Anulan por segunda vez la vigilancia de Son Busquets ante el enfado de los vecinos de Palma

Varias asociaciones vecinales llevan meses advirtiendo con protestas y movilizaciones que el recinto puede convertirse en un foco de delincuencia y okupas si no tiene ningún tipo de vigilancia, y más ahora que ya no sirve de aparcamiento para los vehículos de la Policía Local. El SEPES ofreció a principios de verano la licitación de la seguridad de Son Busquets durante un año por un importe de 214.000 euros. Se declaró desierta poco después. Más tarde, en octubre, el organismo volvió a declarar desierta una segunda licitación que ofreció con las mismas condiciones y presupuesto.

«Pagar los sueldos de los vigilantes, el montaje, los seguros de responsabilidad civil, las cámaras o las rondas de marcaje es inviable con ese presupuesto. No sale a cuenta», explica el secretario del sindicato SIES de vigilantes de seguridad, Sebastián Oliver. También ha sido el representante de los trabajadores de seguridad de este acuartelamiento y asegura que la vigilancia «se ha llevado a cabo durante 17 años sin muchos de los requisitos que pide el SEPES y no hubo ningún problema», asegura el responsable, que lamenta que el organismo «exige mucho más de lo que quiere pagar».

Los vecinos, por su parte, ven un problema de dejadez por parte del Gobierno. «Estamos muy decepcionados con la situación, sospechamos que estas licitaciones quedan desiertas porque hay poco interés en gastar dinero en la vigilancia de Son Busquets», lamenta la presidenta de la asociación de vecinos del Parc de ses Fonts y el Conservatorio, Yolanda Rodríguez: «La seguridad y el mantenimiento de las instalaciones están abandonadas», explica la responsable de la entidad vecinal, que precisamente tiene como principal objetivo luchar contra la degradación del recinto.

Con palabras similares se expresa la presidenta de la asociación vecinal de Camp Redó, Fina Ors, que se muestra especialmente indignada por las «mentiras» de la exdelegada del Gobierno, Aina Calvo: «Nos reunimos con ella el 13 de noviembre, le preguntamos por la vigilancia de Son Busquets y nos aseguró que en diciembre estaría solucionado. Pero en ese momento, ella ya sabía que la licitación había quedado desierta. Nos mintió», lamenta Ors. En concreto, la licitación se declaró desierta justo un mes antes, el 12 de octubre, pero ambas asociaciones vecinales aseguran que Calvo, lejos de informarles de la resolución, les prometió que el asunto quedaría resuelto antes de finalizar el año.

«Aina Calvo se va a Madrid sin cumplir con sus obligaciones, al igual que José Hila, que dejó Camp Redó hecho un desastre. Estamos cansados de las mentiras en Son Busquets». Así de indignada se muestra la presidenta de la asociación de vecinos del barrio, una de las impulsoras de las protestas que se han llevado a cabo frente al antiguo cuartel, la última en mayo de este año. Al abandono del terreno se le suma el temor de los residentes a que los okupas acaben «campando a sus anchas» por el recinto, como ya ocurre con la vieja cárcel de Palma.

Ajeno a estas protestas, el SEPES decidió no aumentar su oferta económica para la vigilancia del recinto y se limitó a convocar las dos licitaciones tal y como marca la normativa, primero a través de un procedimiento abierto y después un negociado sin publicidad. Ninguna de las nueve empresas a las que invitó, entre ellas Prosegur o Securitas, aceptó la oferta. Cabe recordar que para cubrir un servicio de vigilancia 24 horas (365 días al año, festivos incluidos, como exigía el SEPES), hace falta tener como mínimo cinco personas en plantilla, abonar los pluses de nocturnidad, pagar los servicios administrativos y de coordinación y por lo menos un vehículo.

Fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, preguntadas por este asunto, lamentan la «inactividad» del SEPES respecto a este asunto y aseguran que están a la espera de que el organismo remita cuanto antes el borrador del futuro Son Busquets para ponerse a trabajar cuanto antes. El recinto, recuerdan estas mismas fuentes, no es de su propiedad ni competencia y por tanto Cort no puede actuar. La Delegación de Gobierno y el SEPES, preguntados por el asunto, no han ofrecido ninguna valoración.