna propuesta a (…) para abandonar el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica y pasar a disposición judicial y que este no acepta y así evitar este Ministerio y el Gobierno al que representa iniciar acciones legales y ser formalmente el denunciante?”.
“Transgénero”
Quien registró estas preguntas ante el Ministerio de Defensa dio así a entender que en una de esas fincas de Ciudad Real, conocida como Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica, habría un ex trabajador de la misma “retenido” sin orden judicial.
“Aunque fue a posteriori y no es un hecho delictivo, pero sí perfila el carácter y la personalidad de (…). ¿Conoce este Ministerio su operación de sexo, en definitiva, que es desde hace años transgénero?”, es la siguiente pregunta de la petición de información, seguida por “¿Se le hizo algún tipo de examen médico o psicológico a (…)?”.
La última cuestión requiere a Defensa a que informe sobre qué piensa hacer “con las Instalaciones del Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica ya que estoy convencido de que ningún Gobierno querrá ni se atreverá a seguir con la actividad delictiva que se realizaba hasta la fecha, habiendo denuncia por medio y cuando cada vez foros hablan de la tecnología denunciada”.
El autor de estas preguntas hasta incluyó “una sugerencia, yo haría un museo o lugar visitable. Auschwitz lo es”.
Y cerró su petición de información con una apostilla: “Salvo de la última cuestión, de resto salvo matices conozco las respuestas, pero me gustaría saber las de este Ministerio y a buen seguro que al parlamento español y al resto de ciudadanos también”.
Solicitud inadmitida
El Ministerio de Defensa inadmitió esta solicitud de información formulada al amparo de la Ley de Transparencia.
Así lo decidió, al entender que “el interesado no reclama contenidos o documentos, ni información pública concreta, atendiendo a la definición legal de información pública, sino que pregunta por vicisitudes personales de una persona concreta y por previsiones o pretensiones, es decir una información sobre un posible futuro, o un posicionamiento institucional de la Administración, por lo que no se corresponde con el concepto de información pública amparado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre”.
Añadió que “respecto a las preguntas que plantea el interesado relacionadas con la situación personal de un individuo concreto, incluida su condición de género y su situación penal o administrativa, tampoco procede su admisión a trámite”.
En este caso “sería de aplicación el artículo 15” de la Ley de Transparencia, que establece que “si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley”.
Por último, señaló el departamento de Margarita Robles que “parte de la solicitud de información se asemeja a una queja o una denuncia por lo que, en todo caso, el interesado deberá proceder a presentarla a través del procedimiento judicial o administrativo correspondiente, no siendo posible su tramitación como solicitud de información pública” de la Ley de Transparencia.
Reclamó ante el Consejo de Transparencia
El autor de esta solicitud no se rindió ante la negativa del ministerio a responderle. Presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya función es controlar que las administraciones públicas cumplan la Ley de Transparencia en las respuestas que dan a los ciudadanos que les solicitan información pública.
Pidió al consejo que reclamara la información “ya que por su gravedad e interés general y privado superior justifica el acceso a dicha información”.
El Ministerio de Defensa se reafirmó en los argumentos de su resolución de respuesta.
Críticas y preguntas retóricas
Al resolver esta reclamación, el Consejo de Transparencia quiso subrayar que “no tienen cabida en el concepto de información pública del artículo 13” de la Ley de Transparencia “las solicitudes de información que pretenden obtener una justificación específica de las razones por las que se realizó una actuación y no otra; o que se conteste a una valoración política de determinadas actuaciones o se dé respuesta a críticas o juicios subjetivos de la actuación de los poderes públicos, con independencia de su mayor o menor acierto; o se proyecten las actuaciones futuras que pretende realizar un determinado órgano”.
Con este criterio decidió desestimar la reclamación en cuestión.
Recordó que el propio solicitante había escrito en su escrito enviado a Defensa que “salvo matices conozco las respuestas, pero me gustaría saber las de este Ministerio”.
Para Transparencia, “resulta evidente que lo realmente pretendido es la denuncia o crítica de una determinada situación o actuación que lleva a cabo a través de una serie de afirmaciones o preguntas retóricas”.
El consejo apuntó que “la primera y tercera preguntas de la solicitud de información no pretenden ningún tipo de acceso —pues se trata simplemente de aseveraciones o afirmaciones críticas del reclamante—; la segunda pregunta concerniente a si la persona de la que se requiere información prestó o no prestó sus servicios en el Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica de Daimiel es conocida por el reclamante”.
En cuanto a “las preguntas cuarta a séptima concernientes a si el Ministerio está al corriente determinadas circunstancias de esa tercera persona —circunstancias personales relativas, por ejemplo, a la eventual comisión de actos ilícitos y a su identidad sexual o de género— no se configuran, desde luego, como información pública necesaria para someter a escrutinio la actividad de los poderes públicos en la medida en que no se trata de información elaborada o adquirida para el ejercicio de las funciones propias del órgano, formando parte del círculo protegido tanto por el derecho fundamental a la intimidad como por la protección reforzada que el artículo 15.1” de la ley “otorga a determinadas categoría de datos personales”.
La última pregunta “se refiere a pretendidas actuaciones futuras del Ministerio (qué piensa hacer) que no tienen encaje en la noción de información pública que define el artículo 13” de la Ley de Transparencia.
Una vez evaluadas todas las preguntas de esta petición, el Consejo de Transparencia concluyó que “procede la desestimación de esta reclamación”.
Carteles en Madrid
Que la resolución de Transparencia oculte el nombre de la persona citada y que tampoco permita leer qué fue lo que “abandonó” para irse a “trabajar en el sector aeronáutico” hace aparentemente incomprensible esta solicitud de Transparencia.
Sin embargo, Confidencial Digital ha podido saber que hace meses se podía ver en puntos céntricos de la ciudad de Madrid algunos carteles -también en apariencia sin sentido- que encajan con ciertos datos de esta historia.
Alguien imprimió en hojas de papel de tamaño A4 lo que parecía una captura de pantalla de un mensaje directo enviado a la cuenta oficial del Ministerio de Defensa en Twitter.
En el mensaje se citaba a un hombre con su nombre y dos apellidos, que según quien escribió a Defensa, es “ex miembro del CNP [Cuerpo Nacional de Policía], del CNI, trans, pedófilo, arrestado en el centro de estudios de propagación radioeléctrica de Daimiel, pendiente de pasar a disposición judicial y pudiendo hacer un uso vejatorio y criminal de la tecnología que allí dispone, pues nadie entra donde está sin mandato judicial”.
Terminaba indicando el nombre y apellido de otro hombre, Felipe Manzanares Pérez, unido a “You Tube”.
Vídeos en YouTube
Efectivamente, existe un canal de YouTube a nombre de un usuario con el nombre de Felipe Manzanares Pérez. Tiene tres vídeos colgados en el año 2019.
En el primero aparece un hombre con un micrófono. Se identifica como José Luis Gómez, y dice estar en Manzanares, ante la finca ‘El Doctor’ o Centro de Estudios de Propagación Radioeléctrica.
A lo largo de casi 8 minutos, asegura que en esa finca el CNI tiene unas antenas que captan y emiten señales eléctricas, según él iguales a las que se producen en el cerebro humano.
Gracias a esas antenas “desde aquí se puede recoger todo lo que hablas o lo que ves”, afirma en el vídeo.
La teoría de ese hombre va más allá: que de este modo el Centro Nacional de Inteligencia puede hacer que una persona sufra sacudidas eléctricas, que note “un molesto pitido en los oídos”, e incluso “hablarte y oírlo como si tuvieras un pinganillo”.
“La forma de conectarse deduzco que debe ser a través de la telefonía común que todos utilizamos”, cuenta en el vídeo, en el que relata que con él utilizaron esta tecnología: “Me sacó hasta el ascensor en varias ocasiones”, “pueden producir inflamación de labios”, “te pueden jalear mientras estás con tu novia”, “te pueden hacer creer que tus vecinos están aporreando las paredes de tu casa”, “te pueden provocar fuertes sacudidas eléctricas”…
Son otras afirmaciones de ese hombre, que luego explica quién es el hombre al que acusa de atacarle con esa supuesta tecnología secreta, supuesto ex policía y agente del CNI.
En el vídeo reta al entonces director del servicio, el general de ejército retirado Félix Sanz Roldán, y a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, a que se querellen contra él si lo que cuenta es falso.
En la capilla ardiente de Rubalcaba
Lo que parece una más de las muchas teorías conspiranoicas que circulan por foros de Internet no sólo la sigue este hombre.
ECD tiene constancia de que con algunos medios de comunicación han contactado otras personas para denunciar un fenómeno similar: que (según relatan) el CNI utiliza unas señales u ondas eléctricas para interferir en el cerebro y provocarles ciertas reacciones físicas, algo que estaría entre la tortura y el intento de leer las mentes.
Sobre todo este asunto cabe apuntar otro dato. La persona que aparece en el vídeo mencionado contando su teoría sobre las fincas de Ciudad Real guarda un gran parecido físico (la cara, la voz) con un hombre que montó una escena en la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ocurrió en 2019, el mismo año que se subieron esos vídeos a YouTube. Al morir el ex vicepresidente, ex ministro y ex secretario general del PSOE, la capilla ardiente se instaló en el Congreso de los Diputados.
Cientos de personas hicieron cola para dar el último adiós a Rubalcaba. Al féretro y a la familia les acompañaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades.
Un hombre se paró delante del féretro, lanzó unos folios de papel al aire y dijo en voz alta que quería hablar con el presidente del Gobierno, con la ministra de Defensa o con el director del CNI, y que si no, no se movería de allí.
En medio del estupor por esa interrupción del duelo por Rubalcaba, Sánchez se levantó y se llevó de allí a ese hombre (rodeado de inmediato por sus escoltas, ante el peligro de esa reacción ante un desconocido potencialmente peligroso).
En las noticias de ese incidente se recogió, como explicación a lo ocurrido, que “según fuentes del Ejecutivo, a esta persona le afecta una cuestión judicial que quería compartir con el presidente, que le ha dedicado unos minutos”.
