La Asociación de Trabajadores de las Administraciones Públicas (ATAP) denuncia «el error» en la aplicación de la Ley para la reducción de la temporalidad laboral en la administración pública por parte del Ayuntamiento de Palma.
El sindicato relata que Cort convocó a principios de 2023 a través de estos procesos unas pocas plazas «que para nada se equiparaban al verdadero número de plazas que se debían convocar». «No fue la única administración que no aplicó de forma correcta la ley estatal y de cumplimiento obligatorio», señalan. «Por eso, el propio Estado, que tiene que rendir cuentas a la UE por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, en junio de este año 2023 ha aprobado un nuevo Real Decreto que recuerda y apremia a todas las administraciones públicas a cumplir con el objetivo de la ley de reducción de temporalidad y conseguir que ésta quede por debajo del 8% y sancionar el abuso de la temporalidad en la administración pública como marca Europa».
Según ATAP, el consistorio palmesano no sólo incumplió lo que se establece en la ley de temporalidad sino que ha publicado la oferta de empleo público para el 2023 obviando las plazas que reúnen los requisitos y que deben salir a concurso de méritos.
El sindicato tras una reunión con la concejala de Función Pública consiguió que el Ayuntamiento reconociera, apenas, la existencia de 15 plazas que cumplen los requisitos para la aplicación de la ley. «Estas plazas son del todo insuficientes», indican en un comunicado. Según sus datos, estarían hablando de al menos 170 plazas. «Estas plazas han sido identificadas por los propios trabajadores por la poca colaboración que se ha encontrado en el consistorio».
Desde ATAP se ha solicitado de forma reiterada listados de las plazas y trabajadores interinos y cesados en sus funciones, que cumplen los requisitos de la ley, sin haber obtenido respuesta por parte de Cort.
El sindicato espera que el Ayuntamiento revalúe todas las plazas y que incluya in extremis en la oferta extraordinaria de estabilización todas las plazas que cumplen con los requisitos de la ley y así conseguir una reducción de la temporalidad laboral por debajo del 8% antes del final del año 2024.
La Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad laboral de la administración pública es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas.
