Las idas y venidas en el debate sobre el Consejo General del Poder Judicial han sido constantes. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP muchos en el partido dieron por hecho que algunas cosas cambiarían en la interlocución con el Gobierno. La etapa de su antecesor en el cargo, Pablo Casado, terminó en el peor momento de relaciones con Pedro Sánchez. El líder gallego llegó a Madrid exigiendo una mayor dignificación de la política, recuperar los consensos básicos y, sobre todo, aterrizó con una apuesta decidida por la política institucional. No escatimó en críticas, incluso a dirigentes de su propio partido, por el abuso de las redes sociales y “la política del tuit”.
Acudió en la primavera de 2022 por primera vez a la Moncloa en calidad de líder de la oposición y se fue de allí con el compromiso de reactivar las negociaciones en torno al CGPJ. Su hombre de confianza en la materia siempre fue Esteban González Pons. En él delegó las conversaciones con el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (hoy también de Justicia). Hubo avances muy importantes hasta el punto de que quedaron por escrito en un pacto que estuvo muy cerca de cerrarse.
En él, los dos partidos pactaron que los nuevos vocales no tuvieran una vinculación política (por eso quedaba fuera, por ejemplo, la magistrada Victoria Rosell, entonces delegada para la Violencia de Género del Gobierno). Y también acordaron limitar por ley las puertas giratorias para los jueces, obligando a que transcurriese un plazo prudencial si habían ocupado cargos políticos para volver al ejercicio. Eran condiciones básicas para el PP, que insistía en que “lo importante no eran los nombres” de los elegidos, “sino los perfiles” que permitían reforzar la independencia judicial.
Todo parecía claro, hasta el punto de que Cuca Gamarra, entonces portavoz en el Congreso, quiso separar los rumores de una posible eliminación del delito de sedición en el Código Penal que Sánchez estaría negociando con los independentistas de estas conversaciones. En el PP confiaban, entre otras cosas, en que si ese acuerdo se iba a producir no sería tan pronto. El propio Sánchez aseguró en un viaje por el continente africano que “el anuncio estaba cerca”. Y casi de un día para otro, todo saltó por los aires.
La reforma del Código Penal sí era inminente y muchos cuadros dentro del PP se preocuparon al pensar que habría dos pactos paralelos de tan distintas naturalezas y que podía “reventar” a su formación cerca de un ciclo electoral clave. El Gobierno siempre mantuvo que Feijóo “no pudo con la presión”. En el PP se defendían: “Preguntamos si la negociación con los independentistas era esa y en ese momento y Bolaños nos mintió a la cara”.
La desconfianza entre los interlocutores fue desde ese momento enorme y no pudo recuperarse, al menos, hasta ahora. Tanto fue así que desde ahí y en adelante, el PP endureció su posición hasta niveles máximos: pasaron a vincular la aprobación de la ley orgánica con el sistema de elección entre jueces a la renovación en sí, que tendría ya que hacerse con la aplicación de la nueva norma. Fuentes populares reconocen que en un momento de tensión máxima por la eliminación del delito de sedición, al que después se sumó el abaratamiento de algunos casos de malversación para beneficiar a los encausados del procés (luego, en la aplicación efectiva, no pudo ser así) decidieron girar a posiciones contrarias a cualquier pacto con Sánchez.
Esa posición dura se mantuvo durante todo el ciclo electoral, desde la campaña de las autonómicas y municipales, hasta las elecciones generales. Y en medio hubo nuevos avisos de la Comisión Europea. La respuesta del PP siempre fue la misma: “Ya no podemos fiarnos de este Gobierno. Ley nueva y después renovación”.
En la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, a finales del mes de septiembre, se produjo el giro a pesar de que pasó inadvertido. Tanto es así que hace unos días, en rueda de prensa, el portavoz del PP, Borja Sémper, defendió la postura antigua, asegurando que solo habría renovación con la nueva ley en la mano. Fuentes de la cúpula conservadora, como publicó este diario, se lanzaron a matizarlo horas después.
El motivo era estratégico: ya en la investidura Feijóo decidió retomar su posición más institucional a pesar de que Sánchez estaba negociando (aún no había pactado) una ley de amnistía con los independentistas. El escenario ahora es más complicado aún que el que se produjo hace un año con los cambios en el Código Penal y, sin embargo, ante los llamamientos europeos y la convicción (aseguran en Génova) de que «lo importante es avanzar en la nueva ley», el líder del PP marcó un paso distinto.
Así lo pronunció en ese discurso tras el que sabía que no tendría apoyos para ser elegido presidente. “Propongo aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la vez que se registra en esta Cámara una ley de reforma del modelo de elección”, dijo desde la tribuna de oradores. La frase era muy distinta a la que venía pronunciando meses atrás, cuando, en plena desconfianza con Sánchez y Bolaños, declaraba: “Estoy a favor de una reforma inmediata de la ley orgánica del poder judicial y, en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el CGPJ”.
El movimiento para endurecer la posición y, después, reblandecerla buscando la institucionalidad quedó más que claro. Ahora la petición que no amainará es la de una nueva ley para que los doce jueces que son vocales se elijan entre los propios jueces y no por las Cortes Generales. En el PP no vacilan al respecto: “No nos queda otra. No vamos a estar en una renovación sin nueva ley orgánica. No nos lo podemos permitir con una amnistía y una política de nombramientos que coloniza las instituciones”, resumen en el entorno de Feijóo. Los matices siempre han jugado un papel en la negociación del CGPJ. Otra cosa son los avances reales.
