El Estado afronta este lunes una nueva factura del rescate europeo a la banca española de 2012. El Tesoro abonará 3.643 millones de euros al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con lo que ya habrá devuelto al organismo comunitario 24.898 millones, el equivalente al 60,2% de los 41.333 millones que recibió el 11 de diciembre de 2012 (39.468 millones) y el 5 de febrero en 2013 (1.865 millones) para reestructurar el sector financiero y salvar a las cajas de ahorro quebradas y sus depositantes. Todavía le quedará pendiente de reintegrar otros 16.435 millones en cuatro pagos en los meses de diciembre de los próximos cuatro años, hasta completar la devolución del préstamo a finales de 2027.
España estuvo al borde del abismo en aquel 2012. Entre rumores de una posible ruptura del euro y crecientes dudas internacionales sobre la situación real de la banca española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el Tesoro no llegó a perder su capacidad para financiar en los mercados un déficit público disparado, pero los inversores le exigían cada vez unos intereses más altos por prestarle dinero. Incluso aunque hubiera podido seguir emitiendo deuda, este encarecimiento habría llevado a las finanzas públicas a ser insostenibles, con la consiguiente suspensión de pagos por parte del Estado, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a pedir ayuda al resto de países de la UE en junio de 2012.
Tras unas duras negociaciones y a cambio de una exigente lista de reformas supervisadas por los hombres de negro de la ‘troika’, los socios comunitarios aprobaron una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros en condiciones más favorables de las que España podía obtener en el mercado. Finalmente solo se utilizaron los 41.333 millones, que se destinaron a rescatar a BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia, BMN, Ceiss, Caja 3 y Liberbank (hoy ya todos desaparecidos tras integrarse en otras entidades). También a financiar la creación de la Sareb, el banco malo que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de dichas cajas, cuyos números rojos el actual Gobierno se vio obligado por Europa a sumar a la deuda y el déficit públicos en 2021.
«No cueste un euro»
El Ejecutivo de entonces prometió que no tendría coste para el Estado: así lo aseguraron el presidente, Mariano Rajoy («Es un crédito a la banca que va a pagar la banca«); la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría («Se hace con un objetivo: que no cueste un euro al contribuyente»); y el ministro de Economía, Luis de Guindos («Esto no cuesta a los contribuyentes españoles»). Lo cierto, sin embargo, es que el Estado ha sido el que ha tenido que abonar los 24.898 millones ya pagados, además de unos 3.276 millones en intereses y comisiones entre 2012 y 2023, y tendrá que hacer frente a los 16.435 millones restantes, junto a los intereses y comisiones correspondientes.
La inmensa mayoría del dinero inyectado se ha perdido para siempre o es de difícil recuperación en su totalidad. Así, de los 24.096 millones de euros aportados a Bankia, se consideraban recuperables unos 6.340 millones al cierre de 2022, si bien la revalorización en bolsa CaixaBank -que el actual Gobierno aceptó fusionar con el banco nacionalizado- está elevando esa cantidad. Los 2.192 millones inyectados a la Sareb, en cambio, se han dado ya contablemente por perdidos, mientras que de los 32.610 millones con que se rescató al resto de entidades se perdieron 28.133 millones, el 86,2%. De no haberse volatilizado, todo ese dinero hubiera hecho mucho más cómoda la factura con el MEDE y habría facilitado el saneamiento de las finanzas públicas.
Bajos intereses
En el otro lado de la balanza, el rescate europeo ha sido financieramente favorable para España. Según el MEDE, el país se ahorró en torno a 1,2 puntos de PIB en intereses hasta 2019 (unos 12.000 millones de euros) respecto a lo que le hubiera costado conseguir el dinero en el mercado en diciembre de 2012. Incluso con la subida de los tipos de referencia al 4,5%-4% impulsada por el Banco Central Europeo (BCE) para combatir la alta inflación, el tipo medio del rescate ha subido del 0,8% del año pasado a rondar el 1,1%. Además, ha apuntado el organismo comunitario, la reestructuración bancaria que permitió el rescate es una de las causas fundamentales de la recuperación económica del país a partir de 2014.
España, de hecho, recibió la autorización del MEDE para repagar 17.612 millones de euros, el 42,6% de lo percibido, de forma voluntaria y anticipada en nueve abonos entre julio de 2014 y octubre de 2018. Se trataba de dar una imagen de fortaleza y pronta recuperación: fue el primer país de los cinco rescatados (también lo fueron Irlanda, Portugal, Grecia y Chipre) en comenzar a devolver su deuda y es, de lejos, el que ha abonado un porcentaje más alto hasta la fecha. La subida de los intereses de la deuda nueva emitida por el Tesoro (al 3,74% en lo que va de año, con lo que coste medio del conjunto de títulos en circulación se ha elevado al 2,06%) va a encarecer la devolución de las cantidades pendientes, pero son cifras muy pequeñas y manejables (los 3.643 millones de este lunes, por ejemplo, suponen apenas el 2,1% de los 172.521 millones de euros que el Estado preveía emitir en 2023).
