Aunque se trata de un fenómeno global que precisa de una respuesta internacional coherente con los objetivos del Acuerdo de París, la lucha contra el cambio climático también requiere de la acción coordinada a escala nacional, regional y local de todos los sectores de la sociedad y la Administración Pública.
Para contribuir a los objetivos del Pacto Verde Europeo, España se comprometió en su Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética a alcanzar la neutralidad climática en el conjunto del territorio antes de 2050. Para ello, se ha propuesto alcanzar en 2030 una serie de objetivos de reducción de emisiones, promoción de energías renovables y mejora de la eficiencia energética que han sido reforzados tras la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, debido al reparto difuso de competencias sobre energía y cambio climático previsto en la Constitución Española de 1978 alcanzar la neutralidad es una responsabilidad compartida entre Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que solo verá la luz si se cuenta con una buena gobernanza multinivel dotada de canales efectivos de colaboración y apoyo mutuo entre los tres niveles de gobierno.
La mayoría de las Comunidades Autónomas han adoptado estrategias y/o planes regionales de energía y clima que se comprometen a alcanzar objetivos climáticos y energéticos para 2030
Como sabemos, España es un país muy diverso en el que cada territorio representa un contexto climático y socioeconómico particular que necesita de acciones estratégicas y soluciones diferenciadas para avanzar hacia una economía baja en carbono de la mano de una transición energética ordenada. Conscientes de ello, desde 2019 la mayoría de las Comunidades Autónomas han adoptado estrategias y/o planes regionales de energía y clima en las que se comprometen a alcanzar objetivos climáticos y energéticos para 2030, e incluso alcanzar la neutralidad climática de sus territorios, como es el caso de Islas Canarias (2040), y de Islas Baleares, Galicia, País Vasco, Navarra, Asturias y Comunidad Valenciana (2050). Además, ocho regiones —Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña, Galicia y País Vasco— ya cuentan o están a punto de adoptar leyes autonómicas de energía y clima que refuerzan el carácter vinculante de sus compromisos y hojas de ruta. Ahora bien, como decíamos, la lucha climática requiere dar un paso más y actuar desde lo local y, en España, los 8.131 municipios existentes adquieren especial protagonismo ya que sin su contribución será imposible alcanzar los compromisos de cambio climático y energía de las regiones donde se ubican.
En este contexto climático, la necesidad de fomentar las energías renovables resulta indiscutible. Sin embargo, el despliegue masivo de estas infraestructuras podría ocasionar daños irreversibles sobre la biodiversidad y el territorio. Por ello, los instrumentos de planificación autonómica antes mencionados son esenciales para garantizar un despliegue ordenado y sostenible.
En este sentido, Castilla-La Mancha fue de las primeras Comunidades Autónomas en abordar la conciliación de las renovables con la biodiversidad y el territorio. El Estudio Ambiental Estratégico de su “Plan Estratégico de Desarrollo Energético para el Horizonte 2030” analiza detalladamente los impactos potenciales de las tecnologías eólica y fotovoltaica, así como las medidas para mitigar o compensar esos efectos. Además, utilizando como base la herramienta cartográfica habilitada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Castilla La Mancha desarrolló dos mapas de zonificación para dividir su territorio en diferentes zonas según su aptitud para instalar parques eólicos y fotovoltaicos (zonas sometidas a regulación específica ambiental; aquellas potencialmente aptas, pero con limitaciones ambientales; y zonas aptas). Además, esta región es digna de mencionar porque cuenta con una normativa específica que establece áreas de exclusión en las que no deben autorizarse parques eólicos.
Es esencial que la Administración autonómica y, sobre todo, los ayuntamientos cuenten con el conocimiento y los recursos técnicos y financieros suficientes
Otro ejemplo de especial interés es el de Canarias, puesto que más de la mitad de su territorio está protegido, por lo que la conciliación entre la ocupación del suelo y la protección de la biodiversidad es un tema fundamental. El “Plan de Transición Energética Canario” (PTCan-2030) aborda esta cuestión exhaustivamente, al realizar un análisis geoespacial para cada tecnología renovable con el fin de determinar si las previsiones de potencia instalada son territorialmente aceptables. En base a este estudio, Canarias ha definido una zonificación para marcar las regiones del archipiélago donde, en principio, sería plausible la instalación de parques renovables. Otro instrumento de planificación interesante es la “Estrategia de las Energías Renovables Marinas”, al desarrollar, entre otras, medidas para aprovechar el espacio marino ya afecto a otras actividades portuarias y acuícolas para la instalación de infraestructuras renovables.
Todo ello es un mero ejemplo de la voluntad política y numerosos avances que están teniendo lugar en distintos territorios de la geografía española. No obstante, para que las políticas climáticas y energéticas adoptadas por España sean realmente efectivas y nos conduzcan hacia la deseada neutralidad climática es esencial que la Administración autonómica y, sobre todo, los ayuntamientos cuenten con el conocimiento y los recursos técnicos y financieros suficientes para poder implementar sus estrategias en la práctica y dar respuesta a las necesidades, riesgos y retos particulares de cada territorio. Sin los recursos y la colaboración interadministrativa adecuada, alcanzar los objetivos que marca la Ley 7/2021 será difícilmente posible.
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Alba Iranzo y Marta Vicioso son abogadas ambientales y consultoras en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
