Las nuevas reglas de disciplina fiscal que la Unión Europea se dispone a aprobar «en los próximos días» impondrán a España (y también a Italia o Francia) ajustes más estrictos que al resto de socios por sus elevados niveles de déficit y deuda pública. La reforma mantiene intactos los actuales umbrales del 3% para el déficit y el 60% para la deuda, pero exige mayores esfuerzos a los países de «alto riesgo» en materia de sostenibilidad presupuestaria como España.
Además, todas las salvaguardas extra que ha introducido Alemania para endurecer la propuesta original de la Comisión de Ursula von der Leyen se aplicarán a nuestro país, que cerrará el año con un déficit del 4,1% (el sexto más alto de la eurozona) y una ratio de deuda pública del 107,5% (la cuarta más alta).
El año 2024 supondrá el fin del largo periodo de barra libre de gasto público del que han gozado los Gobiernos para responder primero a la pandemia y luego a la guerra de Ucrania, así como la primera prueba de fuego para las nuevas reglas. Para empezar, Bruselas lanzará la próxima primavera un expediente sancionador por déficit excesivo contra España (y también contra Italia y Francia).
[Bruselas clasifica a España como país de «alto riesgo» a medio plazo por la elevada deuda pública]
Para los países sujetos a un procedimiento por déficit excesivo, las reglas exigen un ajuste estructural anual equivalente al 0,5% del PIB (que en el caso de España ascenderá a 6.600 millones de euros). En tanto que presidenta del Ecofin, Nadia Calviño, había propuesto relajar este esfuerzo excluyendo del cálculo los intereses de la deuda, pero Alemania y los frugales lo han vetado.
En un último intento de convencer a Berlín, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, defendió introducir en la reforma un margen de flexibidad del 0,2% como incentivo para los países en déficit excesivo que emprendan inversiones o reformas exigidas por la UE. Una propuesta que también ha chocado contra el muro infranqueable de Alemania, pese a que París la definió como «línea roja».
La única concesión que han conseguido arrancar los países del sur al ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, es un periodo transitorio de tres años (2025-2027). Durante esta etapa improrrogable, Bruselas tendrá permiso para ser más indulgente con el ajuste exigido a los Estados miembros con déficit excesivo, teniendo en cuenta el impacto de la subida de los tipos de interés en cada Estado miembro.
La segunda de las salvaguardas introducidas por Berlín también golpea de pleno a España. Las nuevas reglas obligan a los países cuya ratio de endeudamiento supere el 90% del PIB a recortar la deuda 1 punto del PIB de promedio anual. A los Estados miembros menos endeudados (entre el 60% y el 90%) se les exige un esfuezo inferior, de 0,5 puntos.
Deuda pública en los países de la UE en 2023
Incluso cuando España consiga rebajar el déficit al 3%, las nuevas reglas le seguirán obligando a mantener una política fiscal prudente. La reforma exige a los Estados miembros con una deuda superior al 90% a mantener un margen de seguridad de 1,5 puntos por debajo del 3% para tener espacio fiscal y poder responder a nuevas crisis. Eso significa que de facto el nuevo tope de déficit para España será el 1,5%, mientras que los países menos endeudados pueden llegar al 2%.
El Gobierno de Pedro Sánchez deberá tener en cuenta todas estas salvaguardas en el plan de ajuste a medio plazo que está obligado a enviar a Bruselas en abril del año que viene. Si se desvía de la senda de gasto pactada con la UE, la reforma prevé un nuevo sistema de multas acumulables del 0,05% del PIB (660 millones en el caso de España) cada seis meses. La propuesta original establecía un máximo del 0,5%, pero este tope se ha suprimido a petición de los frugales a fin de «preservar los incentivos» para que los incumplidores adopten medidas correctivas.
Salvaguardas para la inversión
Durante la fase final de las negociaciones, Calviño ha tenido poco margen para defender la posición española porque, en tanto que presidencia, su papel era mediar y buscar una solución de compromiso satisfactoria para todos. Aún así, su equipo defiende que las nuevas reglas, además de las garantías para la reducción de la deuda que reclamaba Alemania, incluye también salvaguardas para la inversión.
En primer lugar, las reformas e inversiones que ya se han comprometido en los planes de recuperación Next Generation se tendrán en cuenta para ampliar el periodo de ajuste de cuatro a siete años, aunque no habrá automatismo como quería Italia.
En segundo lugar, las inversiones financiadas mediante préstamos Next Gen y la cofinanciación nacional de los fondos estructurales podrán ser tenidas en cuenta para retrasar parte del ajuste al final del periodo, generando espacio para las inversiones. Finalmente, en un contexto de tensiones geopolíticas, la reforma protege la inversión en defensa al reconocerla como un «factor relevante» a la hora de evaluar la existencia de un déficit excesivo.
«No creo que las reglas sean más estrictas o menos estrictas. Son mejores. Porque las reglas anteriores no se cumplían y no se aplicaban realmente en la práctica. Lo que queremos es un conjunto de reglas más realistas, que se ajusten a los diferentes perfiles de los diferentes países. Y que por tanto conduzcan al equilibrio adecuado entre garantizar la estabilidad fiscal y financiera y asegurar el espacio necesario para proteger las inversiones y reformas», sostiene Calviño.
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