Cuando se le pregunta al doctor Pedro Antonio Martínez qué siente ahora que se acerca su jubilación como médico de prisiones, responde a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica: «Tristeza, impotencia, sensación de injusticia…». Y aporta las razones: en el primer trimestre de 2024 «solamente quedarán 100 compañeros con oposición, ¡qué lejos de aquellos 500 con los que resurgió la sanidad penitenciaria!», señala este facultativo que comenzó como médico en Ocaña II (Toledo), «hace creo que hace más de 34 años». Al doctor Martínez se le nota cansado. En su biografía está, también, ser el responsable de CESM Prisiones e intentar reflotar una sanidad penitenciaria que, denuncia, lleva años agonizando.
La historia del doctor Pedro A. Martínez transcurre paralela al declive que la sanidad en prisiones ha vivido en las últimas décadas. Lo detalla en una carta que hace llegar a este diario. «Cuando en 2018 retomé mi última etapa como representante de CESM Prisiones, tenía un único propósito; lograr la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, ya que únicamente así es posible desempeñar nuestra labor como médicos de instituciones penitenciarias con la misma dignidad con la que lo habíamos podido hacer al inicio de nuestra andadura penitenciaria allá por los años 90″, arranca el médico en la misiva.
«La tarea no era fácil (VIH, tuberculosis, adicciones, problemas mentales…), pero con ilusión y objetivos claros pudimos prestar a las personas privadas de libertad una sanidad similar a la del resto de la población, con una Atención Primaria de calidad basada, tanto en el tratamiento como en la prevención. Se prestaba una atención integral y se consiguió que la sanidad penitenciaria fuese un referente internacional», presume el facultativo.
30 años de lucha
Han pasado más de 30 años desde entonces, recuerda el doctor Martínez y las infecciones por VIH y VHC «son muy superiores a la media nacional, los problemas por consumo de sustancias, de salud mental o ambos nos desbordan» y, se lamenta, «los pocos profesionales que quedan están en precario, desmotivados, quemados y mal pagados«. Y repite una queja que ha trasladado a este diario en numerosas ocasiones: «Se ha abandonado la Atención Primaria, se hace medicina de urgencias porque no es posible otra, y en muchas ocasiones hasta la urgencia, es a través de una pantalla».
«Hace falta creer en la reinserción para que el sistema funcione», vuelve a lamentarse el médico que, en enero, pasará a estar jubilado. El panorama se presenta desolador, asegura. Como él, muchos otros compañeros y compañeras se jubilarán en los próximos años, otros se van y apenas quedan médicos con plaza fija en las prisiones.
Plazas sin cubrir
Actualmente, de cada diez médicos presupuestados por el Ministerio del Interior, solo trabajan tres, detalla. «Las plazas en las oposiciones no se cubren, fundamentalmente por las enormes diferencias salariales con nuestros homólogos de Atención Primaria y también por el aislamiento al que está sometida la sanidad penitenciaria», indica. De media, porque no en todas las comunidades autónomas se cobra lo mismo, un médico de prisiones cobra unos 1.200 euros menos al mes, sin guardias, que uno de Atención Primaria«.
En el primer trimestre del año próximo «solamente quedarán 100 compañeros con oposición, ¡qué lejos de aquellos 500 con los que resurgió la sanidad penitenciaria!». Asegura el doctor Pedro A. Martínez que, ante semejante carencia, la Administración «parchea» con interinos sin titulación, contratos por horas con personal sin experiencia en el medio penitenciario, teleasistencia, etc.
Ante la falta de médicos, la Subdirección General de Instituciones Penitenciarias, comenzó a implementar, a mediados del mes de noviembre de 2021, un Proyecto Piloto de Guardias Telemáticas de apoyo con profesionales, cuya finalidad es la de garantizar la cobertura en la prestación de los servicios médicos. Además, como desveló este periódico ese mismo año, esas carencias llevaron a tirar de la sanidad privada para prestar atención a los internos de los centros españoles.
Una constante desde hace años
En su Informe Anual de 2022, presentado en marzo, el Defensor del Pueblo advertía que la ratio de plazas de médicos de prisiones que quedan desiertas en España en los últimos años alcanza el 80%. La falta de facultativos es una constante y, lejos de solucionarse, el problema empeora. Pese a las sucesivas ofertas de empleo, las plazas siguen sin cubrirse.
En el año 2003, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud de las comunidades autónomas. Pero su incumplimiento aún hoy continúa, a pesar del criterio reiterado del Defensor del Pueblo de que esta situación sea revertida, lamenta el médico. Hasta ahora, ese traspaso solo ha sido posible en País Vasco, Cataluña y Navarra, desde 2021.
Volver a ser viable
La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias indicaba al Defensor del Pueblo la «gran dificultad» existente para cubrir las plazas de personal funcionario de los servicios sanitarios previstas en las relaciones de puestos de trabajo de los establecimientos penitenciarios. El doctor Martínez insiste: solo si se produce esa transferencia, la sanidad penitenciaria puede ser viable. «Hasta entonces es imprescindible equiparar las remuneraciones a las de esas comunidades. Llevan incumpliendo la ley 20 años», añade.
En estos años desde CEMS han solicitado entrevistas al Ministerio del interior, al de Administraciones Públicas, al de Sanidad, al Defensor del Pueblo y al presidente del Poder Judicial. Al principio, añade, los máximos responsables escuchaban sus peticiones, pero, poco a poco, fueron comprobando «la falta de voluntad para dar prioridad a este problema«.
La sanidad penitenciaria, como la entienden las leyes vigentes y los que trabajamos en las prisiones, prácticamente ha desaparecido
Incluso, apunta, se dirigieron al Ministerio de Hacienda. Explicaban «la disminución del gasto global que supondría tratar adecuadamente a las personas privadas de libertad, pero también decidieron ignorar nuestras peticiones». El representante sindical insiste: han denunciado permanentemente «ante la opinión pública y con recursos judiciales las carencias, decisiones erróneas, medidas de dudosa legalidad y precariedad laboral que impiden ofrecer a las personas privadas de libertad la atención sanitaria que en justicia se merecen».
«La sanidad penitenciaria, como la entienden las leyes vigentes y los que trabajamos en las prisiones, prácticamente ha desaparecido, pero aún hay una última oportunidad y desde aquí hago un llamamiento al Gobierno para que la recuperen. Nos hará avanzar como sociedad, una sociedad que debe creer en la libertad, la igualdad y la justicia social«, concluye el médico.
