Este martes se da el pistoletazo de salida en el Congreso para la tramitación de la ley de amnistía que la dirección del PP considera que es una enmienda a la totalidad de la Constitución. La Mesa y la junta de portavoces fijarán las fechas de esta carrera contrarreloj en la que los independentistas marcarán sus exigencias y en la que Vox le pide al PP que use su mayoría en el Senado para no admitir la ley a trámite. No hay tiempo que perder porque el PSOE y sus socios saben que Puigdemont cuenta ya con tener la amnistía antes de las elecciones europeas de junio.
De ahí esta carrera contrarreloj en la que el primer paso lo dan la mesa y la junta de portavoces poniendo fecha para que se tome en consideración y después se vean las enmiendas, que presentarán los independentistas para consolidar sus exigencias. Será el Pleno en el que la derecha lance toda su artillería contra la ley, pero estamos a las puertas de las Navidades y en el Parlamento no trabajan en enero. Eso retrasará su llegada al Senado hasta abril o incluso marzo. El PP hará valer allí su mayoría absoluta para torpedear todo lo posible esa tramitación, pero «siempre dentro de la legalidad», dicen a COPE. Con ello, rechazan las tentaciones que le llegan desde Vox para que ni siquiera sea admitida a trámite en la Cámara Alta.
Los plazos
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su «conformidad» con la tramitación de dicha iniciativa. Ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate. Al lograr el aval del Gobierno, la propuesta de ley ya puede discutirse en una sesión plenaria. Una vez que el PSOE y sus socios aprueben su toma en consideración, se abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas.
Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortara todos los plazos a la mitad. Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios, y, si sus partidarios piden que se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión), la ley podría ser aprobada en el Congreso antes de fin de año para su remisión al Senado. Si no se opta por esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero para que la norma pueda discutirse.
Lawfare
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto ‘lawfare’ o ‘guerra judicial’ y así revisar otras causas que afectan a correligionarios. Precisamente esa mención al ‘lawfare’ en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.
