El lunes se reanudarán las conversaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios para definir el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2024, que actualmente es de 1.080 euros al mes distribuidos en catorce pagos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha citado a las organizaciones CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a una reunión a las 10:30 horas para continuar con las negociaciones iniciadas el 30 de noviembre. El objetivo del Ministerio de Trabajo es llegar a un consenso sobre el SMI, buscando un equilibrio entre las demandas de los empresarios y los sindicatos, manteniendo el SMI al menos en el 60% del salario medio y preservando su poder adquisitivo.
La vicepresidenta Díaz propone un incremento mínimo del 3,8%, correspondiente al promedio de inflación de los últimos doce meses hasta noviembre, cifra que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe confirmar esta semana. «Un aumento del 3,8% es lo mínimo necesario para compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación», afirmó la ministra recientemente.
Aunque el Ministerio no ha presentado una cifra concreta, se especula que la propuesta podría rondar el 4%.
El Ministerio no descarta una subida del SMI que supere el 60% del salario medio neto, tal como recomienda la Carta Social Europea y se comprometió en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar, si esto conduce a un acuerdo con sindicatos y empresarios.
El SMI actual ya representa el 60% del salario medio neto, y para mantener esta proporción, debería actualizarse anualmente considerando la subida salarial media en convenios colectivos y la inflación.
La subida necesaria para que el SMI en 2024 siga siendo el 60% del salario medio neto debería estar entre el 3,6% y el 3,8%, que son las previsiones de aumento salarial medio en convenio y la inflación respectivamente.
Los sindicatos exigen un aumento no menor al 5%, mientras que la CEOE sugiere un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si la inflación supera las expectativas. El Ministerio busca un término medio que satisfaga a ambas partes, incluso si esto implica que el SMI de 2024 exceda el 60% del salario medio neto.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, está dispuesto a negociar el SMI con flexibilidad, siempre que se alcance un acuerdo. El Ministerio confía en que es posible encontrar un punto de encuentro entre la propuesta sindical del 5% y la empresarial del 3%, cumpliendo así con la exigencia de que el SMI sea al menos el 60% del salario medio neto.
Los sindicatos consideran que la oferta empresarial es insuficiente y señalan que el aumento salarial medio para los nuevos convenios colectivos supera el 4%, recordando también que el sueldo medio ha subido un 5,2%.
La reforma del subsidio de desempleo, también a debate
El aumento del salario mínimo no es el único tema en la agenda del Gobierno al inicio de esta legislatura; también se encuentra la reforma del subsidio de desempleo, cuya discusión se espera que continúe la próxima semana.
Comprometida con la Unión Europea y ligada a la recepción de fondos europeos, esta reforma ha generado discrepancias entre los Ministerios de Trabajo y Economía, aunque el presidente Pedro Sánchez confía en resolverlas con «sentido común».
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por promover un modelo que, según Díaz, reduce los derechos en el subsidio de desempleo, y ha subrayado que existe una «lucha ideológica» sobre esta reforma, que pertenece a la competencia del Ministerio de Trabajo.
El 4 de diciembre, el Ministerio de Trabajo presentó su propuesta de reforma a sindicatos y empresarios: aumentar el subsidio de desempleo, que actualmente es el 80% del Iprem (480 euros mensuales), a 660 euros durante los primeros seis meses (110% del Iprem) y luego a 540 euros durante los siguientes seis meses (90% del Iprem), manteniendo el 80% del Iprem hasta un máximo de 30 meses.
Esta propuesta, que según Trabajo ha sido negociada con la UE, contrasta con la del Ministerio de Economía, que propone limitar el subsidio a 12 meses, con una disminución progresiva de la cuantía desde el 100% del Iprem en los primeros tres meses hasta el 50% en el último trimestre.
El plan del Ministerio de Trabajo incluye extender el subsidio a menores de 45 años sin dependientes (aproximadamente 150.000 personas) y a trabajadores agrícolas temporales de regiones fuera de Andalucía y Extremadura (alrededor de 250.000 personas); eliminar el mes de espera para recibir el subsidio inmediatamente y permitir la compatibilidad del subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin reducir su importe.
En la reunión del 4 de diciembre, UGT, CCOO y CEOE calificaron la reforma propuesta por Trabajo de «insuficiente» y expresaron dudas sobre la posibilidad de modificarla antes de su presentación al Consejo de Ministros.
Los sindicatos consideran que las cuantías propuestas no son adecuadas y deberían superar los 660 euros mensuales. Por otro lado, la CEOE cree que la reforma carece de incentivos para que los desempleados busquen trabajo.
Los representantes sociales acordaron enviar sus propuestas al Ministerio de Trabajo en los próximos días, y UGT planeaba hacerlo este lunes. «Presentaremos nuestras propuestas y esperamos que sean consideradas, ya que hemos esperado mucho tiempo por la reforma del desempleo como para cerrarla de forma apresurada y posiblemente defectuosa», declaró Fernando Luján, vicesecretario general de Política de UGT.
La CEOE ha criticado que la propuesta del Ministerio de Trabajo no incluya un análisis financiero ni una evaluación de subsidios previos. «Enviaremos nuestras contribuciones para que la reforma fomente la búsqueda activa de empleo», indicó la organización empresarial.