La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha puesto en apuros este jueves al presidente Pedro Sánchez, al preguntarle si imagina al presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, negociando en secreto en Ginebra con el líder de los independentistas corsos.
Sánchez ha asegurado que no son situaciones comparables, porque «Francia no tiene una cuestión territorial como la de Cataluña«, y ha recordado que en Europa se han aprobado 50 amnistías desde la Segunda Guerra Mundial.
La última, aprobada en Portugal el pasado mes de julio con motivo de la visita del Papa Francisco, para los jóvenes de 16 a 30 años procesados por delitos menores. Aunque ninguna de esas leyes se ha planteado como un trueque para que el Gobierno pueda mantenerse en el poder, gracias al voto de los políticos beneficiados por la amnistía.
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El presidente ha indicado que, desde las elecciones del 23-J, el PP y Vox han convocado 70 manifestaciones contra la amnistía: «Se les va a hacer muy largo», ha dicho al respecto, «me parece erróneo tratar de correr un maratón como si fuera una carrera de 100 metros«.
Sánchez ha reprochado a la periodista que, «en más de 20 entrevistas a dirigentes del PP» realizadas en su programa desde las elecciones del 23-J, «no les ha preguntado qué han hablado con Junts y dónde se han reunido».
Susanna Griso ha recordado que el PP abandonó esas conversaciones porque las demandas que planteaba Junts eran «inasumibles». Los dirigentes del partido de Puigdemont exigían que «el Rey se disculpe por su discurso del 3-O. No sé si a usted también se lo han pedido», ha dicho Griso dirigiéndose al presidente del Gobierno. Sánchez ha eludido responder a esta pregunta.
El presidente del Gobierno ha insistido en que, tras el resultado de las elecciones generales del 23-J, se ha visto obligado a «hacer de la necesidad virtud. Había una necesidad», ha dicho al respecto, «articular una mayoría para consolidar las transformaciones sociales» iniciadas durante la pasada legislatura.
Pero la ley de amnistía también encierra una enorme «virtud», ha añadido: permitirá «dejar atrás la deriva judicial» por el trauma que supuso el golpe del 1-O de 2017, «devolver al sistema político a actores que estaban fuera de la democracia» y «canalizar todas esas energías hacia las transformaciones sociales que son verdaderamente importantes».
Pedro Sánchez ha recalcado que la ley de amnistía no es una iniciativa del «poder ejecutivo» (es decir, de su Gobierno), sino del «legislativo», donde cuenta con el apoyo de 178 diputados, «un número no menor de representantes de los ciudadanos».
«Entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas sobre aprobar excepciones a la norma», ha dicho, «pero gracias a ellas podemos hacer que en Cataluña se garantice la convivencia».
Sánchez ha comparado esta proposición de ley con la amnistía aprobada en 1977 (que dio paso a un cambio de régimen y perdonó todos los delitos políticos cometidos durante la dictadura) y con los 1.400 indultos que «Aznar siendo presidente aprobó en un solo día».
Esos 1.400 indultos individuales (que no amnistía) fueron concedidos a insumisos de la mili que todavía tenían cuentas pendientes con la Justicia, después de que fuera derogado el servicio militar obligatorio.
«Estoy tan convencido de las virtudes» de la amnistía, ha dicho Sánchez durante la entrevista, «que estoy persuadido de que si el PP de Feijóo no hubiera dependido de los votos de Vox para su investidura, también la habría aprobado».
Y ha defendido que, aunque la proposición de ley de amnistía que los independentistas registraron la pasada legislatura en el Congreso era «claramente inconstitucional«, la que ha registrado ahora el PSOE «hace una reivindicación de la Constitución» en su preámbulo.
A preguntas de Susanna Griso, el presidente ha confirmado que el PSOE mantendrá cuatro mesas de partidos, dos con Junts y dos con ERC, con «verificadores internacionales» distintos.
Pedro Sánchez también ha asegurado que «el origen del conflicto catalán» que pretende resolver con la ley de amnistía se halla en «la utilización de la cuestión territorial por parte de la derecha política, mediática y económica».
En concreto, Sánchez ha aludido a la campaña que el PP montó para llevar el Estatut de Autonomía de Cataluña de 2006 al Tribunal Constitucional, que acabó recortando 14 artículos y fijó la interpretación de otros para que se ajustaran a la Carta Magna.
Pedro Sánchez se ha preguntado si en España existe el lawfare (persecución judicial por motivos ideológicos) y se ha respondido con un rotundo «sí».
«Sí existe lawfare en España«, ha dicho tajante, «el que practica el PP, no hay mayor politización de la Justicia que bloquear cinco años» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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