Sin haber una ley de amnistía todavía, los recursos de amparo de particulares y de asociaciones tan peculiares, como una que se defina como de la memoria verdadera, están empezando a inundar el Tribunal Constitucional, en lo que en el órgano de garantías se interpreta como una fórmula para despejar el camino a los recursos que pueden tener algún fundamento, como el que pueda interponer el PP, o las cuestiones de inconstitucionalidad que puedan elevar los jueces y tribunales que tengan que aplicar el perdón.
La tramitación de los recursos y cuestiones de mayor enjundia será más sencilla, porque las impugnaciones que ya están llegando al máximo garante de la Constitución vienen acompañadas de las recusaciones de los magistrados de la mayoría progresista, con la intención de diseñar un tribunal a la medida que declare inconstitucional la amnistía. Las últimas se han dirigido también contra Ramón Sáez Valcárcel y María Luisa Balaguer; las anteriores se dirigían contra el magistrado y exministro Juan Carlos Campo, la catedrática de Constitucional y exasesora de Moncloa, Laura Díez, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La extensión de las recusaciones a todos los magistrados de sensibilidad progresista es lo que ha llevado a considerar en el propio tribunal que todo obedece a una estrategia de la derecha para tratar de mermar la mayoría que actualmente impera en el Constitucional, como ocurrió en los tiempos en que debía revisar el Estatut, señalaron a El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, fuentes del órgano de garantías. La mayoría progresista que debía revisar el Estatut de Catalunya se redujo al aceptarse la abstención de Pablo Pérez Tremps y sumar Manuel Aragón su voto al del bloque conservador, aunque había sido elegido magistrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso fue recusada la entonces presidenta, María Emilia Casas, aunque ella no llegó a ser apartada del asunto.
Abstención voluntaria
Campo decidió abstenerse de cualquier deliberación relativa a la amnistía para preservar la apariciencia de imparcialidad del tribunal, al tener que enfrentarse en la Sección de la forma parte al primer recurso de amparo contra la amnistía presentado por un particular. El magistrado prefiere echarse a un lado, porque como ministro de Justicia declaró inconstitucional en la justificación de los indultos de los condenados del ‘procés’ cualquier iniciativa similar. «A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito», escribió en los decretos de indulto.
El exministro ya se había apartado de la deliberación de toda ley aprobada por el Consejo de Ministros mientras él estaba al frente de Justicia y de las decisiones de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet, que es su esposa. Hasta ahora las recusaciones se dirigían contra él y contra Laura Díez, nombrada también a propuesta del Gobierno, por haber sido asesora de Moncloa. Incluso contra Conde-Pumpido, que se apartó voluntariamente de los asuntos relativos al ‘procés’ al ser recusado por los condenados y huidos por cómo se refirió a lo ocurrido en el otoño de 2017 en una conferencia.
Pero todavía no se había recusado a Sáez Valcárcel ni a Balaguer. El motivo por el que se intenta apartar al primero son las sentencias que dictó en la Audiencia Nacional, como la que supuso la absolución del major de los mossos Josep Lluís Trapero, obviando que la magistrada Concepción Espejel también participó en ese juicio y ella era partidaria de condenarle, como dejó reflejado en un voto particular. En el caso de Balaguer la recusación se basa en que en una entrevista que concedió a RNE dijo que la amnistía no aparecía en la Constitución.
Además de lo difícil que es sostener que una ley que aún no se ha promulgado vulnere los derechos de un particular, lo que significa que el destino más probable de todas estas impugnaciones es el rechazo, la política de recusaciones del Tribunal Constitucional ha cambiado mucho desde el Estatut y hasta desde que Conde-Pumpido se apartó de los asunto del ‘procés’.
Bajo la presidencia de Pedro González-Trevijano, se estableció que la propia previsión constitucional para constituir el tribunal por tercios cada cuatro años pretendía respetar la pluralidad ideológica de sus miembros. Así se rechazaron de un plumazo una treintena de recusaciones presentadas contra los magistrados de tendencia conservadora Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, un criterio que ahora la mayoría progresista entiende lógico que se mantenga.
Aunque a la vez es consciente de que la situación ha vuelto a cambiar y ve con excepticismo y preocupación las críticas de politización que está recibiendo el Constitucional, porque considera que todo obedece a la misma estrategia: la necesidad de configurar un tribunal a la carta para que termine declarando inconstitucional la amnistía, mediante la selección de los magistrados que deben deliberar el asunto.
