Hace unos días conocíamos los resultados de una encuesta realizada tras la jura de la Constitución por parte de Leonor de Borbón, en la que la mayoría de los españoles consideraba que debería convocarse un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre si prefieren que España siga siendo o no una monarquía parlamentaria.
El respaldo a esa hipotética votación sobre la forma de Estado se dispara entre los que se reconocen como votantes de los partidos de izquierda y también es mayor entre los jóvenes, según Simple Lógica para elDiario.es. El 51% de los encuestados quiere que se celebre un referéndum sobre la monarquía, frente al 43,2% que considera que es una cuestión que no debería someterse a votación. Además, más de la mitad de los consultados (el 50,5%) dice estar poco o nada de acuerdo con que la jefatura del Estado sea un cargo hereditario. Por contra, el 43,9% defiende que la Corona se transmita de padres a hijos.
Son partidarios de celebrar la consulta los encuestados de menos edad, precisamente aquellos que nacieron cuando España ya era una monarquía constitucional y no tuvieron la opción de refrendar la Carta Magna de 1978. Entre la población de 25 y 34 años los partidarios del referéndum aumentan hasta el 58,4%, siete puntos por encima de la media. Sin embargo, entre los sectores de más edad el respaldo cae por debajo de la media: sólo la defiende el 50,2% de quienes tienen entre 55 y 64 años y el 47,7% de los mayores de 65 años.
Hubo un tiempo en el que el Centro de Investigaciones Sociológicas preguntaba a la población su opinión y valoración sobre la monarquía y sus miembros. La última vez que el CIS incluyó este dato fue en abril de 2015, hace casi una década. Fue la primera y única vez que hizo esta consulta con Felipe VI como monarca, quien suspendió con un 4,34 sobre 10 de valoración ciudadana. A partir de ese momento, la consulta desapareció. En el año 2020, el Gobierno considera que el hecho de que los encuestados por el CIS no citen a la monarquía entre los problemas de España demuestra que el rey está siendo valorado por los españoles, por lo que declinaba comentar si prevé algún estudio específico sobre la Jefatura del Estado. El CIS sigue sin preguntar por esta cuestión, ni por ninguna otra que se relacione con la monarquía.
Hace ocho años, la última vez que el CIS preguntó sobre la monarquía, Juan Carlos I acababa de abdicar en su hijo. En ese momento poco se sabía de lo que vendría después: fortunas de origen incierto, huidas y otros escándalos por los que la población no ha podido valorar su figura o en cómo afecta a la Casa Real. El 3 de agosto de 2020 Juan Carlos I huyó de España con destino a Abu Dabi tras meses de escándalos que afectaban al origen de la fortuna de la familia real y que indicaban supuestas irregularidades fiscales por parte del rey emérito durante sus últimos años de reinado y tras su abdicación. Nunca se ha podido saber la opinión de la población sobre ello.
El CIS incluye en sus barómetros una pregunta para que los encuestados señalen los principales problemas que existen en España. En el realizado, cuando Felipe VI ya había comunicado su renuncia a la herencia privada de su padre, la monarquía no aparece ni mencionada, mientras que «el mal comportamiento de los políticos» figura en el 20,9% de las respuestas. Lo que hacen los partidos políticos está citado en el 10,6% y el Gobierno en el 9,1% por ciento. Incluso la independencia de Catalunya y la unidad de España se recogen en el 4,3 y el 3,4% de las entrevistas. Cuando no quieren, no quieren. La última vez que el CIS preguntó sobre la jefatura del Estado, casi un año después de la abdicación de Juan Carlos I, la Corona suspendió con un 4,34.
El nacimiento de la Constitución no fue nada sencillo. Estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Las Cortes surgidas de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, se encontraron, aun sin saberlo, que eran constituyentes. Hacía tres años que había muerto el dictador y todo estaba por hacer. El régimen de Franco estaba intacto. El régimen autoritario y represivo, lo había dejado todo atado y bien atado. No fue modélico el proceso de la Transición; hoy se ven bien aquellos polvos.
En 1978, participé ilusionado en el referéndum por la Constitución. Fui uno de aquellos 15.706.078 votantes, que representaba el 58,97% del censo electoral. Acudí entonces a las urnas emocionado. Salíamos de la negra dictadura y el futuro prometía democracia, salud y bienestar. Luego las cosas no han sido exactamente como hubiéramos deseado que fueran. Ahora vuelven a aparecer nubarrones, tras conocer el contenido del chat de los exmilitares golpistas y lo que parece criminales, que no solo quieren volver al franquismo asesino, sino fusilar a 26 millones de personas; ahora proponen que se destituya al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los acuerdos con Junts.
El 15 de junio de 1977, las elecciones generales dieron un claro vencedor: Adolfo Suárez, de Unión de Centro Democrático, que fue investido presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados encargó a una comisión la redacción de un proyecto de Constitución. Un año más tarde, el 31 de octubre de 1978, el proyecto quedó aprobado por las Cortes. Con la publicación en el BOE, se convocó a los españoles a un referéndum, que se celebró el 6 diciembre. La pregunta era sencilla: ¿Aprueba el proyecto de Constitución?
No reniego del sentido de mi voto, lo que no quiere decir que acepte, ni lo sucedido desde entonces ni la realidad injusta que hoy estamos viviendo, por lo que abogo decididamente por una nueva Constitución, que supere la del 78, en cuanto que es hora de actualizar el modelo social, económico e institucional, de aquel que salió del Estado totalitario. El rey heredero de Franco, el ejército y el gobierno, que representaba a la derecha, tenían el poder, la oposición la legitimidad democrática y se avinieron. Hoy ya no es el mejor modelo para una mejor convivencia.
No es reformar la Constitución, como algunos proponen. No es reformar todo para que nada cambie. Hay que entrar a fondo en la estructura del Estado; hay que cambiar la esencia misma del Sistema, la forma política del Estado, convertir el modelo territorial en un Estado federal, modernizar la administración de Justicia y blindar los derechos sociales, configurando un auténtico Estado social y democrático, reconociendo nuevos derechos y libertades. Hay que abrir un Proceso Constituyente, que ponga fin a los postulados de la Transición. No debe ser una reforma de adaptación, sino una ruptura con el modelo; que si en un principio pudo haber dado resultado, ahora está agotado.
Una Constitución que se apruebe tras un Proceso Constituyente, debe cuestionar la forma política de Estado (actual artículo 1.3), así como la forma de elección del jefe del Estado. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano público de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática concurrencia ciudadana.
Un Estado Republicano, plurinacional, solidario, participativo y laico, debe contar con una nueva estructura territorial federal, con un modelo de financiación y de política fiscal viable; que incorpore mecanismos que garanticen el Estado social, en el que la universalidad de los servicios públicos esté sustentado por principios y valores de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad, que fortalezca y amplíe los derechos fundamentales de los ciudadanos, equiparando derechos civiles y políticos blindados, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del Estado de Derecho.
Es hora del establecimiento de un verdadero Estado social y democrático de Derecho, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (artículo 1.1 CE). Un nuevo modelo más democrático y participativo, en el que la igualdad y la justicia social sean sus principales baluartes. Defiendo el derecho a decidir, por lo que hay que introducir los mecanismos que permitan realizar consultas sobre asuntos de especial trascendencia.
Es necesario reformar la Constitución, para garantizar y favorecer la mayor participación ciudadana en el gobierno estatal, autonómico y municipal, mediante todo tipo de medidas posibles, como iniciativas legislativas populares, referéndums o votaciones online, en un marco de transparencia institucional, política y administrativa.
Una reforma constitucional de este calado, se debe abordar con serenidad y con determinación. Una reforma que permita avanzar en la creación de un estado federal, laico y republicano, basado en la transparencia y una mayor participación social. Una reforma que introduzca mecanismos para blindar el sistema público de pensiones, la educación y la sanidad pública, así como las prestaciones sociales para dependientes y desempleados que carezcan de bienes para subsistir dignamente.
La monarquía, muy alejada de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades, tiene que desaparecer. El acceso a la Jefatura del Estado, como a cualquier otro órgano de representación, no puede tener carácter hereditario, sino sometido a la libre y democrática elección ciudadana. La monarquía, heredera del régimen de Franco, cumplió su papel durante la Transición, pero en un sistema democrático, no cabe que la jefatura del Estado tenga carácter hereditario.
Una República inspirada en los principios republicanos de igualdad ante la ley, laico, que va más allá de la separación entre la iglesia y el Estado, y la elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe del Estado, con ciudadanos críticos y responsables, que no se conformen con ir a votar cada cuatro años, que no vayan a remolque de lo que se les ofrece, si no que reclamen su papel soberano en una verdadera democracia participativa. Ha llegado la hora de establecer un estado republicano.
