Las divisiones internas en el Partido Conservador británico sobre la estrategia para activar las deportaciones a Ruanda se han evidenciado más que nunca en las últimas horas. El primer ministro, Rishi Sunak, ha defendido el proyecto de ley sobre la seguridad de Ruanda —complementario al tratado firmado esta semana entre los dos países—, que establece que el país africano es un país seguro para los solicitantes de asilo e impide a los tribunales nacionales bloquear los planes del Gobierno, esquivando la ley de derechos humanos británica. «Una vez deportados, [los inmigrantes] tendrán prohibido de por vida regresar al Reino Unido, instalarse aquí y obtener la ciudadanía», ha asegurado Sunak este jueves en una rueda de prensa convocada a última hora.
La norma contempla además la posibilidad de que el Gobierno desobedezca los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ya paralizó el primer vuelo de deportación a Ruanda en junio de 2022. Algo que no es suficiente para los defensores de una política migratoria más dura, que apuntan a que la ley no impedirá nuevos bloqueos en los tribunales y que exigen que el Reino Unido abandone la Convención Europea de los Derechos Humanos. La dimisión en las últimas horas del hasta ahora secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick —partidario de esta última opción—, ha puesto a Sunak contra las cuerdas y ha avivado la posibilidad de que una parte importante de la bancada conservadora vote en contra del proyecto de ley en el Parlamento.
Revuelta interna
En un intento por acallar las críticas, el primer ministro ha tratado de mostrar una imagen firme en su lucha contra la inmigración irregular y ha vuelto a insistir en su determinación para acabar con las llegadas a través del canal de la Mancha. «La inmigración ilegal socava no sólo el control de nuestras fronteras, sino el propio sentido de la equidad que es esencial para nuestro carácter nacional. Tenemos que obedecer las reglas«, ha dicho Sunak, quien ha mostrado su confianza en que la nueva ley permitirá iniciar las deportaciones lo antes posible sin nuevos litigios en los tribunales. «Por eso es tan necesaria esta legislación, para disuadir eficazmente a quienes desean venir aquí ilegalmente, para devolver a la gente la confianza en que nuestro sistema es justo y, en última instancia, para detener las [llegadas de] embarcaciones».
Pero por ahora las explicaciones de Sunak no convencen al ala más dura de su partido, representada por facciones como los New Conservatives, un influyente grupo de diputados cercanos a la exministra del Interior Suella Braverman, que insisten en la necesidad de cumplir con las promesas del programa electoral de 2019 en materia migratoria. Algo que también exige la propia Braverman, quien está aprovechando cualquier ocasión para criticar las decisiones del primer ministro desde que abandonó el cargo a mediados de noviembre. «El tiempo de la palabrería, de los eslóganes y las promesas se ha acabado. Tenemos que cumplir lo prometido y en eso consiste este debate», ha dicho Braverman este jueves a la BBC.
Facciones enfrentadas
Tanto Braverman como el dimitido Jenrick han sido acusados de marcar perfil propio para posicionarse de cara al futuro liderazgo del Partido Conservador en caso de que Sunak pierda las próximas elecciones —tal y como pronostican las encuestas—. Algunos miembros de la formación ya interpretan la votación de la próxima semana en el Parlamento como una moción de confianza sobre el primer ministro, que vería su posición muy debilitada en caso de no contar con el apoyo suficiente de su bancada. «Esta votación trata sobre la confianza en el Parlamento para demostrar que capta la frustración del pueblo británico», ha dicho Sunak este jueves, en un intento por desmarcarse de aquellos que plantean este asunto como una prueba a su liderazgo.
El primer ministro confía en que, más allá de algunos diputados díscolos, el texto siga adelante con el apoyo del sector más moderado de su partido, que aplaudió la destitución de Braverman como ministra del Interior y el regreso de David Cameron al Gobierno como ministro de Exteriores, en una remodelación del Ejecutivo que fue interpretada como un giro al centro. Los representantes del ala moderada, entre los que se encuentran el nuevo ministro del Interior, James Cleverly, o el ministro de Justicia, Alex Chalk, han rechazado la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Convención Europea de los Derechos Humanos y ven con buenos ojos la nueva propuesta legislativa de Sunak, algo que le podría garantizar los votos necesarios para sacarla adelante.
Encuestas en contra
El Gobierno prevé aprobar el texto lo antes posible y activar las deportaciones antes de las próximas elecciones, en un intento para convencer a los votantes más radicales del partido, decepcionados con las promesas incumplidas de los ‘tories’ en materia migratoria. El primer ministro ha sacado pecho por la reducción de las llegadas irregulares de inmigrantes, que han descendido en más de un 30% respecto al año pasado, y ha puesto nuevas trabas a la concesión de visados de trabajo y familiares con el objetivo de reducir la inmigración legal en 300.000 personas, lo cual representa más de una cuarta parte del total de visados expedidos en 2022.
A pesar de ello, al Ejecutivo se le está acabando el tiempo y todavía le queda un largo camino por recorrer: según las últimas encuestas, el Partido Laborista mantiene una ventaja de casi 20 puntos respecto a los conservadores de cara a las próximas elecciones.
