Tras los gestos de manos tendidas y llamadas a los grandes pactos, ayer llegó el tiempo de los hechos. Y ahí, el viento de las votaciones se llevó algunas de las buenas palabras, aunque también en el verbo se evidenciara el desacuerdo. La única enmienda a la Ley de Acompañamiento propuesta por la oposición que salió adelante fue la creación de un tribunal administrativo valenciano, planteada por Compromís y apoyada por el PP.
Populares y valencianistas acordaron crear un tribunal administrativo valenciano de contratos públicos, un organismo que existe en comunidades como Navarra, Canarias o Aragón y que evitaría a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y a la Generalitat tener que acudir al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, de ámbito estatal. La propuesta la respaldó el PSPV mientras que Vox se abstuvo siendo la única en la que populares y voxistas votaron ayer por separado.
En la enmienda transaccionada, Compromís y PP proponen crear este tribunal administrativo por decreto del Consell en un plazo de seis meses como órgano especializado para revisar procedimientos de contratación del sector público. Este tribunal, que se adscribirá a la conselleria con competencias en materia de contratación pública, actuará en el ámbito de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental, los ayuntamientos y entidades públicas vinculadas o las universidades públicas. Salvo esta enmienda parcial, el resto de las presentadas por la oposición, casi un centenar, se rechazaron gracias a la mayoría de PP y Vox.
